Por las vacaciones de su subdirector de Asuntos Regulatorios, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) postergó una vez más el tratamiento de los planes de adecuación presentados hace un año y nueve meses por los grupos Telefe y PRISA, cuyos accionistas controlantes son españoles
Por: José Crettaz
El 13 de agosto pasado, el presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella, había anunciado que esos planes de adecuación iban a ser tratados el lunes próximo. La fecha quedó incluso consignada en el acta de la última reunión de directorio del organismo que aplica la ley de medios. Sin embargo, los directores se enteraron hoy de que ese encuentro deberá posponerse porque las vacaciones de un funcionario.
Telefe, cuyo accionista controlante es Telefónica de España, debe demostrar que su actividad audiovisual no es incompatible con el servicio público de telefonía básica prestada por Telefónica de Argentina, filial del mismo holding español (la ley prohíbe operar medios audiovisuales y servicios públicos simultáneamente). Telefónica también deberá convencer de que sus activos en televisión en Argentina están alcanzados por la protección que fijó la ley de bienes culturales (conocida en 2002 como ley Clarín), que fue confirmada por la ley de medios, y que eximiría a los inversores extranjeros del cumplimiento del tope máximo del 30% de participación en una empresa de medios. Y, finalmente, según cómo la AFSCA contabilice la cantidad de espectadores que ven sus emisiones (no pueden representar más del 35% de la población del país), Telefe podría tener que vender alguno de los nueve canales de TV abierta que tiene en las principales ciudades argentinas.
El grupo Clarín, cuyo plan de adecuación se presentó en noviembre pasado, ya presentó la documentación y los nombres de los nuevos titulares de las seis unidades en las que decidió escindirse para ajustarse a lo dictado por la norma, cuya sanción cumplirá el 10 de octubre próximo cinco años. Ante la demora en el tratamiento de los planes presentados por otros grupos, el mayor conglomerado de comunicación del país viene advirtiendo que se presentará ante la Justicia para denunciar trato discriminatorio. Cuando en octubre de 2013, la Corte Suprema declaró plenamente constitucionales los cuatro artículos impuganados por Clarín (la constitucionalidad de dos de esos artículos se definió por 4 votos a 3), Sabbatella prometió que "a más tardar" en marzo de 2014 todos los planes de adecuación estarían tratados, admitidos o rechazados. Cinco meses después, siguen pendientes de análisis varias de esas propuestas.
En el caso de PRISA -uno de cuyos accionistas principales es también Telefónica de España- la situación es todavía más compleja. En los archivos del ComFeR, organismo del que la AFSCA es continuador jurídico, PRISA no figura como dueña de LS4 Radio Continental, según pudo saber el diario La Nación. Sí fueron presentados en su momento los documentos en los que se solicitó la transferencia Prisa de esa emisora, algo que no fue aprobado ni rechazado por el ComFeR y tampoco por la AFSCA. PRISA también opera en Buenos Aires las FM Imagina y 40 Principales. La empresa debe argumentar también por qué no sería cuestionable la extranjería de sus accionistas controlantes. PRISA, cuya casa matriz enfrenta en España un severo proceso de reestructuración de deuda que la está obligando a desprenderse de numerosos activos, estaría más interesada en la aprobación de la transferencia de Continental a su nombre (pendiente de aprobación desde 2005), que en la propia adecuación a la ley. Ese paso previo sería necesario para desprenderse de la emisora si necesitara o quisiera venderla.
El mes pasado estuvieron en Buenos Aires el presidente ejecutivo de Telefónica, César Alierta, y el ex presidente socialista del gobierno español Felipe González que al igual que su par conservador José María Aznar, operan como gestores de los intereses de empresas españolas en el exterior. En una reunión de la AFSCA, el director por el Frente Amplio Progresista (FAP), Gerardo Milman, le preguntó a Sabbatella a qué se debía la demora en tratar los planes de Telefe y PRISA y el presidente del organismo se limitó a responder: "No tenemos decisión política".
El próximo 10 de octubre, el gobierno celebrará con otra gran fiesta (ya hizo varias en los años anteriores) los cinco años de la ley de medios. Mientras tanto, Sabbatella amenaza a Clarín con aplicarle la "adecuación de oficio" y sostiene que la AFSCA "no tiene plazos" para dar por aprobados y concluidos los procesos de adecuación de la nueva norma. En los casos de empresas ya adecuadas, esos procesos duraron no más de un año. Si ese tiempo fuese similar para Clarín (el caso más complejo de todos por el número de organismos estatales involucrados y de trámites y pasos jurídicos que deben darse), hasta el 17 de agosto próximo no habría novedades.
Si el gobierno diera por cumplido el plan de adecuación admitido, Grupo Clarín vería resueltos muchos de los problemas administrativos que estos años encontró en la administración de Cristina Kirchner. Para empezar, la transferencia de licencias de los cableoperadores comprados por parte de Cablevisión y Multicanal, la fusión de estos dos grandes operadores de sistemas múltiples (MSO) producida en 2007, las impugnaciones administrativas sobre el valor del abono al cable en 2012, y la caducidad de la licencia de Fibertel para dar acceso a Internet en 2010, entre otras cosas.
Fuente: Diario La Nación
