“Es inadmisible que el Estado (actor con mayores recursos) se fije reglas para competir de privilegio. Ello atenta contra las inversiones existentes y desalienta cualquier tipo de inversiones en nuevas redes y mejores servicios a los usuarios”, fue la postura oficial de la empresa.
Tal como sucedió con Telefónica, Telecom padeció una catarata de críticas de los senadores por la calidad del servicio en el país.
En particular, el jefe de los senadores radicales, Gerardo Morales, advirtió que el proyecto beneficia a la empresa, pese a sus críticas. “La ley debilita la situación de las pymes. No es una apertura así nomás de libre competencia porque ustedes tienen una envergadura que no tiene nada que ver con las pymes. Y además son los proveedores mayoristas de banca ancha”, observó.
En este marco, el jujeño anticipó que la UCR presentará un reclamo administrativo y judicial contra Telecom por los siete años en los que no aportó al fondo fiduciario para el desarrollo de las telecomunicaciones.
También salió al cruce de Telecom el oficialista José Mayas. “La gente tiene la sensación de que el servicio no es bueno (…) El servicio en mi provincia, Formosa, es malísimo”, espetó.
Las observaciones de Telecom
Telecom considera “necesario que haya un nuevo marco regulatorio que refleje la nueva realidad” en “convergencia tecnológica”. Sin embargo, sostiene que la propuesta del Poder Ejecutivo “es un paso insuficiente, y en muchos aspectos errado, para resolver los problemas que tienen los usuarios y la industria de las telecomunicaciones”. “Si el proyecto no recepta modificaciones sustanciales, será más un paso atrás que una herramienta de solución”, afirma la empresa en un documento presentado al Senado.
“Lo óptimo para garantizar la neutralidad y garantía para todos es que sea un reporte hacia el Congreso”, sugirió Quiroga López.
Telecom considera “necesario un marco de reglas que den previsibilidad y no un sistema de delegaciones” a la autoridad de aplicación, como lo hace la iniciativa. Según la empresa, esto último configura un “sector intervenido y no un mercado en competencia bajo reglas transparentes y con previsibilidad para negocios a largo plazo como el de las TICs”.
Por otra parte, la telefónica pide que la ley “defina y garantice un juego de iguales reglas de competencia para todos los actores, incluyendo al Estado como titular de redes y prestador de servicios”. Por el contrario, asegura que el proyecto “propicia una injustificada e inconstitucional reserva en ‘blanco’ de tratamientos de privilegio para las empresas del Estado”.
“Es inadmisible que el Estado (actor con mayores recursos) se fije reglas para competir de privilegio. Ello atenta contra las inversiones existentes y desalienta cualquier tipo de inversiones en nuevas redes y mejores servicios a los usuarios. Se privará así a los usuarios de estar a la altura de los mejores servicios y de la innovación y tecnología disponibles en el mundo”, critica Telecom.
También sobre el tema de las inversiones, la empresa manifiesta que el proyecto debería ser dotado de “reglas para hacer posible las inversiones que demandan el desarrollo de redes para las características particulares que como desafío plantea Argentina”.
En otras cosas, Telecom consideró “necesario una mayor protección a la privacidad de los usuarios”. “En los países respetuosos de la privacidad de las comunicaciones se ha dotado de estrictas normas que garanticen la protección de los datos personales y de comunicaciones de personas, con obligaciones para todos los actores de las TICs y del Estado. Esta es una preocupación creciente de los usuarios a la que el proyecto no da respuesta adecuada, sino que por el contrario reduce los derechos que hoy tienen los usuarios en materia de privacidad”, señala al respecto.
De UNO Medios
En tanto, Julio Figueredo, del grupo Uno Medios, consideró que la iniciativa "está relacionada con lo que inspiró en su momento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual" y diferenció que "una cosa es la convergencia de la tecnología y otra es la convergencia de los mercados", que es dónde observa asimetrías.
Figueredo propuso desarrollar "un plan para afrontar la competencia" y calculó que "se debe prevér este tipo de restricciones temporales porque en algún momento la convergencia va a tener que ser plena, pero debe cuidarse lo que tanto trabajo le ha costado a mucha gente edificar porque el desarrollo de redes es en beneficio de todos".
En la reunión expusieron además la titular de la Fundación LED, Silvana Giudici; el ex relator de Libertad de Expresión de la OEA, Eduardo Bertoni; el directivo de la Cámara Argentina de Internet, Ariel Graizer; la directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Elsa Corregido; el especialista en Comunicaciones, Nicolás Panichelli; Osvaldo Bassano, de la Asociación de los Derechos del Usuario y los Consumidores; Horacio De Luca, de la Cámara Jujeña de Radiodifusión por Cable; Norberto Capellan, de la Cámara de Informática y Comunicaciones; Gustavo Bellingeri (SATSAID) y Jorge Martínez, de la Asociación Pampeana de Circuitos Cerrados Comunitarios de Televisión.
La Comisión, que preside la senadora kirchnerista Liliana Fellner, tras escuchar las opiniones de 50 expositores quedó en condiciones de poner a la firma el despacho la semana que viene, para considerarlo en la sesión que el Senado planea realizar el 26 de noviembre.
Fuentes: DyN, Parlamentario.com