El Consejo de la Magistratura argentino envió una citación para los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial por violar la ley a la hora de nombrar jueces. Esa cámara está a cargo de la batalla judicial entre el grupo multimedios Clarín y el gobierno en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.Dos artículos de la llamada ley de medios, aprobada por el Parlamento argentino el 10 de octubre de 2009, están suspendidos por la Justicia a pedido del Grupo Clarín. Según entiende el gobierno, esa suspensión caduca el 7 de diciembre -fecha establecida por la Corte Suprema-, pero el Grupo Clarín sostiene que ese día “no pasa nada”.
El gobierno lanzó hace un mes un spot televisivo en el que explica el asunto de acuerdo a su punto de vista y en el que destaca que el Grupo Clarín “es el único” que se niega a aplicar la ley. En el mismo spot, afirma que el 7 de diciembre es el “7D” y que esa letra no sólo refiere al mes, sino a la “diversidad” de la oferta audiovisual y a la “democracia” -la ley aprobada en 2009 sustituye a la que se había votado durante la dictadura-. Agrega que ese día se comenzará a aplicar .
Un día después, Clarín respondió con otro spot igual de pedagógico, en el que aseguró que el 7D “no pasa nada”.
El oficialismo anunció que actuará de oficio para conseguir nuevos dueños para las más de 200 licencias de Cablevisión, el cableoperador del grupo. Según establece el suspendido artículo 45, el grupo sólo podrá mantener 24 licencias en todo el país, y no más del 35% del mercado nacional. Ese mismo artículo tampoco permite que el Grupo Clarín conserve sus derechos de operador de cable y de televisión abierta a la vez. El otro punto de la ley que está suspendido por la Justicia es el artículo 161, que establece un plazo de un año a los grupos económicos dueños de varios medios para adecuarse a la ley y deshacerse de los medios que excedan los límites establecidos en ella.
El oficialismo dice que Cablevisión tiene 238 licencias y Clarín, que son 158 en el cable y 11 entre radios y emisoras de televisión abierta. El multimedio interpreta además que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), creada por la ley de 2009, pero cuya autoridad no reconoce, no puede actuar de oficio porque la Justicia no se pronunció sobre el fondo del asunto. Sostiene que aunque caduque la medida cautelar el 7 de diciembre, ese día sólo comenzará a correr el plazo de un año para la adecuación.Ayer, el diario argentino La Nación aseguró que el gobierno prepara una gran movida en torno al 7D, con actos públicos y acción de todos los ministros. También ayer, Clarín emitió otro spot en el que justifica su “crecimiento” por la opción que hace cada día la gente al escuchar su radio, ver sus canales y leer su diario. Termina con el lema “Grupo Clarín. Independiente del gobierno. No de vos”.
En este contexto, se mezclan las acusaciones de parcialidad contra los jueces, y de presionar a la Justicia por parte de Clarín o del gobierno. Esto desembocó en la citación, emitida por el Consejo de la Magistratura el miércoles, a nueve integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ante la sospecha de irregularidades en el nombramiento de jueces, denunciada por el gobierno.
En tanto, el diario Clarín publicó ayer un artículo en el que denunció que la empresa multimedios estatal AR-SAT actúa “sin los controles habituales del Estado”, mediante distintas herramientas formales, como la tercerización de sus actividades. El ministro de Planificación, Julio de Vido, respondió que el diario publicó esa nota porque AR-SAT “es un instrumento fundamental para diversificar los contenidos televisivos y democratizar el acceso a internet, que hasta ahora dominaron con sus prácticas monopólicas”.
Según anunció el grupo opositor, si la AFSCA actúa de oficio, impugnará la iniciativa y pedirá que se amplíe la medida cautelar. En tanto, el gobierno tiene previsto sancionar en el Congreso, en el que tiene mayoría absoluta, una ley que habilite el recurso del “per saltum”. Esa figura permite acelerar el proceso judicial en casos de “gravedad institucional” para que se expida directamente la Corte Suprema. El presidente de ese máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, dijo el jueves durante la Conferencia Nacional de Jueces que “es un deber fundamental ser imparcial” y “no ceder a ninguna de las presiones que quieran ejercer” los “poderes políticos o económicos”.
Fuente: La Diaria