Por: Juan Manuel Cocco, especial para El Telégrafo
No promete ser un día cualquiera. El 7 de diciembre se ha convertido en una fecha simbólica en la Argentina. En concreto, es el día en que entrará en vigencia plena la reciente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), según una sentencia dictada en mayo de 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la fecha límite para que los propietarios de medios presenten en forma voluntaria un plan de adecuación a esa norma.
Sin embargo, el llamado 7D tiene más aristas. La principal es el enfrentamiento que desde hace cuatro años mantienen el gobierno argentino y el crítico Grupo Clarín, uno de los multimedios más grandes de América Latina.Los que apoyan la ley promulgada el 10 de octubre de 2010 argumentan que democratizará los medios de comunicación en la Argentina y finalizará con el monopolio que, afirman, representa Clarín. Los que rechazan la norma critican que sólo ha sido diseñada para desmembrar a Clarín y que derivará en una mayor concentración de medios de comunicación afines al gobierno.
En general, el espíritu de la norma no es cuestionado ya que viene a reemplazar una Ley de Radiodifusión dictada durante la última dictadura militar argentina, en 1980. Pero uno de los 166 artículos de la nueva norma es el que ha motorizado una batalla judicial. Se trata del 161, que impone un plazo de adecuación al artículo 45 que regula la cantidad de licencias autorizadas. “A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración”, según el texto de la ley.
La ejecución del artículo 45 reducirá de 237 a 24 las licencias a nivel nacional de Clarín, según un informe oficial. La ley también ordena a otros grupos empresarios, entre estos proveedores de servicios públicos, a desprenderse de medios. Este artículo se combina con el mencionado 161, llamado cláusula de desinversión, que dio un año a los licenciatarios para cumplir con la norma, a partir de que se establecieran los mecanismos de transición.
Esos mecanismos están a cargo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), brazo operativo de la ley. Pero cuatro sentencias judiciales han bloqueado la aplicación plena que reclama el gobierno de Cristina Fernández. El primero de esos fallos fue dictado en diciembre de 2009 por la justicia federal, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín que argumentó que la norma lesiona los derechos de propiedad y adquiridos.
Sin embargo, el 22 de mayo de este año la Corte Suprema de Justicia sentenció una fecha de caducidad para la medida cautelar. “A partir del 7 de diciembre vence la suspensión del artículo 161 de la ley 26.522”, dictó el máximo tribunal, según el fallo al que tuvo acceso El Telégrafo. El 27 de noviembre, la Corte rechazó un pedido de prórroga cautelar y ordenó al juez federal a cargo de la causa a dictar sentencia en forma inmediata.
El 7D quedó entonces confirmado como fecha límite para la aplicación de la ley. ¿Qué ocurrirá ese día o el lunes siguiente? Parte del dramatismo estriba, precisamente, en que persiste ese interrogante. Uno de los puntos clave a tener en cuenta está en la reglamentación de la ley, contenida en el Decreto 1225 de agosto de 2010. En lo que se refiere al artículo 161, ordena que la adecuación a la norma se puede realizar voluntariamente, pero contempla Transferencias de Oficio, en caso de que los titulares de las licencias “no dieran cumplimiento a las disposiciones de la Ley”.
El martes 4 de diciembre el Gobierno reglamentó las Transferencias de Oficio y el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, dijo que esperará hasta la medianoche del 7 de diciembre para que los propietarios presenten su plan de adecuación voluntaria. El funcionario precisó que 14 de los 21 grupos que deben presentar un plan para ceñirse a la ley, ya lo hicieron.
Corre tiempo de descuento para los siete restantes.
El 7D es la fecha límite para que los licenciatarios se adecuen a la normativa. Por este motivo, el Gobierno ya está listo para actuar de oficio y reasignar las licencias excedentes, entre estas las del Grupo Clarín. Pero el holding ha indicado que cumple con la normativa y que ese día no debería suceder nada porque el año de plazo establecido en el artículo 161 comenzará a regir desde el 7D, es decir hasta diciembre de 2013.
La atención estará puesta en la decisión que tomará el gobierno el lunes siguiente al 7D, pero para conocer el desenlace de este largo derrotero judicial habrá que esperar hasta entonces. Al fin y al cabo, como solía citar a Aristóteles el tres veces presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón, “la única verdad es la realidad”.
Fuente: Diario El Telégrafo, Ecuador