El abogado Manuel Larrondo trata el mismo tema desde una mirada legal y ética y sugiere cuáles podrían ser las sanciones aplicables en casos como éste
Por: Manuel Larrondo*
Ha suscitado un gran impacto la edición del diario Muy que el 28 de junio pasado publicó varias fotos del cuerpo de Ángeles Rawson tal como se la habría encontrado en un basurero luego de ser asesinada.
Este accionar periodístico genera dos ítem importantes a tratar:
1. La falta total de ética periodística al publicarse dicha foto;
2. La evidente violación a la memoria e intimidad de la familia de la víctima.
Ética y responsabilidad civil
Como bien señalaba Aristóteles, la ética es un saber práctico y no teórico: existe para guiar la práctica y hacerse realidad a través de la voluntad y la actividad de quien actúa; y en este sentido la ética periodística y sus códigos no son ninguna excepción.
En general, en los códigos de ética profesional se encuentran incorporados diversos principios como los de verdad, justicia, libertad, humanidad y responsabilidad individual.
El diario Muy no ha cumplido con esos principios rectores. Se podrá decir que la información es verdadera (la muerte de Ángeles) y que se difunde su fotografía en ejercicio de la libertad de prensa (art. 14 de la Constitución nacional, Art. 13 del Pacto de San José de C. Rica). Pero es sabido que no hay derechos absolutos sino relativos. El medio de prensa ha pasado por alto el principio de humanidad que consiste en que un periodista no haga daño, directa o intencionalmente a otros, y prevenir el sufrimiento cuando sea posible.
Hay también responsabilidad del medio al haber vulnerado el derecho “a la memoria” de Ángeles. En efecto, al igual que en el famoso caso “Ponzetti de Balbín c. Editorial Atlántida S.A.” en el que la Corte Suprema de Justicia condenó en 1984 a la revista Gente a indemnizar a la familia del político Ricardo Balbín cuando se publicó su foto mientras agonizaba en terapia intensiva, hay otro antecedente judicial un poco más reciente que demuestra claramente la violación a la ley al publicarse las fotografías del cuerpo de Angeles.
El 18 de marzo de 2002 el Juzgado Civil y Comercial N 2 de Olavarría dictó sentencia en el expte. N 7687/96 caratulado “C. E. R. y otros c. El Popular SAIC s/Daños y Perjuicios”. Los reclamantes eran el esposo, hijo y padre de quien en vida fuera Marcela, desaparecida el 19 de diciembre de 1995 y hallada muerta y enterrada en el fondo de una casa el día 3 de enero de 1996.
Al día siguiente, el diario El Popular de Olavarría publicó en tapa la foto de la víctima totalmente desnuda y exhibiendo sus partes pudendas, hiriendo de esta forma los más profundos sentimientos de la familia. El fallo determinó que la publicación de fotografías del cuerpo desnudo y sin vida de una persona es idónea para lesionar el derecho a la imagen, al obtenerse ésta de forma clandestina y difundirse sin consentimiento, y también el derecho a la intimidad, dignidad y respeto genérico que es debido a la memoria de la persona fallecida (art. 19 Constitución nacional, Art. 11 Pacto de San José de Costa Rica).
La publicación de las fotografías del cuerpo de Ángeles Rawson en medio de un basural no aporta absolutamente nada en términos periodísticos sino que, por el contrario, incumple principios rectores mínimos de la profesión tales como el de humanidad y responsabilidad social. Al mismo tiempo, vulnera la intimidad de su familia.
El daño ya está hecho y la foto incluso trasciende el papel, ya que circula por la web desde donde difícilmente pueda retirarse. Lo mismo ocurrió cuando Crónica publicó la foto del cuerpo de Jazmín de Grazia y América TV hizo lo propio con la de Nora Dalmasso.
¿Qué puede hacerse para evitar que esto vuelva a suceder?
Las crónicas sobre crímenes tratadas de manera sensacionalista contribuyen a alimentar “el morbo” de cierto público impulsando así una mayor venta de ejemplares o de audiencia. Es claro que este accionar es impulsado por un objetivo netamente mercantilista de la información.
En ese caso el precio a la intimidad de las personas lo fija quien compra ese ejemplar como último eslabón de la cadena comercial. Pero la indemnización reparatoria del daño moral padecido por la familia de Ángeles la estipularía un juez.
En ese hipotético caso, la sentencia condenatoria quizá se dicte dentro de unos 4 o 5 años aproximadamente. Esa indemnización debería ser reparatoria y a la vez ejemplificadora, fijándose un monto alto en dinero –una suerte de daño punitivo en razón del deliberado accionar lesivo del diario– así como también podría ordenar al periodista autor de la nota y al editor responsable que concurran a una Facultad de Periodismo a explicar a los alumnos cuáles fueron las razones de la sentencia condenatoria. Esta situación imaginaria –pero no imposible– quizá sirva para que los medios de prensa y periodistas tomen nota respecto de que la intimidad y la imagen como derechos humanos no tienen ni deben tener un valor de venta en dinero.
*Abogado. Docente FPyCS UNLP
Pornografía y periodismo
Dos contribuciones al debate sobre el manejo periodístico del asesinato de Angeles Rawson. Alejandro Kaufman y Esteban Rodríguez lo analizan desde la perspectiva de derechos de los niños, jóvenes y mujeres, reclamando la adopción de protocolos que encuadren las prácticas periodísticas
Por: Alejandro Kaufman y Esteban Rodríguez*
A casi dos años del secuestro y homicidio de Candela Rodríguez, de 11 años, el asesinato de Ángeles Rawson, de 16 años, repuso el problema del tratamiento de la violencia de género y contra la infancia por parte del periodismo. Los dos conmovedores casos saturaron las pantallas hasta el abuso. No sólo hubo hipótesis demonizantes, infundadas y estigmatizantes (violando el derecho a la presunción de inocencia); se filtraron imágenes y testimonios cuando existía todavía secreto de sumario (violando el derecho al debido proceso), sino que se sobreexpusieron a los familiares y amigos de las víctimas, manipulando su dolor (violando los derechos a la intimidad y no recibir maltrato). Naturalizaron la violencia de género cuando la erotizaron, como hizo el diario Muy del Grupo Clarín pero también –casi todos– quienes exhibieron contenedores o bolsas de residuos al lado de las otras imágenes privadas tomadas de las redes sociales, con las niñas posando para sus seres queridos. La edición insinuaba que se había tirado a las mujeres a la basura: imágenes de niñas muertas devenidas en acto sexual público “soft”. En todos los casos se afectaron los derechos a la imagen propia, el honor, la calidad informativa, los derechos de las niñas y niños reconocidos por distintos instrumentos internacionales.
El amarillismo es algo más que sensacionalismo porque se inspira en la pornografía, abreva en sus códigos. El código pornográfico invisibiliza la violencia de género (el femicidio) y subyuga a la mujer a través del exhibicionismo obsceno. En lugar de la segmentación dirigida hacia audiencias parcelares en un marco plural –siempre objeto de debate–, se produce una pauta uniforme y de hecho obligatoria en la mayor parte de la esfera pública. En ello se verifica el maltrato hacia toda una sociedad que no consigue distinguir entre opción y abuso.
El tratamiento pornográfico censura a la mujer cuando la cosifica, desautoriza y subordina a los parámetros de la hegemonía masculina. Descalifica, encarniza y fragmenta, pone a la mujer de rodillas, la transforma en orificios y secreciones. La mirada del periodismo pornográfico ofrece un cuerpo sin rostro, recortado a sus partes erógenas. Un cuerpo con agujeros es un cuerpo sumidero, que dispone a la mujer para ser ultrajada, arrojada, desechada. La dominación masculina tiene la palabra, lleva la voz cantante, y lo que decide (impera y ordena), incluso a través de las imágenes seleccionadas, corrobora el punto de vista prevaleciente. La pornografía profana el cuerpo y declina la subjetividad. Como operación política expropia toda soberanía cuando impone una fijación sobre el cuerpo fragmentado, el cuerpo-orificio.
La pornografía, incluso el periodismo pornográfico, es acto de supremacía masculina que revalida la sociedad patriarcal y el contrato sexual desigual. Construye y define las categorías de género y sus roles. No hay inocencia en esas imágenes cargadas de una ideología que fomenta y reproduce la idea de la inferioridad sexual de las mujeres, y que luego se transmite a todos los ámbitos de la vida, certificando el lugar subordinado que se les asigna.
El periodismo pornográfico invisibiliza además a la violencia de género cuando la estetiza. De la misma manera que la disimula con estereotipos como “crimen pasional”, la vuelve a invisibilizar cuando las despoja de su condición subjetiva. El periodismo sexista deteriora la igualdad de género cuando confirma y naturaliza la vulnerabilidad: la mujer para ser usada y arrojada, y luego exhibida y celebrada: espectacularizada.
Se necesita un debate sensible a dimensiones múltiples, no resignación ni frivolidad. Las normas pueden ser inocuas como sucede con la ignorada letra del art. 70 de la ley de SCAV. La norma no rige sin sanción, no sólo regulatoria sino sociocultural, pero tampoco se invoque el fantasma censor tan temido, refugiados en una libertad de expresión boba por negligente, indiferente a la protección y el cuidado concreto y real.
Los editores mediáticos son responsables. No pueden escudarse en supuestos consumismos que contrariarían la vigencia elemental de los derechos humanos ni librarse a la “autorregulación”. Aparte de la vigencia de las leyes nacionales e internacionales, el periodismo supone hoy pautas de producción preventivas, acordes con criterios más que reconocidos por años de evolución político cultural. Hay que apelar y convocar a empresas y sindicatos, profesionales y trabajadores, así como a la sociedad civil, a proponer y respetar el punto de partida que funda la convivencia democrática: la adopción de protocolos reconocidos y vinculantes como base y delimitación de las prácticas reproducidas en la prensa.
*Docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes
Fuente: Diario PáginaI12
