A través un comunicado publicado en su página Web, CERTAL dice ser una entidad "absolutamente independiente de cualquier interés empresario", aunque reconoce que su financiamiento proveniente de "aportes que realizan los diversos sponsors", entre ellos "más de 50 empresas vinculadas a la industria de la comunicación", muchas de ellas pertenecientes al grupo Clarín.
La noticia se conoce un día después de que el Poder Ejecutivo presentara una denuncia penal por el supuesto delito de "recepción de dádivas", contra el magistrado De las Carreras por aceptar una invitación al congreso que contaba entre sus sponsors a Cablevisión, empresa del Grupo Clarín.
Ayer, el ministro de Justicia Julio Alak dijo que la conducta del juez De las Carreras "no es una irregularidad ética sino que configura un hecho penal, que contempla penas de entre 4 y 12 años de prisión".
El magistrado intentó una desmentida que no hizo más que confirmar la denuncia. En un escrito de cuatro páginas intentó desligar al multimedios y señaló que concurrió a la reunión en Miami invitado, con gastos pagos, por el Centro de Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (CERTAL), que a su vez ahora reconoce estar financiado por el multimedio.
En el caso particular de la Cumbre en Miami, la misma fue auspiciada, entre otros, por Cablevisión; la empresa más fuerte del multimedios argentino, y por la empresa CAPSA, cuyo principal directivo es Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín.
Entre los integrantes de CERTAL también figura, como "director titular" Hernán Verdaguer, gerente de Asuntos Regulatorios del Grupo Clarín y, a su vez, director titular del Consejo Directivo de la organización.
Otro caso representativo de la incidencia del multimedios en esa organización es el del presidente de la Comisión de Piratería de esa entidad, Santiago Piris, quien en las notas subidas al propio portal del Centro aparece sindicado como "abogado-Cablevisión".
Otro vínculo entre Clarín y CERTAL, la entidad que financió el viaje de De las Carreras, es Walter Burzaco, quien figura en la comisión de Asuntos Públicos y Regulación, como director.
Burzaco preside la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) que tiene como función la representación institucional de las empresas y otras asociaciones que conforman la industria del cable argentino. De allí su estrecho vínculo con ARTEAR y la productora PRAMER, empresas del rubro audiovisual que domina el Grupo Clarín.
De las Carreras interviene en la demanda por inconstitucionalidad del artículo 161 de la ley de Medios interpuesta por el Grupo Clarín, ya falló en distintas oportunidades a favor de los intereses del multimedio, y tiene actualmente en estudio la prórroga de la medida cautelar que mantiene suspendida la vigencia plena de esa norma.
CERTAL a la opinión pública
Ante las diversas manifestaciones formuladas en medios periodísticos argentinos relacionando al Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL) con un importante grupo de comunicación de ese país, informamos a la opinión pública en general que CERTAL es un Centro de Estudios nacido en Uruguay, sin fines de lucro y absolutamente independiente de cualquier interés empresario, teniendo por objetivo principal el análisis e investigación del mercado de las telecomunicaciones y el desarrollo de la Sociedad de la Información en América Latina
Con tal objetivo, CERTAL promueve el debate y la reflexión entre los diversos actores públicos y privados de la industria de las telecomunicaciones, generando encuentros y jornadas de trabajo en los diversos países de la región.CERTAL se encuentra integrado por destacados profesionales de las diversas ramas de las telecomunicaciones, por actores de la justicia y la política, catedráticos internacionales, ex-presidentes y empresarios de primera línea de la industria audiovisual latinoamericana. Su principal fuente de financiamiento son los aportes que realizan los diversos sponsors que patrocinan los eventos que se realizan, existiendo a la fecha más de 50 empresas vinculadas a la industria de la comunicación en todo el mundo que colaboran con nuestra organización para el logro de sus fines.
También, las especulaciones efectuadas a nuestra Coordinadora General en Argentina, Ana Recondo, carecen de fundamento y veracidad. La misma colabora “ad honorem” con nuestro Centro de Estudios desde el mes de julio de 2012, y no tuvo ninguna participación en la Cumbre realizada en el mes de mayo en la ciudad de Miami, EEUU. Bajo esas circunstancias, cabe destacar que la foto publicada en algunos medios corresponde a las Jornadas Internacionales organizadas por ATVC y CAPPSA, en septiembre de este año en la Ciudad de Buenos Aires.
CERTAL continuará promoviendo la defensa de la libertad de expresión y los valores democráticos en la industria de la comunicación de todo el continente, con absoluta independencia económica y política, sujetándose únicamente a los objetivos y principios que dieron origen a su fundación.
Una larga red de vínculos del grupo Clarín y la Justicia se conocieron poco antes del 7D
El viaje del camarista Horacio de las Carreras a la III Cumbre de CERTAL, en la que confluyeron magistrados latinoamericanos y representantes de distintos medios privados de la región, dejó en evidencia una larga red de vínculos entre el Grupo Clarín y algunos de los jueces que tiene que decidir sobre la Ley de Medios
La revelación de estos vínculos se produjo cuando faltan pocas semanas para el 7 de diciembre, fecha límite fijada por la Corte Suprema de Justicia para la adecuación a la normativa por parte de los medios que exceden la cantidad de licencias permitidas.
El artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la que establece la adecuación, por lo que el Grupo Clarín presentó una medida cautelar y hasta denunció la “inconstitucionalidad” de la norma sancionada por el Congreso hace tres años.
En relación al vínculo entre el magistrado y el Grupo Clarín, el gobierno denunció que De las Carreras, integrante de la Sala I de la cámara Civil y Comercial que debe intervenir en los pedidos de inconstitucionalidad del Grupo Clarín, participó de la cumbre de mayo de este año invitado por la empresa.
El magistrado intentó una desmentida que no hizo más que confirmar la denuncia: en un escrito de cuatro páginas intentó desligar al multimedios y señaló que concurrió a la Cumbre invitado, con gastos pagos, por el Centro de Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (CERTAL).
A pesar de que CERTAL se presenta como un centro de estudios “independiente”, entre sus directivos figuran varias de las autoridades del Grupo Clarín, entre otros grandes grupos de medios latinoamericanos.
En el caso de la Cumbre, además, fue auspiciada, entre otros, por Cablevisión; la empresa más fuerte del multimedios argentino, y por la empresa CAPSA, cuyo principal directivo es Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín.
Entre los integrantes de CERTAL también figura, entre los “director titular” Hernán Verdaguer, gerente de Asuntos Regulatorios del Grupo Clarín y, a su vez, director titular del Consejo Directivo de la organización.
Otro caso representativo de la incidencia del multimedios en esa organización es el del presidente de la Comisión de Piratería de esa entidad, Santiago Piris, quien en las notas subidas al propio portal del Centro aparece sindicado como “abogado-Cablevisión”.
Otro vínculo entre Clarín y CERTAL, la entidad que financió el viaje de De las Carreras, es Walter Burzaco, quien figura en la comisión de Asuntos Públicos y Regulación, como director.
Burzaco preside la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) que tiene como función la representación institucional de las empresas y otras asociaciones que conforman la industria del cable argentino: de allí su estrecho vínculo con ARTEAR y la productora PRAMER, empresas del rubro audiovisual que domina el Grupo Clarín.
En CERTAL coinciden, además, todos estos empresarios con la Coordinadora General para la Argentina es la hija del camarista y consejero de la Magistratura Ricardo Recondo.
Recondo, por su parte, fue uno de los principales oradores de la cumbre y sobre él pesa la sospecha de haber impulsado la designación a dedo de los jueces subrogantes en el juzgado Civil y Comercial donde radican las denuncias de Clarín contra la ley de medios.
A todas estas conexiones, el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes, quien también integra el Consejo de la Magistratura, agregó en la última semana que "el presidente del capítulo argentino de CERTAL es Alejandro Harrison, que es el presidente de Pramer, una empresa del Grupo Clarín”.
El senador Fuentes también indicó que "el responsable de Relaciones Institucionales de CERTAL en Argentina es Juan Mahiques, hijo del camarista Carlos Mahiques, quien fue panelista de la reunión en Miami".
En referencia a todos los nexos observados, el legislador analizó que "todo este grupo CERTAL es un grupo de lobby. Lo que no se entiende es qué hace la Cámara (del fuero civil y comercial) en pleno asistiendo a ese Congreso".
En el marco de las irregularidades detectadas, el gobierno realizó en las últimas horas una presentación ante la Procuración General de la Nación en la que solicitó que se investigue el posible delito de "recepción de dádivas" por parte del juez de las Carreras.
En ese sentido, el ministro de Justicia, Julio Alak, informó que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, impulsó una investigación penal sobre el juez -integrante de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial- recusado en la causa por la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios.
Según explicó el titular de la cartera de Justicia, la conducta del juez De las Carreras "no es una irregularidad ética sino que configura un hecho penal, que contempla penas de entre 4 y 12 años de prisión".
Fuente: TelAm