Por: Martín Becerra | @aracalacana
Uno de los varios mensajes que envió por Twitter la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 5 de enero pasó desapercibido: “la Ley de Medios está suspendida desde hace cuatro años: el período completo de un presidente, un gobernador o un legislador”, sentenció. Si bien aún no son cuatro años, es posible que los efectos buscados por la Presidenta con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en octubre de 2009 recién inicien una conflictiva activación en plenas elecciones parlamentarias de 2013.
Para el Gobierno los dos artículos suspendidos cautelarmente a favor del grupo Clarín lo eximen de la laboriosa obligación de aplicar el resto de una ley que el kirchnerismo promovió tras su divorcio con el conglomerado y que acompañó un importante sector de la sociedad que considera que tanto la posición dominante de los grupos concentrados como el abuso de recursos públicos por parte del Gobierno agreden el derecho a la comunicación. Es decir, el Gobierno declaró el Estado de excepción a lo dispuesto por la Ley de Medios en sus 164 artículos no suspendidos hasta que la Corte Suprema avale la constitucionalidad de los dos artículos que le interesan y que ya determinó el juez de primera instancia, Horacio Alfonso. Los 164 artículos de la norma audiovisual que en su mayoría se incumplen son un daño colateral de la guerra con Clarín.
Así, cuando el Gobierno proclama que el conjunto de la ley está suspendido, reconoce que su política de medios desde 2009 estuvo al servicio de la guerra, con métodos propios de excepcionalidad bélica antes que adscriptos a la legalidad votada por el Congreso. Un sumario de la excepcionalidad lo conforman la resistencia para la plena integración del directorio de la autoridad de aplicación de la ley (AFSCA) con las fuerzas de oposición (parte de la responsabilidad es de la oposición que entre 2009 y 2011 controló el Congreso, encargado de nominar a tres directores de la AFSCA); el uso de espacios de los medios gestionados por el Estado para denostar cualquier opinión que no replique mecánicamente las consignas que propagandizan productoras contratadas por el Gobierno y que contradice su mandato de pluralismo; las señales otorgadas en televisión digital a algunos empresarios y a un sindicalista prescindiendo de la exigencia de la ley de realizar concursos públicos y de definir previamente el plan técnico de frecuencias; la falta de transparencia respecto de quiénes son los licenciatarios de radio y televisión y de información acerca de cuánta publicidad oficial reciben. El oficialismo tampoco concretó artículos que podrían molestar al grupo Clarín, como la tarifa social que deberían brindar los operadores de cable a los sectores de menores recursos. Tampoco alteró significativamente la falta de competencia en el mercado de cable, que encuentra su origen en la autorización de Néstor Kirchner para que Clarín fusione Cablevisión y Multicanal en 2007.
La semana pasada la Cámara Civil y Comercial habilitó la feria judicial para tratar los dos artículos de la ley suspendidos. Los antecedentes de los camaristas y sus propios fallos cuestionan la imparcialidad en la evaluación de la causa hasta que la Corte Suprema –posiblemente en plena campaña electoral 2013– intervenga. La guerra directa que incluyó batallas como las de Papel Prensa, el proceso de adopción de Marcela y Felipe Noble Herrera o la desautorización para que opere Fibertel, deriva en una suerte de foquismo judicial al que le seguirá una guerrilla administrativa tras la intervención de la Corte. Todo el proceso de adecuación será una intensa guerra de guerrillas.
Al indicar que hasta que no se destraben los dos artículos en litigio no habrá aplicación del resto de la ley, la Presidenta reconoce que su táctica en esta guerra no admite dispersión de recursos. Tanto para el Gobierno como para el grupo Clarín el clima bélico es fermento de una cultura que concentra todo esfuerzo en el frente de batalla y que no repara en daños colaterales. El olvido de los sectores sin fines de lucro como destinatarios centrales de la política de medios es un daño colateral, como lo es la artillería reaccionaria (en sentido literal: que opera como reflejo reactivo) de su ciclo político estelar. La genuina pregunta acerca de por qué el Gobierno no aplicó otros artículos de la Ley de Medios que podrían haber mermado la posición dominante de Clarín en estos años halla respuesta en la concepción de la guerra que coprotagoniza. Asimismo, para la conducción del grupo Clarín, el Gobierno es una coartada que atenúa la contradicción entre narrar el interés de “la gente” y su posición dominante en un sector doblemente significativo (por lo económico y lo simbólico) como el de los medios de comunicación.
La guerra demanda un férreo control ideológico. La discrepancia equivale a herejía, a infiltración enemiga, de allí que los contendientes sobreactúen verticalismo. La guerra requiere justificadores de lo anómalo: la ilusión de que el mundo se divide en buenos y malos requiere una pedagogía de repetición maniquea y de endogamia. Además, en la guerra florecen negocios asociados a la provisión de armamento, municiones e inyecciones cargadas de rencor, al sostenimiento del ánimo de la tropa, a la movilización extraordinaria de organizaciones vastas y complejas. La gloria de los generales está ligada a que la guerra se perpetúe, no a que finalice. La victoria para el generalato es efímera, es la levedad de un instante. Vociferan que ansían la cabeza del enemigo, pero mientras tengan enemigo habrá guerra. Y con la guerra, empleo.
Pero en el segundo semestre de 2013 la guerra habrá mutado en foquismo, en la multiplicación de focos de conflicto con sede administrativa, judicial, con diseminación territorial y con liderazgos ascendentes con la mira en 2015. Los atributos para el foquismo son diferentes a los que exige la guerra. Acostumbrados al lenguaje binario del frente de batalla, el foquismo representa un desafío. La guerra de estos años, para quienes tomaron al enemigo como coartada, podrá resultar, incluso, añorable.
*Especialista en medios
Fuente: Diario Perfil
