Por: Natalia Aguiar
La Corte Suprema analiza resolver la cuestión de fondo de la Ley de Medios en los días previos a las elecciones primarias, que se celebrarán el domingo 11 de agosto. En el Máximo Tribunal evalúan un fallo que sería favorable al Grupo Clarín en la mayoría de los puntos. La decisión de los ministros llega en medio de la campaña electoral y en un año en el que se juega quién gobernará el Congreso en los últimos dos años de mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.
Los ministros declararían la inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la ley, en consonancia con lo resuelto por la Cámara Civil y Comercial. Ese tribunal resolvió la inconstitucionalidad de parte de los artículos 45, que establece los límites a las licencias, y del artículo 48, que impide alegar “derechos adquiridos” en materia de licencias de comunicación audiovisual. La Cámara, en cambio, determinó la constitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Corte fallaría a favor de Clarín, al permitirle al multimedios conservar sus inversiones en televisión por cable, su negocio más redituable. Sin embargo, la duda persiste en torno a si podrá conservar la totalidad de sus inversiones en cable o si deberá desprenderse de una parte, como guiño al Ejecutivo.
El fundamento de los cortesanos para avalar que Clarín conserve el negocio en disputa sería que el cable no entra en la categoría de “recursos limitados” –como el espectro radioeléctrico–, sino que su uso es ilimitado. Eso le permitiría a Clarín conservar sus inversiones en ese sector de las comunicaciones audiovisuales, al menos en su mayoría. El Gobierno exige que desinvierta en esa área.
La ley sería aplicable a los otros servicios de comunicación audiovisual que fueron adjudicados por licencia y que se sirven del espectro radioeléctrico. Estos servicios, como radio y televisión, afectan recursos limitados que pertenecen a la comunidad y están sujetos a las legislaciones nacionales. Por eso, para la Corte, la desinversión de Clarín debería pasar por sus canales de televisión y sus radios.
Para la mayoría de los ministros, la ley resultaría “abstracta” en relación a la impronta tecnológica.
La Procuradora General de la Nación, elegida por la Presidenta, elevó a la Corte su dictamen sobre la Ley, en el que sostiene que la norma es constitucional. Su documento, sin embargo, no es vinculante para los cortesanos, es decir, que no marca las pautas del fallo final. Gils Carbó pidió revocar el fallo de la Cámara Civil y Comercial, que benefició al multimedios.
Debate político. La Corte se encuentra dividida entre quienes se inclinan por introducir en la resolución final el debate sobre la “libertad de expresión” y aquellos que prefieren obviarlo, para evitar un desafío aún más hondo al Gobierno. La libertad de expresión es una discusión política. Si la Corte incluye en su fallo que la ley viola el derecho constitucional de expresarse libremente –es lo que reclama Clarín– será una derrota política del Gobierno. El sector de los ministros que impulsa esta posibilidad está encabezado por Carlos Fayt.
Sin embargo, para el ala más conciliadora del cuerpo, la contienda debe limitase a una cuestión de mercado, de propiedad privada y de defensa de la competencia.
Cuestiones técnicas. Nada de política. Para no enfrentar de lleno al Gobierno, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco buscan evitar que esa consigna sea incluida. Se inclinan por algo más técnico para no aumentar el pulso de la interna con el Gobierno.
Los ministros ya frenaron la ley más polémica de la reforma judicial, cuando declararon inconstitucional la norma que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura –que elige y controla a los jueces– y la elección popular de sus miembros.
El panorama es alentador para el Grupo Clarín pero la Corte podría afectarlo en un punto central: obligarlo a desinvertir algunas licencias
Por: Gabriel Ziblat
El fallo de la Corte Suprema por la Ley de Medios, de inminente resolución, tendrá efectos trascendentales. No sólo desde el punto de vista del mapa mediático que quedará fijado, sino desde las consecuencias políticas que desencadenará. Y por la información que se maneja hasta el momento, el Grupo Clarín sólo perdería en uno de los cuatro escenarios posibles.
En ese esquema, el panorama es alentador para el multimedios porque le permitiría mantener Cablevisión, su principal fuente de ingreso, tal cual está. La ley fija que se puede tener hasta un límite de 24 licencias de servicios de televisión por suscripción o un máximo del 35% del total de abonados al servicio. La empresa de Clarín supera ambos límites.
El único punto negativo para el Grupo es que deberá adecuarse al límite de diez licencias canales de aire o radios que establece la ley, por lo que tendría que desprenderse de negocios en el interior. Sin embargo, según fuentes del mercado esa consecuencia es “inocua” para los balances económicos del Grupo.
Según las fuentes consultadas por Perfil, en la Corte hay un grupo de jueces que pretende introducir con fuerza el debate sobre la libertad de expresión en la resolución final. Si esta posición imperase, para algunos especialistas significaría que el fallo sería más “integral” y que la violación a la libertad de expresión se volvería “una cuestión esencial de la norma”. En ese escenario, Clarín resultaría el gran triunfador de una contienda que ya lleva cuatro años.
Para el especialista en comunicación Martín Becerra, la Corte “tiene que incorporar el debate por la libertad de expresión, aunque sea para decir que no está afectada”. Ya en un fallo anterior, el Tribunal dijo que no estaba demostrado que ese derecho estaba siendo violentado. Nuevas pruebas aportadas, sin embargo, podrían hacer cambiar esa posición.
De todas formas, la Cámara ya incorporó la cuestión de la libertad de expresión. Resolvió que no está amenazada en los topes que se establecieron a los servicios de aire (TV y radio) pero que es más discutible que el Estado pueda regular la televisión por Cable (porque las licencias pueden ser infinitas). Según los camaristas, el límite para ese negocio afecta a la sustentabilidad económica de las empresas y su consecuente independencia de los gobiernos.
La Corte puede seguir esa línea o, según opina Becerra, “también puede reducir un poco los beneficios de Clarín”. Las posibilidades, en este punto, son siempre hipotéticas. Una opción es que declare la constitucionalidad del punto que obliga a achicar Cablevisión, pero no los límites que fija la ley (afectaría, pero no tanto). Otra, es que declare la constitucionalidad, pero respetando los plazos actuales de las licencias (las de TV y radio, por ejemplo, vencen recién en 2024). La Corte también podría decir que el límite a Cablevisión es inconstitucional, pero que sí es válido el punto que fija que los dueños de un servicio de TV por cable no pueden tener un canal de aire. De esa manera, para Clarín sería incompatible tener Canal 13 y prestar el servicio de Cablevisión en la Ciudad.
Estas hipótesis irían en la línea de un fallo salomónico de la Corte, que afecte los intereses de Clarín pero no en los niveles que pretende el Gobierno. Terminaría siendo un empate, ya que el Gobierno podría mostrar algunos trofeos pero el grupo mediático conservaría una fortaleza considerable.
De cualquier forma, con la puesta en práctica de esas supuestas desinversiones que deba efectuar Clarín se abrirían nuevas disputas judiciales.
Fuente: Diario Perfil