En un ambiente de movilizaciones sociales festivas, este 14 de junio, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, mandatada por la Constitución de 2008, que ha demorado más de cuatro años para entrar en vigencia.
Al someter la Ley a votación, el proponente Mauro Andino -asambleísta del Movimiento PAIS-, invocó el espíritu bajo el cual se elaboró la ley, que implica "reconocer el enorme valor y la importancia de la libertad de expresarse formulada en los instrumentos internacionales de derechos humanos", pero también –dijo- añadir "una serie de oportunidades y servicios para que tal libertad realmente esté al alcance de todas y de todos, para que deje de ser un privilegio del cual solo disfrutan los mejor situados en nuestra sociedad".
Entre los cambios centrales que introduce esta Ley, Andino destacó la definición de la comunicación social como un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad; la no censura previa pero sí responsabilidad ulterior de lo que publican los medios de comunicación; la defensa de los derechos de los trabajadores de la prensa en condiciones de no precarización laboral; la redistribución de las frecuencias radiofónicas, con un 33% para medios privados, 33% para medios públicos y 34% para medios comunitarios (que se aplicará en forma gradual) y la eliminación de monopolios en los medios audiovisuales (no más de una concesión de frecuencia para matriz de radio en AM, una en FM y una para matriz de televisión, a una misma persona natural o jurídica). Además, en conformidad con los resultados de la Auditoría de Frecuencias, que se realizó hace tres años, se revertirán al Estado las frecuencias mal habidas o que han incumplido con sus obligaciones legales, lo cual liberará frecuencias para los otros sectores.
Estas cláusulas recogen las propuestas centrales que los sectores defensores de la democratización de la comunicación han venido planteando, entre ellas, las destinadas a fomentar la producción cultural, como la obligación de destinar un 60% de la programación diaria en el horario apto para todo público, y la difusión de contenidos de producción nacional (del cual al menos un 10% debe ser de producción independiente); y la cuota mínima del 50% de los contenidos de programas musicales que sean producidos, compuestos o ejecutados en Ecuador, con el pago de los derechos de autor.
Entre las innovaciones introducidas en esta última versión de la Ley se incluye la obligación para los anunciantes privados de destinar al menos un 10% de su presupuesto anual de publicidad a medios de comunicación de cobertura local o regional, para garantizar que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales, participen de la publicidad.
En materia de derechos laborales, el nuevo cuerpo legal estipula que la nómina de trabajadores de los medios de carácter nacional debe conformarse "con criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, interculturalidad, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional". Y como garantía de la calidad de la información, a la vez que reconoce que "todas las personas ejercerán libremente los derechos a la comunicación", establece que las actividades periodísticas de carácter permanente deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación (con excepción de los espacios de opinión, columnas especializadas y programas periodísticos en las lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas). Además, obliga a los medios a proveer a sus empleados los recursos económicos, técnicos y materiales para el adecuado ejercicio de sus tareas periodísticas.
Otra innovación es la prohibición del "linchamiento mediático", entendido como "la difusión de información concertada y reiterativa… destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública".
Un aspecto que debería ser central, por su potencial democratizador de las frecuencias, pero es abordado solo marginalmente en la Ley, es el de las frecuencias digitales, que de hecho ya se están introduciendo en el país antes de que se hayan establecido políticas claras y un marco legal adecuado. Toda vez, el nuevo cuerpo legal sí contempla que debe haber una "distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización de los sistemas de transmisión de radio y televisión"; y además, que "el número de nuevas frecuencias y señales de radio y televisión que se obtengan de la transición de la tecnología analógica a la digital será administrado por el Estado". Sigue predominando el criterio de que es solo una cuestión "técnica", y por tanto, que corresponderá tratarlo en la Ley de Telecomunicaciones, que está en preparación.
Uno de los temas más polémicos es el marco institucional, que contempla la creación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, como ente regulador (compuesto de representantes de la Función Ejecutiva, de los Consejos Nacionales de Igualdad, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Defensor del Pueblo), una Superintendencia de la Información y Comunicación (cuyo titular será nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de una terna enviada por la Presidencia), con poderes sancionadores, y un Consejo Consultivo ciudadano, cuyo rol es poco claro, y no es vinculante.
Punto de partidaLa aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación (que aún espera el visto bueno presidencial, o un posible veto parcial) ya no dejaba duda, desde que en mayo asumió la nueva Asamblea Nacional con una amplia mayoría del Movimiento PAIS. No obstante, llegar a ese punto ha sido un proceso complejo y accidentado. Hace tres años, cuando se presentaron tres proyectos de Ley, uno de las cuales era formulado por el Foro de la Comunicación, donde participaban redes de comunicación y organizaciones sociales e indígenas, en ese momento las tesis centrales democratizadoras no eran asumidas, ni por la mayoría de asambleístas ni por el gobierno. Y posteriormente, durante los últimos 14 meses, la Ley quedó congelada por falta de mayoría en la Asamblea. Si bien no se logró –como en Argentina- que las organizaciones sociales se movilicen muy proactivamente a su favor, poco a poco estas tesis fueron adquiriendo legitimidad en la sociedad, a tal punto que ahora ni siquiera los sectores de derecha y los grandes medios se atreven, por lo general, a desconocer abiertamente la justeza del reparto equitativo de las frecuencias.
La aprobación de la Ley, sin duda, no representa la culminación del proceso, sino más bien un punto de partida, pues, más allá de la ofensiva opositora que ya se ha anunciado en el plano nacional e internacional por parte de la gran industria mediática, que lo sigue calificando de "ley mordaza", y de eventuales impugnaciones en las instancias jurídicas, la democratización solo podrá hacerse realidad en la medida en que sea apropiada por la ciudadanía, y en particular por los sectores populares, al ejercer su derecho a la expresión.
Fuente: ALAI
Asamblea de Ecuador aprueba polémica ley de medios de comunicación
Por Alexandra Valencia
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el viernes una polémica ley de comunicación que regula contenidos relacionados con violencia e implementa sanciones para los periodistas y medios, lo que ha despertado preocupación de varios organismos internacionales y opositores.
La norma legal, planteada por el movimiento político que apoya al presidente Rafael Correa, fue aprobada en diferentes votaciones y tuvo el respaldo de entre 108 y 110 asambleístas de los 135 presentes en la reunión del Poder Legislativo, tras casi cuatro años de debate.
Correa ha tenido tensas relaciones con diarios y canales de televisión privados en sus seis años de gestión y ha insistido en la urgencia de contar con un marco legal para ordenar a los medios de comunicación.
El popular mandatario ha calificado a los medios como "sicarios de tinta" y "bestias salvajes" y los considera un fuerte poder económico, ubicándolos dentro de sus mayores opositores.
La ley plantea la creación de un consejo de regulación, integrado en su mayoría por representantes del sector público, que deberá regular el contenido de los medios relacionados con violencia o que sean discriminatorios.
El mismo consejo impondrá sanciones para los medios que difundan estos contenidos o periodistas que comentan infracciones determinadas en la ley, que van desde disculpas públicas hasta demandas judiciales, pasando por fuertes sanciones económicas.
"Marca un hito, un antes y una después en la historia de la comunicación y en el acceso a la información de los ecuatorianos", dijo sobre la ley la Secretaria de Gestión de la Política, Betty Tola, a un medio público.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Unesco han expresado su preocupación por los cambios legales impulsados por el movimiento oficialista y el Gobierno, lo que ha desatado fuertes críticas de Correa en contra de estos organismos internacionales.
Reparto de frecuencia
La vigencia de una nueva ley de comunicación fue respaldada por los ecuatorianos cuando aprobaron la nueva Constitución de orientación socialista en 2008, pero el oficialismo no había logrado su aprobación hasta ahora, debido a los duros cuestionamientos de la oposición.
"Nadie puede negar que se requieren de políticas y directrices porque debemos sujetarnos a la Constitución, pero eso no significa limitar los derechos", dijo el asambleísta opositor Henry Cucalón, quien junto a otros opositores se amordazaron durante el debate como rechazo a la ley.El nuevo marco legal además incluye el concepto de "linchamiento mediático" para prohibir la difusión de información para desprestigiar a una persona o empresa, o reducir su credibilidad pública.
También plantea la redistribución de frecuencias de radio y televisión, en un intento por promover la "socialización y democratización" de la comunicación en la nación sudamericana.
Por lo que las frecuencias deberán repartirse en partes iguales entre medios públicos, privados y comunitarios, aunque respetando los contratos vigentes con radios y canales de televisión.
Para la organización Reporteros Sin Fronteras la ley de comunicación tiene algunos aspectos destacables, como el principio de equidad y la prohibición de la censura previa por parte de autoridades o funcionarios públicos, pero hay algunos artículos que considera peligrosos.
"Desafortunadamente ciertas cláusulas de la ley hacen temer que no se respeten algunos derechos fundamentales que ésta busca garantizar", agregó el organismo en un comunicado.
(Reporte adicional de Patricio Vivas; Editado por Silene Ramírez)
Fuente: Reuters
Congreso de Ecuador aprobó ley de comunicación que reduce espacios a prensa privada
El Congreso de Ecuador aprobó este viernes por amplia mayoría una ley de comunicación que regula a los medios y reduce la participación del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias de radio y TV, constató la AFP.
"Esto marca un antes y un después en la historia de la comunicación, democratiza el acceso a la información y a los medios por parte de los ciudadanos", dijo a periodistas la ministra de la Política, Betty Tola, presente en la sesión.
La iniciativa fue votada por capítulos, siendo aprobados cuatro con una votación de 108 a favor, 26 en contra y una abstención; y los tres restantes con 110 sufragios afirmativos y 25 negativos.
El texto impulsado por el movimiento Alianza País (AP), del presidente izquierdista Rafael Correa, fue aprobado cuatro años después de iniciado su trámite, ordenado por la Constitución de 2008.
La ley establece una nueva repartición de frecuencias y licencias de radio y televisión, concediendo 34% para los medios comunitarios, 33% para el sector público y 33% para los privados con fines de lucro.
El sector privado controla actualmente 85,5% de las frecuencias radiales y 71% de las televisivas, según la Superintendencia de Telecomunicaciones.
"Nunca más al monopolio de los medios", señaló el ponente de la norma, Mauro Andino, en un discurso ante el pleno.
Actualmente 18 medios están bajo control estatal tras ser confiscados a banqueros a raíz de la crisis financiera de 1999.
Asimismo, la ley crea un consejo de regulación, que restringirá la difusión de contenidos violentos, explícitamente sexuales o discriminatorios.
Esa instancia, con potestad para sancionar con multas a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones, bajo el principio de responsabilidad ulterior, estará conformada por cinco miembros: un delegado del gobierno, uno de los municipios, uno del consejo de Igualdad, uno de los organismos de control de la función pública y uno de la Defensoría del Pueblo.
Partidos opositores y algunos medios denuncian la ley como una "mordaza" a la libertad de expresión. Los asambleístas del movimiento Creo -segunda fuerza política- asistieron a la sesión con la boca tapada con pañuelos blancos y carteles con consignas como "la vida es nada si la libertad se pierde".
La prensa privada colombiana se solidarizó este viernes con la ecuatoriana, publicando un editorial conjunto en el que critica la nueva ley de medios.
"Desde hace varios años, el presidente Rafael Correa ha querido silenciar a aquella (prensa) que considera opositora", aseveraron los periódicos colombianos.
Para César Ricaurte, director de la ONG Fundamedios, la norma "no es una ley democrática, pues consagra la censura previa y el monopolio estatal sobre los medios".
El activista advirtió que los espacios comunitarios podrían ser controlados por el Estado, "ya que éste los financia, decide los contenidos y a quién dar frecuencias".
Para los medios comunitarios, la ley establece que el Estado deberá asegurar su financiación. Por aspectos como este, el texto fue apoyado por la principal organización indígena del país, la CONAIE, en la oposición.
Un artículo establece que al menos 10% del presupuesto privado para publicidad se destine a medios comunitarios.
Ricaurte también objetó la creación de un consejo de regulación
"Tendrá una fuerte presencia del Ejecutivo, con lo cual se consagra la censura previa", aseveró a la AFP.
En una consulta popular en mayo de 2011, los ecuatorianos aprobaron la creación del ente.
Andino sostuvo que la ley "se ajusta a lo que dice la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", y destacó un inciso que sanciona el "linchamiento mediático", el cual consiste en la "difusión de información concertada y publicada reiterativamente para desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública".
La ley abre igualmente la puerta a la "reversión de frecuencias" que, según Andino, fueron obtenidas por políticos "mediante chantajes a anteriores gobiernos".
Además, dispone que 60% de los contenidos televisivos corresponda a producciones hechas en Ecuador, al igual que el 50% de la música que difunden las radioestaciones. También prohíbe los anuncios publicitarios realizados en otros países.
La ley se enmarca en la disputa entre el presidente y un sector de la prensa, al que acusa de manipular la información y de llevar a cabo una campaña de desprestigio y desestabilización en su contra.
El momento álgido de esa pugna fue el juicio que el gobernante le ganó el año pasado al diario El Universo de Guayaquil, en el cual tres directivos y un exeditor de opinión fueron condenados por injuria a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares.
Sin embargo, Correa extendió un perdón judicial y la causa fue archivada.
Fuente: Agencia AFP
Por: Paúl Mena Erazo, BBC Mundo
En momentos en que en varios países de América Latina se discuten controles a los medios de comunicación, Ecuador acaba de aprobar una controversial ley que incluye la figura del "linchamiento mediático".
Después de casi cuatro años de discusión, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este viernes la Ley de Comunicación, gracias a la votación de una mayoría absoluta del oficialista Alianza País.
El nuevo texto legal establece una serie de regulaciones a medios y periodistas, a la vez que fija normativas en diversos ámbitos de la comunicación.
Y allí se inserta un castigo contra el llamado "linchamiento mediático", que a algunos les parece una restricción a la libertad de prensa.
La norma lo define como "la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación, con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica, o reducir su credibilidad pública".
Los periodistas podrán ser sancionados por cometimiento de "linchamiento mediático" mediante medidas administrativas aplicadas por una Superintendencia de la Información y Comunicación, como la publicación de disculpas en el medio de comunicación donde fue publicada "la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas".
La asambleísta oficialista Ximena Ponce dice a BBC Mundo que lo que busca esta figura legal es "proteger al ciudadano" y "parar la difusión de información que pretende de manera sistemática desprestigiar a una persona". "Esta ha sido una práctica que lamentablemente ha estado ocurriendo y frente a esto se la norma", comenta.
La Ley de Comunicación establece que la sanción administrativa aplicada al "linchamiento mediático" no excluye la posibilidad de que "los autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral". Y de allí que hay sectores en el oficialismo que plantean que tal figura próximamente sea incluida también en el Código Penal ecuatoriano.
La investigación periodística
Para periodistas como Arturo Torres, editor de Investigación de diario El Comercio, la figura del "linchamiento mediático" interrumpirá procesos periodísticos de seguimiento de temas de interés público.
"Cuando uno quiere ir más allá de la noticia, necesita hacer un seguimiento pormenorizado de un caso para ir profundizando y mostrando por qué ocurrió ese hecho, qué desencadenantes ha tenido. Muchas de las grandes investigaciones periodísticas toman meses, sino años. Recordemos el caso Watergate", señala Torres a BBC Mundo.
A Arturo Torres le preocupa la subjetividad de la figura del "linchamiento mediático" colocada en la Ley de Comunicación, la autocensura que ello puede provocar en medios de comunicación, y el hecho de que personas que cometan irregularidades puedan escudarse en esta norma para evitar el seguimiento periodístico.
En Ecuador, más allá de la Ley de Comunicación, están vigentes penas por delitos como injurias y daño moral. Y de hecho en estos últimos años periodistas ecuatorianos han sido enjuiciados al ser acusados del cometimiento de dichos delitos.
En el caso del "linchamiento mediático", la entidad que aplicará las sanciones dispuestas en la Ley de Comunicación será la Superintendencia de la Información y Comunicación, cuya máxima autoridad será nombrada por el estatal Consejo de Participación Ciudadana de una terna enviada por el presidente de la República.
Aprobación de Rafael Correa
Pero además del "linchamiento mediático", la Ley de Comunicación contiene una serie de disposiciones que buscan reconfigurar el escenario en el que se desarrolla la comunicación y el periodismo en Ecuador.
Parte de la prensa ecuatoriana ha tenido enfrentamientos con el presidente Rafael Correa.
Para la asambleísta oficialista Ximena Ponce se trata de "una ley que democratiza el uso de la palabra". "El fortalecimiento de los medios comunitarios es un avance", afirma, y añade: "Nos llena de mucha alegría poder en este momento entregar esta ley a la ciudadanía".
Sin embargo, para organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, la ley recoge buenos principios a la par de cláusulas problemáticas. "Desafortunadamente ciertas cláusulas de la ley hacen temer que no se respeten algunos derechos fundamentales que ésta busca garantizar", dice la entidad en un comunicado.
Y las reacciones de medios de prensa de la región a la ley tramitada en Ecuador no se hacen esperar. "¿Estocada a la prensa en Ecuador?", fue el título de un editorial publicado este viernes por 53 diarios de Colombia.
Ahora el cuerpo legal pasará a la Presidencia de la República antes de entrar en vigencia. Pero el presidente Rafael Correa ya señaló el sábado pasado en su programa semanal tras conocer el proyecto definitivo de la ley: "Esta ley está muy bien. Y no tengo ningún empacho en decir que nuestros compañeros asambleístas han hecho un extraordinario trabajo".
El CPJ expresa 'consternación' por la nueva Ley de Comunicación de Ecuador
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó hoy su "consternación" por la nueva Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional de Ecuador y dijo que representa un "duro golpe" a la libertad de expresión en ese país
"La aprobación de la ley de comunicación es el último paso en el deterioro de la libertad de prensa en Ecuador registrado durante la presidencia de Rafael Correa", afirmó en un comunicado el coordinador para las Américas del CPJ, Carlos Lauría.
La Asamblea Nacional, dominada por la gobernante Alianza País, aprobó hoy la Ley de Comunicación, que la oposición califica de "ley mordaza", mientras que el oficialismo la defiende como instrumento para frenar abusos cometidos por ciertos sectores de la prensa.
La nueva normativa establece la regulación de los contenidos editoriales y otorga a las autoridades la capacidad de imponer sanciones arbitrarias y censurar a la prensa, según la organización de defensa de la libertad de prensa con sede en Nueva York.
"Las disposiciones restrictivas y el lenguaje ambiguo contradicen garantías constitucionales y normas internacionales sobre libertad de expresión", añadió Lauría, quien denunció que amenaza el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre "temas delicados".
El responsable para las Américas del CPJ consideró que con esta nueva normativa, que venía debatiéndose desde el año 2009, el Ejecutivo de Rafael Correa busca "amordazar a los críticos de su gobierno".
"Al interrumpir programas de noticias en medios privados para imponer el punto de vista oficial, promover medidas legales restrictivas, lanzar campañas de desprestigio contra los críticos y enjuiciar a periodistas por difamación, la administración Correa ha conducido a Ecuador a una etapa de represión generalizada", añadió.
Entre las novedades de la ley está la figura del "linchamiento mediático", que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.
También crea la Superintendencia de Información y Comunicación, órgano que se encargará de la "vigilancia, auditoría, intervención y control" y tendrá "capacidad sancionatoria" sobre la actuación de medios de comunicación.
"Hoy es un día fúnebre para el Ecuador. Hoy en la Asamblea Nacional se firma el acta de defunción de la libertad de expresión. Vamos camino a la consolidación de un régimen fascista", escribió el asambleísta de oposición Andrés Páez en su cuenta de Twitter.
Fuente: Agencia EFE
Comunicado de Human Rights Watch
Ecuador debe terminar con sus ataques a la libre expresión
La Ley Orgánica de Comunicación abre la puerta a la censura y a juicios contra periodistas
La Ley Orgánica de Comunicación que la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 14 de junio de 2013 debilita gravemente la libertad de expresión en el país, señaló hoy Human Rights Watch. La ley incluye un lenguaje excesivamente amplio que limitará la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación.
El gobierno había propuesto una Ley Orgánica de Comunicación en 2009, pero no logró su aprobación ante la oposición en la Asamblea Nacional. La nueva Asamblea Nacional, que en mayo quedó conformada con mayoría de miembros pertenecientes al partido político del Presidente Rafael Correa, aprobó una versión modificada del proyecto original.
"Esta ley es un intento más del Presidente Correa de perseguir a los medios independientes", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Las disposiciones que favorecen la censura y los juicios penales contra periodistas constituyen claros intentos por silenciar las críticas".
La ley, que se aplica tanto a la prensa escrita como a los medios de radio y televisión, incluye las siguientes disposiciones problemáticas:
· Prohíbe el llamado "linchamiento mediático" que se define como "la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación, destinada a desprestigiar" a una persona natural o jurídica o a "reducir su credibilidad pública". Esta disposición permitiría a las autoridades ordenar que un medio de comunicación se disculpe públicamente por sus expresiones, y establece que la justicia también puede imponerles sanciones penales y civiles.
· Exige que los medios de comunicación expidan sus propios códigos deontológicos a fin de "mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional" que deben considerar ciertas normas mínimas como "respetar la honra y la reputación de las personas". Si bien este tipo de autorregulación no constituye un problema en sí mismo, la ley establece que cualquier ciudadano u organización puede denunciar que un medio de comunicación ha violado las normas mínimas, y permite a las autoridades emitir una amonestación escrita, o bien imponer sanciones.
· La norma establece también que los periodistas deben "asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado". Quienes no cumplan con esta responsabilidad podrían también estar sujetos a sanciones civiles, penales o de otra índole.
Desde hace tiempo, organismos internacionales de los sistemas de derechos humanos interamericano, europeo y de Naciones Unidas critican el uso de acciones penales contra medios de comunicación que presentan críticas a funcionarios públicos, por considerar que el uso del derecho penal en estos casos es contrario al interés por promover el debate público dinámico e indispensable en una sociedad democrática. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que la protección de la reputación de los funcionarios públicos debe estar garantizada solo mediante la imposición de sanciones civiles.
La nueva ley también abre la puerta a la censura, señaló Human Rights Watch. La norma establece que las personas tienen derecho a recibir información de relevancia pública "verificada, contrastada, precisa y contextualizada". De manera similar, el artículo 18 de la Constitución de Ecuador dispone que las personas tienen derecho a recibir información "veraz" y "verificada".
Esto se contrapone abiertamente con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que establece que "[c]ondicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales".
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe expresamente la censura previa y la Declaración de Principios dispone que: "La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión".
"Otorgar al gobierno la facultad de decidir si la información es 'veraz' o no abre la puerta a la censura ilegítima", afirmó Vivanco. "Esta es una disposición especialmente alarmante en un país donde el presidente se ha caracterizado por utilizar sus atribuciones para atacar a quienes lo critican a través de la prensa".