La política de medios que desplegó el kirchnerismo marcará la agenda post 2015, incluso cuando los candidatos que hoy lideran las encuestas de voto a presidente cultivan un perfil moderado que elude, de facto, la intensa y reñida discusión pública sobre la función de los medios y sobre su regulación.
El kirchnerismo transgredió el vínculo con la comunicación en dos movimientos con bisagra en 2008. Néstor Kirchner (2003-2007) enunció los intereses mundanos de los medios y desintermedió la palabra “política”; como presidente no rendía pleitesía al star-system periodístico, pero negociaba con sus patrones.
A partir de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner se modificó la ley que rige el audiovisual (y que tenía origen en una norma dictatorial) y se desplegó una política con retórica inclusiva aunque su materialidad tuvo como efecto, hasta ahora, la reorganización del mapa de fuerzas empresariales del sector.
Quien asuma la presidencia a partir de 2015 deberá lidiar con la adecuación de los grupos concentrados a la ley audiovisual a la que resistieron con estrategias diversas.
Esa adecuación tiene una irregular gestión por parte del Estado y un heterogéneo acatamiento entre Clarín, Telefónica, Vila-Manzano, DirecTV, Fintech, Pierri, Cadena 3, Prisa, Moneta- Garfunkel- Szpolski y González, entre otros. Para los políticos en campaña, la adecuación es kriptonita. Pero el ganador tendrá que administrar este proceso que, además, puede judicializarse.
El próximo presidente afrontará también compromisos que dificultan la tentación de barrer las políticas de comunicación debajo de la alfombra.
Muchas licencias de radio y televisión vencen a partir de 2016 y, mientras los emisores actuales clamarán por la renovación, hay organizaciones sin fines de lucro a las que la ley audiovisual reserva el 33% de las frecuencias que presionarán para ingresar como licenciatarias.
Otra cuestión candente se refiere al carácter y la organización de los medios estatales, donde el kirchnerismo fue a la vez renovador y conservador.
Creó numerosas señales audiovisuales (Encuentro, Paka Paka, IncaaTv, DeporTV, Tecnópolis) que se suman a los tradicionales Canal 7 y Radio Nacional, apostó a contenidos documentales y de ficción de calidad, tercerizó gran parte de la programación, fomentó capacidades de producción en el interior del país y recargó la línea editorial con un oficialismo incontinente.
El programa Fútbol para Todos, su gratuidad de acceso, su opacidad económica, sus criterios de contratación y cesión de derechos demandan revisión, al igual que la política de implantación de la televisión digital.
El reparto del espectro para telefonía móvil 4G, el favoritismo con las telefónicas y el uso de frecuencias para televisión digital por licenciatarios privados, organizaciones sin fines de lucro y universidades nacionales estarán en ebullición durante las elecciones el año próximo.
El manejo selectivo de la publicidad oficial, condenado por la Corte Suprema de Justicia, es otro eje pendiente y sensible, dado que las principales formaciones políticas del país comparten la lógica del Poder Ejecutivo.
Contracara de esta falencia es la despenalización de los llamados delitos de opinión (calumnias e injurias) que, si bien es incompleta, asienta la libertad de expresión.
Este derecho es condicionado, en tanto, por la ausencia de ley de acceso a la información pública.
La Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos sin regulación al respecto.
Toda esta agenda es sacudida por la convergencia digital, que añade conflictos en un contexto en el que internet, telecomunicaciones y servicios audiovisuales se confunden en un mismo conjunto.
Son demasiados temas como para que los candidatos jueguen al distraído en un área cardinal para la estructuración del espacio público.
*Especialista en medios
Fuente: Diario Perfil