La Corte Suprema de Justicia recibió el pedido del Gobierno de avocarse a la causa sobre la constitucionalidad de la ley de medios, sancionada hace tres años y bloqueada desde entonces por una medida cautelar
La presentación ante el máximo tribunal se realizo este mediodía poco después de que el ministro de Justicia, Julio Alak, justificara la decisión en la “gravedad institucional” de la demora que implica la prorroga indefinida de la cautelar.
El escrito fue firmado por el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Abal Medina y es patrocinado por la Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, jefa de los abogados del Estado. El pedido ingresó por Mesa de Entradas a las 13.20 bajo el número de registro E 300/2012 PVA (presentaciones varias).
Fuentes judiciales dijeron que en este segundo pedido de per saltum, el gobierno manifestó su “agravio” por aspectos del fallo del juez de primera instancia Horacio Alfonso, quien el viernes pasado declaró la constitucionalidad plena de los artículos 161 y 45 de la ley, objetados por Clarín.
En este aval, Alfonso también aceptó la legitimación del grupo como parte de la querella objetada por el Estado dado que, pese a poseer 236 licencias, ninguna figura bajo esa denominación sino a nombre de Cablevisión y otras empresas del multimedio.
El per saltum fue sancionado hace un mes por el Congreso y establece que la Corte Suprema “podrá rechazar el recurso sin más trámite si no se observaren prima facie los requisitos para su procedencia”.
El diputado del GEN-FAP, Gerardo Milman, dijo que “resulta increíble para los argentinos que la gravedad institucional en la Argentina sean los 2 artículos de la Ley de Medios cuestionados y no la inseguridad y la inflación”.
La Corte debe resolver, en primera instancia, si acepta o no el “salto de instancia” pedido por el gobierno. La semana pasada, la Corte rechazó un primer per saltum del Gobierno sobre la decisión de la Cámara de extender la medida cautelar que suspende la aplicación de esos dos artículos para el Grupo Clarín.
En caso afirmativo, deberá pedirle dictamen a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y luego dictar un fallo definitivo sobre la validez o no de la norma en los artículos referidos a la cantidad de licencias permitidas para cada grupo económico y la desinversión de carácter retroactivo que establece el artículo 161 para las señales excedentes.
“Nadie puede negar que esta causa es de gravedad institucional, que excede el interés de las dos partes e involucra a toda la sociedad”, fundamentó el ministro Alak.
Grupo Clarín refutó a Alak y dijo volvió a incurrir “en falsedades” respecto del multimedio y de la causa sobre la Ley de Medios
Al anunciar el segundo pedido de per saltum en pocos días, el Ministro de Justicia Julio Alak volvió a incurrir en falsedades respecto del Grupo Clarín y de la causa sobre la Ley de Medios
El ministro insistió en que el fallo de la Corte del 22 de mayo no contemplaba la posibilidad de extender la medida cautelar. Por el contrario, el fallo dice expresamente que el plazo de la cautelar puede ser “revisado”.
A lo largo de todo este juicio el Estado incurrió en maniobras dilatorias, que se exacerbaron una vez que la causa estuvo lista para sentencia. Así, desde setiembre el Gobierno lanzó una inusitada campaña de amenazas y presiones contra la Justicia, buscando correr a todos los jueces que debían tomar decisiones en la misma.
El ministro también sostuvo que el Grupo Clarín impidió que la ley se aplicara en “todo el ámbito de la República”. Otra falsedad absoluta. La Ley de Medios está vigente, y de los 166 artículos que la componen, la Justicia está estudiando la presunta inconstitucionalidad de dos de ellos. Los 164 restantes se encuentran vigentes y el Grupo Clarín fue el primero en cumplirlos. Por el contrario, el Gobierno es quien dilata la aplicación de la ley al resto de los grupos mediáticos. El Gobierno es quien decidió postergar en varias oportunidades la licitación de nuevas frecuencias y la ejecución de numerosos artículos. La causa tramitada por el Grupo Clarín no tiene nada que ver con esto.
En el colmo del disparate, el ministro sostuvo que el Grupo Clarín no tiene legitimación para actuar en la causa, aduciendo que “no es titular de ninguna licencia ni señal de radiodifusión. Tampoco es accionista ni socio de compañías que sean titulares de licencias”. Bajo este absurdo, habría que preguntarle al Ministro cómo entonces el Gobierno acusa al Grupo Clarín de incumplir la ley o de objetarla judicialmente. También debería responder por qué el Estado le cobra las tasas por las licencias que explota, o por qué el titular del AFSCA se hizo presente en la sede del Grupo Clarín para notificarle ilegalmente el inicio de un procedimiento que viola expresas decisiones judiciales.
Salvo que, como sucede con otros grupos mediáticos, el Gobierno desconociera la titularidad de los medios que él mismo regula.
Finalmente, Alak sostuvo que la ley respeta la Constitución y los tratados internacionales. Sin embargo, los artículos cuestionados demuestran lo contrario.
Se vulnera la libertad de expresión y otros derechos constitucionales al desconocer las licencias de medios independientes, quitarle sustentabilidad a los mismos, favorecer a los grupos paraestatales y restringir a los medios de libre creación que no usan espectro radioeléctrico.
Así se afectan los derechos de libertad de expresión (artículos 14 y 32 Constitución Nacional), igualdad (16), legalidad (18), propiedad (17), competencia (42), y los tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe restringir la libre expresión por vías indirectas.
Eugenio Zaffaroni: “No me está presionando nadie”
El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni afirmó ayer que “no me está presionando nadie” en la causa por la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios.
Al ser consultado en radio Del Plata sobre si era cierto que el Gobierno presiona a la Corte para una definición inmediata en el tema Ley de Medios, respondió: “Para mí el gobierno es una parte más y yo decido lo que creo correcto, y me podré equivocar. Alguien me puede amenazar cuando tiene algo para hacerlo, pero no hay amenaza posible, ni me está presionando nadie”.
Zaffaroni dijo que no hay presiones del Gobierno, a pesar de que el 7 de diciembre la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, un organismo que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que agrupa a las asociaciones de jueces de todo el país, denunció una “agresión institucional” al Poder Judicial y exigió al Gobierno que evite “el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces”. Esa comisión representa a toda la justicia argentina en sus niveles nacional y provinciales.
Está presidida por las juezas de la Corte Elena Highton y Carmen Argibay e integrada por la Junta de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). Los presidentes de esos órganos son, respectivamente, el titular del Tribunal Superior de Justicia porteño, Luis Lozano, y los camaristas Luis María Cabral y Víctor María Vélez. Esto significa que la Justicia esta vez se manifestó en bloque, sin fisuras.
Fuente: Agencia TelAm y DyN
