La entidad se refirió al proyecto de "promoción de la no discriminación en Internet" de los diputados kirchneristas Diana Conti y Remo Carlotto, que pretende otorgarle al INADI la posibilidad de clausurar por 30 días medios de comunicación digitales que admitan que los usuarios, lectores o foristas "publiquen contenidos, opiniones o dejen mensajes" de carácter racista o xenófoboLa Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas advierte sobre los riesgos que conlleva un proyecto de ley, impulsado por legisladores del oficialismo, que propicia regular y limitar los contenidos de las expresiones que realicen los usuarios a través del servicio de Internet.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver el caso "Rodriguez" el 28 de octubre del corriente año, sostuvo que Internet es un medio fundamental de comunicación social a través del cual se ejercen las libertades de expresión y de prensa, tuteladas como libertades estratégicas por nuestra Constitución Nacional.
Igual criterio adoptó el Congreso nacional cuando, al sancionar la ley 26.032, dispuso que la búsqueda, recepción y difusión de informaciones e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se consideran comprendidas dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.
Frente a esta realidad normativa de indudable raíz democrática, resulta incomprensible que se pretendan restablecer criterios autoritarios, propios de épocas ya superadas, para regular los contenidos de las expresiones que emitan los usuarios por Internet, cuyos textos, a criterio de la autoridad administrativa, revistan carácter discriminatorio.
Si bien es cierto que corresponde fomentar la educación y la cultura para erradicar los comportamientos arbitrariamente discriminatorios, también es cierto que por la vía proyectada legislativamente se puede acometer de manera impune contra el derecho de recibir y expresar las más variadas opiniones e ideas que los organismos dependientes del Poder Ejecutivo de turno califiquen de discriminatorias. De tal modo, se cercenaría el desarrollo de debates y el intercambio de ideas que enriquecen aquella dimensión cultural.
Por otra parte, y tal como lo expuso la Corte Suprema, ciertos excesos que se puedan concretar por Internet, como por cualquier otro medio técnico de comunicación social masiva, son susceptibles de generar conductas perversas, como la pornografía infantil, la apología de la violencia y del crimen en todas sus variantes, la violación de la vida privada o íntima de la persona. Pero, en tales casos, existen los remedios judiciales idóneos para preservar a la sociedad de aquellos flagelos que perturban su solidez cultural, sin que corresponda a la autoridad administrativa reemplazar el poder jurisdiccional atribuido a los jueces en salvaguarda de la llamada doctrina de la división en el ejercicio de los poderes gubernamentales.
AdEPA considera que toda intromisión del Poder Ejecutivo, en forma directa o a través de sus organismos dependientes, en el ámbito pluralista que rige las ideas y opiniones de los usuarios de Internet, configurará un grave retroceso institucional y un deterioro cultural inadmisible en el siglo 21.
Fuente: AdEPA
