“La velocidad con la que presentaron el proyecto obedece a la pelea política”. La conclusión no es de un opositor, sino de un funcionario oficialista que reconoce que el proyecto de ley Argentina Digital, con el que el Gobierno promete liberalizar el mercado de las telecomunicaciones, se inscribe como un capítulo más de la batalla abierta con el Grupo Clarín, al tiempo que afecta intereses cruzados de otros importantes grupos económicos.
La convergencia digital es una medida necesaria y defendida desde todos los sectores políticos. El problema es cómo implementarla sin generar fuertes desequilibrios. Telefónica aparece como la principal beneficiada. Tenía dificultades para seguir conservando Telefe, algo que la Afsca seguía esquivando tratar pero que tenía que afrontar luego de rechazar la adecuación voluntaria de Clarín. El proyecto no sólo le permitiría a Telefónica seguir controlando el canal de mayor rating sino que también podría empezar a prestar un servicio de TV paga (en otros países de la región tiene TV satelital). En el último año, la empresa, de capitales españoles, quedó envuelta en importantes casos judiciales: por un lado, Movistar fue allanada por estar sospechada de adulterar registros de llamados de funcionarios involucrados en la causa que investiga el tráfico de efedrina, y por el otro, un ex gerente de Telefe, Gabriel Bianco, atestiguó en la causa Ciccone que presentó a los dueños de la empresa con Amado Boudou en un estudio de TV.
Telecom y Claro, las otras dos “telcos” principales, también quedan bien perfiladas con el proyecto, ya que podrán incorporar la televisión a sus servicios de telefonía e internet que ya prestan. El caso de la primera es especial. El empresario mexicano David Martínez compró el 22% de las acciones de Telecom Argentina y sólo necesita el visto bueno del Gobierno para quedarse con el control de la empresa. Además, tiene el 40% de Cablevisión, algo que según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no podría mantener, pero con el nuevo proyecto no habría incompatibilidad. Además, sus fondos de inversión tienen en su cartera deuda argentina y en su momento Martínez declaró que aceptaría el cambio de sede de pago, lo que nunca ocurrió.
Desde el Grupo Clarín ya salieron a decir que el proyecto busca “destruir” Cablevisión/Fibertel, la principal fuente de ingresos del multimedio. La empresa es dominante en el terreno audiovisual pero queda relegada a un lejano cuarto lugar en el plano de las telecomunicaciones. Durante cinco años logró trabar la aplicación de la Ley de Medios, y se encaminaba a dividirse en seis, bajo su criterio, pero el Gobierno decidió aplicarle la adecuación de oficio. El viernes, la Justicia frenó parcialmente esa medida pero rechazó otro pedido del grupo para frenar la licitación de frecuencias 4G. El problema es que Cablevisión quería entrar al negocio de la telefonía móvil pero no jugó en la licitación aduciendo que el pliego favorecía a los actores existentes y no a los entrantes, y que había que pagar en dólares.
Vila-Manzano, al acecho en el 4G
Cablevisión quería entrar al negocio de la telefonía móvil, pero no jugó en la licitación de 4G que se subastó el viernes aduciendo que el pliego favorecía a los actores existentes y no a los entrantes, y que había que pagar en dólares. El lugar para nuevos actores lo ocupó Arlink, de Daniel Vila y José Luis Manzano, que en la pata audiovisual presentaron un plan para dividir sus empresas (y así adecuarse a la ley), pero ahora se presentan en conjunto (Afsca rechazó el plan de Clarín diciendo que había vínculo societario entre miembros de las unidades 1 y 2). Los resultados y la forma de pago de la subasta del 4G recién se conocerán en quince días. Hubo ofertas por US$ 2.233 millones.
Fuente: Diario Perfil