Por: Federico Türpe, fturpe@lagaceta.com.ar, @fedeturpe
"Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas".
Ninguna ley que formule esto puede ser mala y es lo que sostiene la Ley 26.522, más conocida como Ley de Medios, que reemplazó a la 22.285, promulgada cuando la TV Argentina era en blanco y negro.
La norma anterior en realidad no era una ley parlamentaria sino un decreto ley firmado por el dictador Jorge Rafael Videla en 1980. Si bien había tenido numerosas modificaciones, su espíritu seguía siendo analógico, anacrónico y no garantizaba la pluralidad de voces ni protegía a la sociedad de los excesos monopólicos y oligopólicos. No contemplaba en absoluto la realidad actual, a tal punto que en ese texto las radios FM eran consideradas "nuevas tecnologías". En definitiva, la letra decía una cosa y la realidad hacía otra.
A tres años de aprobada la nueva ley está ocurriendo lo mismo. La realidad no se parece a lo que enuncia el texto.
El gobierno centralista y unitario de Cristina Fernández no respeta la independencia de los medios, ejerce presiones, otorga ventajas a los empresarios amigos y castiga mediante la asignación arbitraria y discriminatoria de la pauta publicitaria a los medios y periodistas que no aplauden todo. A nivel provincial, el gobernador José Alperovich hace exactamente lo mismo. Hay canales, radios y portales web que sólo inauguran obras y jamás transmiten una noticia desagradable para el gobierno.
La nueva Ley de Medios tiene más de 160 artículos y plantea objetivos admirables, al nivel de los países más progresistas del planeta, como el de garantizar la pluralidad de voces y dar cabida a las minorías y a los sectores sociales que hoy son casi invisibles en los medios masivos. Por ejemplo, divide el espacio radiofónico en tres partes iguales, para el Estado, para el sector privado y para las organizaciones sin fines de lucro. A la vista de las experiencias, ¿alguien duda que ese 33 % en manos del sector social recaerá sobre grupos alineados al poder político?
Otro ejemplo. La ley obliga a una revisión de las licencias cada dos años. El gobierno asegura que se trata de un control técnico, pero fácilmente podría tratarse de otra herramienta de extorsión a los medios "desobedientes".
Veamos otro caso. La norma dice que un cable operador no puede poseer más de un canal de producción propia. En Tucumán uno de los cables tiene tres señales con producciones locales, por lo que deberá desprenderse de dos. Sin embargo, en la grilla seguirá habiendo 42 señales de HBO, 30 de FOX, 11 de Discovery y nueve de Disney. Un contrasentido para una ley cuya base es proteger y amplificar "lo nuestro".
En Tucumán también, desde hace años, es imposible escuchar radio por la contaminación de frecuencias ilegales. Por cada dos radios legales hay siete truchas, y muchas de ellas con publicidad oficial. Así hay decenas de ejemplos donde la letra y la realidad entran en franca contradicción.
Sólo basta ver cómo la TV Pública porteña y los canales estatales provinciales se han transformado en órganos de propaganda del gobierno, no del Estado. Cuando la misma ley que el gobierno pide que sea acatada sostiene: "los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales".
Fuente: La Gaceta
