El grupo Clarín denunció penalmente por "incitación a la violencia y coacción agravada" a funcionarios nacionales, legisladores, agrupaciones sociales y políticas y hasta periodistas, en una nueva embestida judicial a dos semanas de la llegada del 7 de diciembre, día en que entra en plena vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La acción penal fue interpuesta por los abogados del Grupo el jueves pasado, y a través de un escrito de 35 páginas acusa por el supuesto delito de incitar "a la violencia colectiva" contra sus directivos a funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, a quien describen como el "recientemente nombrado para la ejecución de la Ley de Medios".
También, y en base a recortes tergiversados de declaraciones, en la cruzada de Clarín contra la plena aplicación de la Ley de Medios apuntó contra al jefe del bloque de legisladores porteños del FpV, Juan Cabandié, y contra el diputado nacional Edgardo Depetri.
La acusación incluye también a "los integrantes de las agrupaciones de La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita".
Tiempo Argentino
Como si fuera poco, la embestida del grupo liderado por Héctor Magnetto abarca además al periodista Roberto Caballero, director y fundador de Tiempo Argentino, y a sus colegas Sandra Russo y Javier Vicente.
La presentación del abogado del Grupo Clarín José María Sáenz Valiente, "juntamente con sus letrados patrocinantes Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada", intenta instalar una vez más que el monopolio mediático es víctima de presiones al tener que adecuarse a lo que dicta la ley de Medios a partir del 7 de diciembre.
A Caballero, por caso, lo acusan de ser uno de los "instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio tanto del Grupo Clarín como sus directivos en particular".
En el mismo escrito, los abogados que representan al Grupo de Magnetto estiman que "los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de coacción agravada", prevista en el artículo 149 bis del Código Penal, segundo apartado, que expresa: "será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".
6,7,8
La intentona amenazante de Clarín contra, por ejemplo Caballero, se fundamente en un textual extraído de su participación en el programa 6,7,8 de la Televisión Pública del 4 de octubre último en relación a la protesta de Prefectos y Gendarmes que, según adujeron los voceros de los uniformados, se originó en los graves errores que sufrieron en la liquidación de sus haberes.
En esa oportunidad, el fundador de Tiempo Argentino opinó que la protesta se enmarcaba en "un intento de desestabilización", y explicó que "forma parte de una estrategia de incendio de la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre".
La denuncia penal, que se tramita en la causa 12383/2012, recayó en el Juzgado Federal 9, a cargo del magistrado Luis Rodríguez, e incluye a la periodista de Página/12 y panelista de 6,7,8, Sandra Russo, por las mismas causas que Caballero: opinar en televisión.
Fútbol para Todos
Lo mismo sucede con el periodista deportivo y relator de Fútbol para Todos, Javier Vicente, a quien acusan por el "delito" de decir, en medio de un partido: "Esto es Fútbol para Todos, para el parcial Estudiantes 0 - Quilmes 0. Fútbol para todos, el mejor antídoto a la cadena del miedo y del desánimo".
Extensión
La presentación contra funcionarios y periodistas se suma a la realizada el mismo jueves 22 de noviembre por el Grupo Clarín ante la Corte Suprema de Justicia, en el que pidió que se disponga la extensión de la medida cautelar que vence el 7 de diciembre.
Sabbatella
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, calificó de "autoritaria e intolerante" la denuncia propiciada por el Grupo Clarín contra periodistas, agrupaciones sociales, y funcionarios, que cuestionaron la postura de ese holding por no querer adecuarse a la Ley de medios.
"Hasta hoy no conocía la denuncia ni recibí ningún tipo de notificación. Me enteré esta mañana (ayer) por los medios, y no por los del grupo denunciante", afirmó.
Fuente: Agencia TelAm
Repudio al ataque del Grupo Clarín a la libertad de expresión de periodistas
Los directores, periodistas, operadores, productores y trabajadores de Radio Nacional manifestamos nuestro más firme repudio a la persecución penal por parte del Grupo Clarín de los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente por criticar las prácticas monopólicas y antidemocráticas de este grupo, que no ceja en perseguir, amedrentar y mentir para conservar sus privilegios ante la inminente puesta en marcha de la Ley de Medios de la Democracia. Una vez más, Clarín viola la verdadera libertad de expresión y atenta contra ella al intentar encarcelar a periodistas que piensan distinto. No pasarán en este nuevo intento de callar el avance de una ley que nos hará más libres a todos los argentinos.
Solicitada de Comunicadores de la Argentina
COMUNA rechaza por inconstitucional y antidemocrática la acción del grupo empresario Clarín, que presentó una denuncia penal contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente por opinar a favor de la aplicación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prevé la desmonopolización y democratización de la comunicación en nuestro país. El Grupo Clarín imputa a los periodistas “instigación a la violencia”, lo que significa pedir para ellos cárcel entre tres y seis años, y acusa también a funcionarios, legisladores y dirigentes políticos que no comulgan con los propósitos de la empresa. El Grupo Clarín, que supo ser cómplice de la genocida dictadura cívico-militar, considera un delito la libertad de expresión de los periodistas que no defienden sus intereses. COMUNA se solidariza con los periodistas amenazados por la acción de una empresa que promueve el silenciamiento y la censura ahora por vía judicial. COMUNA vuelve a abogar por la aplicación completa, sin excepciones, de las leyes de la democracia, que deben ser cumplidas por todos.
Adhesiones: solicitada2611@gmail.com
El CELS asumirá la defensa de los periodistas denunciados por el Grupo Clarín
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunciará mañana que asumirá la defensa de los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone, quienes fueron denunciados penalmente por el Grupo Clarín por "incitación a la violencia colectiva y por coacción agravada".
La decisión fue difundida por medio de un comunicado de prensa firmado por su presidente, Horacio Verbitsky; su secretario, Damián Loreti, y su director ejecutivo, Gastón Chillier, en el cual se informa que mañana se hará una conferencia a las 17 en su sede ubicada en Piedras 547.
El CELS afirmó que "no es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que si proviene del Estado", dado que "para una y otro rige la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 13, exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión".
Por este motivo, el CELS -que ha representado a Eduardo Kimel, Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en causas iniciadas por funcionarios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo- "hará lo propio ahora con los periodistas a los que el Grupo Clarín pretende intimidar por afirmaciones hechas en ejercicio de derechos constitucionales indiscutibles".
En ese sentido, la organización de derechos humanos agrega que "como han sido suprimidas las figuras de calumnias e injurias en un caso de ostensible interés público, acuden a dos tipos del Código Penal que no fueron concebidos para reprimir el pensamiento y la expresión, lo cual resalta el absurdo de la intención persecutoria".
Fuente: Agencia TelAm
Repudio al ataque del Grupo Clarín a la libertad de expresión de periodistas
Los directores, periodistas, operadores, productores y trabajadores de Radio Nacional manifestamos nuestro más firme repudio a la persecución penal por parte del Grupo Clarín de los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente por criticar las prácticas monopólicas y antidemocráticas de este grupo, que no ceja en perseguir, amedrentar y mentir para conservar sus privilegios ante la inminente puesta en marcha de la Ley de Medios de la Democracia. Una vez más, Clarín viola la verdadera libertad de expresión y atenta contra ella al intentar encarcelar a periodistas que piensan distinto. No pasarán en este nuevo intento de callar el avance de una ley que nos hará más libres a todos los argentinos.
Solicitada de Comunicadores de la Argentina
COMUNA rechaza por inconstitucional y antidemocrática la acción del grupo empresario Clarín, que presentó una denuncia penal contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente por opinar a favor de la aplicación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prevé la desmonopolización y democratización de la comunicación en nuestro país. El Grupo Clarín imputa a los periodistas “instigación a la violencia”, lo que significa pedir para ellos cárcel entre tres y seis años, y acusa también a funcionarios, legisladores y dirigentes políticos que no comulgan con los propósitos de la empresa. El Grupo Clarín, que supo ser cómplice de la genocida dictadura cívico-militar, considera un delito la libertad de expresión de los periodistas que no defienden sus intereses. COMUNA se solidariza con los periodistas amenazados por la acción de una empresa que promueve el silenciamiento y la censura ahora por vía judicial. COMUNA vuelve a abogar por la aplicación completa, sin excepciones, de las leyes de la democracia, que deben ser cumplidas por todos.
Adhesiones: solicitada2611@gmail.com
El CELS asumirá la defensa de los periodistas denunciados por el Grupo Clarín
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunciará mañana que asumirá la defensa de los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone, quienes fueron denunciados penalmente por el Grupo Clarín por "incitación a la violencia colectiva y por coacción agravada".
La decisión fue difundida por medio de un comunicado de prensa firmado por su presidente, Horacio Verbitsky; su secretario, Damián Loreti, y su director ejecutivo, Gastón Chillier, en el cual se informa que mañana se hará una conferencia a las 17 en su sede ubicada en Piedras 547.
El CELS afirmó que "no es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que si proviene del Estado", dado que "para una y otro rige la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 13, exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión".
Por este motivo, el CELS -que ha representado a Eduardo Kimel, Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en causas iniciadas por funcionarios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo- "hará lo propio ahora con los periodistas a los que el Grupo Clarín pretende intimidar por afirmaciones hechas en ejercicio de derechos constitucionales indiscutibles".
En ese sentido, la organización de derechos humanos agrega que "como han sido suprimidas las figuras de calumnias e injurias en un caso de ostensible interés público, acuden a dos tipos del Código Penal que no fueron concebidos para reprimir el pensamiento y la expresión, lo cual resalta el absurdo de la intención persecutoria".
Fuente: Agencia TelAm