El proyecto pertenece a diputados de La Cámpora y busca “la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres”, mediante la regulación de la difusión de mensajes destinados al comercio sexual.
En ese sentido, la iniciativa que pasó ahora al Senado prohíbe “los avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual”.
“Este proyecto se inspira en la lucha de muchísimas organizaciones, pero fundamentalmente se sintetiza en la persona de Susana Trimarco”, explicó el líder de la agrupación kirchnerista, Andrés “Cuervo” Larroque.
Además, indicó que la propuesta “también se enmarca en las modificaciones a la Ley de Trata de Personas” sancionadas en el año 2012.
Larroque aclaró que se busca “jerarquizar” un decreto firmado en 2011 por la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que va en el mismo sentido, pero la ley “amplía las potestades del decreto, introduciendo la posibilidad de prohibir estos mensajes en las redes sociales”.
Para evitar que se burle la ley, como se da hoy en algunos casos, el régimen comprende “todos aquellos avisos cuyo texto resulte engañoso”, esto es, los mensajes que “haciendo referencia a actividades lícitas, tengan por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas”.
Para los medios que infrinjan la norma, el texto prevé sanciones que van desde apercibimiento hasta multas de entre 60 mil y 3 millones de pesos y decomiso de volantes u otros materiales que se entreguen en la vía pública.
En los casos de “reiteración o desobediencia a una orden de cese”, las sanciones se agravarán y se duplicarán los límites mínimos y máximos.
Además, si los mensajes que promueven la oferta sexual son difundidos por redes sociales, la autoridad –que será designada por el Poder Ejecutivo- notificará a quien corresponda para que se proceda a la eliminación del contenido prohibido.
La UCR rechazó el proyecto a través de los diputados Patricia Giménez y Manuel Garrido. Según explicó el segundo, el texto “es inconstitucional porque está en juego la libertad de expresión”.
El radical sostuvo que el texto confunde una actividad ilícita, como es la explotación sexual, con la actividad lícita que ejercen al expresarse los medios de comunicación.
Además, Garrido advirtió que la ley va en contra de las mujeres que ejercen la prostitución por cuenta propia: “Las va a empujar a una marginalización aún mayor, las va a empujar a la calle”, consideró.
"Este proyecto criminaliza a las víctimas y no ayuda a cumplir los objetivos", agregó la socialista Alicia Ciciliani al fundamentar el rechazo del FAP. El Frente Renovador y Unión Pro optaron por abstenerse.
Fuente: Parlamentario.com