Por: Irina Hauser
El conflicto político-económico-judicial alrededor de la ley de medios alcanzó un punto álgido el jueves último, cuando el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo ante quinientos jueces que “es un deber fundamental ser imparcial” y “no ceder a ninguna de las presiones que quieran ejercer” ya sea que vengan de “poderes políticos o económicos”. “Si cedemos una vez, cedemos siempre”, advirtió, mientras les aconsejaba estar “unidos”.
Fue después de que el Gobierno presentara denuncias que involucran a camaristas en la pulseada por la designación de un juez para el caso Clarín, y que le pidiera intervención a la propia Corte. Como todos los discursos de Lorenzetti, éste procuró contentar a todo el mundo con algo, lo que explica las variadas interpretaciones que circularon sobre lo que dijo: “Fue una advertencia al multimedio”; “pero también le dio un palazo al Gobierno”; “hizo una demostración de poder”; “gratificó a los jueces”; “fue corporativo”; “no, mostró que el Poder Judicial tiene fisuras y negocia los fallos”. Como un surfista, el juez supremo habló mucho. pero sin ser explícito, de la pelea por la causa donde se discute la cláusula que obliga al Grupo Clarín a desinvertir y aludió, también sin nombrarlos, a sus principales actores: el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura y la Justicia en lo Civil y Comercial Federal, protagonistas ellos de una verdadera ensalada. Aquí, una ocasión para explicar quién es quién y qué hace en esta historia.Jueces civiles y comerciales
Hace más de tres años, el Grupo Clarín inició una batalla judicial para evitar que le aplicaran las nuevas reglas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Primero consiguió que el ex juez Edmundo Carbone lo eximiera con una medida cautelar, en diciembre de 2009, de la aplicación de los 161 y 41: uno obliga a desprenderse de licencias de radio y televisión en un año; el segundo limita la transferencia de licencias. Carbone habló de un “menoscabo” del “derecho de propiedad”. La Sala I de la Cámara Civil y Comercial, también favoreció a Clarín. Carbone ignoró una directiva de la Corte, que lo mandaba a poner un “plazo razonable” a la medida cautelar para evitar que se convirtiera en una sentencia anticipada. Al final lo puso la Cámara, hasta diciembre de 2013. Después la Corte lo volvió a cambiar, y fijó el famoso 7D (7 de diciembre) cuando Clarín deberá atenerse a la ley y desligarse de los medios que le sobran, a menos que consiga algún otro favor judicial.
Carbone fue funcionario de la dictadura nombrado juez en 1980, rasgo común a otros jueces del fuero. Se jubiló a fines de 2009, pero fue convocado como subrogante (hasta diciembre de 2011), igual que otros retirados, como el presidente de la Cámara, Martín Farrel. Este tribunal estableció un sistema “rotatorio” por el cual los cinco juzgados civiles y comerciales vacantes cambiaban de subrogante todas las semanas. Pero a dos de ellos se les puso un juez fijo para dictar sentencia: uno era el del caso Clarín. ¿Cómo? Se juntaron Farrel y el vicepresidente del tribunal, el radical Ricardo Recondo, quien también es consejero de la Magistratura, e hicieron lo que llamaron “sorteo” entre dos nombres: el jubilado Raúl Tettamanti quedó a cargo del juzgado de la ley de medios; Francisco de Asís Soto, del otro. La Cámara no argumentó por qué no aplicó la ley de subrogancias, que rige desde 2008, y que dice que las vacantes se cubren con jueces del mismo fuero, en orden de prelación. Sólo como segunda opción se recurre a una lista de subrogantes, que el Poder Ejecutivo adeudaba hasta la semana pasada.
El Gobierno, convencido de que Tettamanti tenía una misión asignada por Recondo para favorecer a Clarín, anunció su recusación. El juez renunció antes de un mayor escándalo, y le siguió Raúl Torti, también sospechado por haber fallado a favor de la continuidad del servicio de Fibertel, al que luego Recondo y la camarista Graciela Medina le agregaron que además la empresa podía seguir atrayendo nuevos usuarios.
Medina está casada con el abogado del Grupo Clarín Julio César Rivera, por lo que se supone que debía excusarse. Tampoco lo hizo en una causa que permitió a Cablevisión aumentar el abono. Junto con Recondo, fue denunciada y tiene pedido de remoción.
Mientras Lorenzetti hablaba el jueves en la Conferencia Nacional de Jueces sobre las “presiones”, la Cámara anulaba su propio sistema de subrogancias y se avenía a aplicar la letra de la ley, a pedido expreso del alto tribunal, apremiado por una presentación del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que lo obligaba a tomar posición. Por ahora, el juez del juzgado donde está el caso de la ley de medios es Horacio Alfonso, nombrado el año pasado.
El Consejo
El Consejo de la Magistratura tiene seis miembros oficialistas, dos legisladores radicales, un abogado y un juez (Recondo) asociados a ellos. Hay otros dos jueces y un abogado que van y vienen. El concurso para cinco juzgados civiles y comerciales (en uno de ellos está la causa iniciada por Clarín) demostró que no hay mayorías estáticas en el cuerpo y lo fácil que puede ser bloquear una votación.
El sector de cinco radicales y afines ya impidió tres veces votar la lista de concursantes que habían llegado hasta el plenario sin objeciones, inclusive con el voto y los elogios del diputado Oscar Aguad (UCR). Al no conseguir los dos tercios, el oficialismo ni convocaba a un plenario, para evitar el riesgo de que todo el concurso vuelva a la Comisión de Selección a ser revisado. Mientras en su papel de camarista Recondo ponía jueces a subrogar, en el Consejo objetaba la aprobación de posibles jueces titulares con críticas a la concursante María Lorena Gagliardi, que trabaja en el ex Onabe y había subido del puesto quince al sexto. Gagliardi recusó a Recondo y lo acusó de poner jueces a dedo, denuncia que fue recogida por el Gobierno.
La urgencia en el tratamiento de este caso contrasta con la parsimonia habitual del cuerpo: en el último año y medio terminó cinco concursos, mientras que en 2010, por ejemplo, había concluido 39. Hay, según la Corte, cerca de 30 por ciento de juzgados vacantes en todo el país. Esta semana habrá un nuevo intento para destrabar el concurso.
El Gobierno
Desde que advirtió la inminencia del 7D, el Gobierno está en posición de denunciar. En el Consejo se investiga a Recondo y toda la Cámara por haber aplicado un sistema irregular de subrogancias para poner y sacar jueces a piacere. El ministro de Justicia, Julio Alak, hizo dos conferencias de prensa en las instalaciones del Consejo y denunció una doble maniobra –que adjudicó en parte a Recondo y sus supuestos vínculos con Clarín– para “bloquear” el concurso y designar un juez afín en el juzgado clave.
En una tercera conferencia, Alak anunció la denuncia penal de Abal Medina contra los camaristas y contra los cinco consejeros que impiden aprobar el concurso. Pero también avanzó hacia la Corte: le pidió que interviniera en el Consejo y que revisara la legalidad de las subrogancias rotarias. A la vez, cosechó críticas por sus apariciones en la Magistratura, tildadas de “intromisión” y porque tampoco el Poder Ejecutivo se había ocupado de mandar la lista de conjueces que, con acuerdo del Senado, pueden asumir como subrogantes cuando no pueden hacerlo otros jueces del fuero. En una suerte de mea culpa, esta semana fue enviada la lista para los juzgados civiles y comerciales.
En el Gobierno no manifiestan intención de recusar al juez Alfonso, quien finalmente podría tener que fallar sobre la cláusula de desinversión. Pero Clarín espera respuesta a un pedido de ampliación de su medida cautelar en la Cámara Civil y Comercial. La incertidumbre explica la última jugada del kirchnerismo: instalar por ley el per saltum como recurso para saltear instancias judiciales y forzar una definición de la Corte sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados de la ley de medios.
La Corte
La Corte Suprema ya tuvo algunas intervenciones en el expediente de Clarín, pero nunca le tocó opinar sobre el debate constitucional de fondo. Levantó en peso a los jueces que habían suspendido la aplicación de la ley de medios con efectos generales, luego confirmó la medida cautelar a favor del multimedio, y finalmente puso fecha de vencimiento a esa cautelar para el próximo 7 de diciembre, momento para el cual el grupo tendría que concluir su desinversión.
Una mayoría en el tribunal despotrica contra el Gobierno desde hace tiempo por la falta de nombramiento de jueces, que también adjudica al Consejo, e inclusive le mandó notas a la Presidenta reclamándole que nombre conjueces, de acuerdo con la ley. El pedido de Alak para que los supremos intervengan en el conflicto por el concurso del fuero civil y comercial, causó malestar. En varios despachos decían que si el kirchnerismo quiere que la Corte arregle los problemas de la Magistratura, no hubiera eliminado a su representante con la reforma del organismo, que hizo un importante recorte de los representantes de la corporación judicial.
La jugada de Sus Señorías, de avalar en el medio de la polémica por el concurso la designación de Tettamanti como subrogante no fue inocente y recalentó el escenario. Tampoco quisieron admitir en un fallo que los nombramientos interinos violaban la ley. Pero mandaron el mensaje a los camaristas: “dejen de hacer barbaridades”.
La opción de que se legisle el per saltum con una reforma del Código de Procedimiento es seguida con interés por los jueces de la Corte. Varios de ellos ven en esa herramienta una buena salida –cuestionada cuando se usó para favorecer la privatización de Aerolíneas, en los noventa– para casos “de gravedad institucional”, siempre que quede definido qué entra en esa categoría. El per saltum saltea instancias judiciales y lleva el debate constitucional directo a la Corte. Sería una forma, explican algunos juristas, de evitar prolongadas indefiniciones y pulseadas políticas en territorio judicial ante temas acuciantes. Habrá que ver si la ley de medios entra en los parámetros de gravedad.
Fuente: Diario PáginaI12