Designado (Gabriel) Mariotto en el ComFeR, la Embajada se tomó en serio el asunto y empezó a desentrañar el proyecto de ley de medios. Le dedicaría a esta iniciativa varias reuniones, se interesaría en pormenores de la estructura mediática.
El embajador (Earl Anthony) Wayne pintó un amplio panorama al respecto, el 23 de abril de 2008, en un texto que destaca que Néstor Kirchner permitió a Clarín la fusión de Cablevisión y Multicanal, "que le dio una presencia dominante en el sector". Ese factor, que perjudicaba a las señales norteamericanas que habían quedado con poco margen para negociar, ya que sólo había un operador dominante que imponía precios y condiciones, sería uno de los que llevaría a la Embajada a no confrontar con la ley de medios.
(...) En el largo memorándum, Wayne menciona las quejas contra el Gobierno de Cristina Fernández de una asociación de periodistas -no la nombra- y, acto seguido, cita la explicación sobre la pelea con los Kirchner que le había dado un editor de Clarín, al que también deja en el anonimato.
Cita Wayne a su fuente: "Estábamos dedicándonos sólo a informar cuando llegó, por sorpresa, esta ofensiva crítica. Sólo podemos concluir que ellos preferían elegir un enemigo con el que pelearse antes que perseguir a la gente (que protestaba por los impuestos al agro) por las calles. Además, probablemente quieran dominar a los medios los próximos años".
El diplomático deja de lado estas explicaciones edulcoradas y pasa a verter su perspectiva. Tres párrafos sintetizan su verdadero pensamiento.
"La parte irónica del presente conflicto es que el Gobierno tiene alguna razón acerca del Grupo Clarín. Éste tiene una enorme influencia por su presencia dominante en la prensa, TV, cable y radio. Muchos otros actores de la prensa han deplorado este hecho ante nosotros".
"Hay todavía bastante libertad de prensa en la Argentina, como lo evidencia todo el debate y la cobertura sobre lo que el Gobierno está haciendo con respecto a los medios".
"Nuestra firme sospecha, sin embargo, es que el Gobierno está motivado por la revancha y el deseo de tener una prensa bajo control, no la defensa de la pluralidad" (cable del 23 de abril de 2008: "El Gobierno argentino y los medios: ¿Preocupaciones de información sesgada, conspiración y monopolios?").
Aunque menciona que el Ejecutivo de Cristina de Kirchner "no cerró ningún medio" ni cometió actos de censura grave, advierte que "algunos periodistas creen que el Gobierno tiene pinchados sus teléfonos":
"Podemos ver que los Kirchner podrían tentarse a tomar algunas medidas contra la prensa si la situación se deteriora, pero que ello sería contraproducente e improbable en esta sociedad con altos niveles de educación".
(...) Para brindar un panorama más amplio sobre el papel de Clarín y la intención del la Casa Rosada, Wayne cita opiniones de terceros recabadas por la embajada, como las de Daniel Vila, Román Lejtman, Daniel Hadad y Bernardo Neustadt.
(...) Un abordaje diferente, menos alarmado y más irónico, es el que tuvo en octubre siguiente el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, en un despacho con un título llamativo: "Magnate de medios argentinos sobre la ley de medios, y la ley de la selva de los medios argentinos".
En la visión de Aranda, por la debilidad en la que había quedado el Gobierno de Cristina de Kirchner dada la derrota contra la dirigencia rural, "no habrá un impulso serio a la nueva ley, al menos este año". "La ley no es posible", aseveró el vicepresidente. Poco antes, el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, le había asegurado a Wayne: "El Congreso no la aprobará". Tal era la seguridad que, meses más tarde, el diario Clarín anticipaba en tapa que el Gobierno se disponía a adelantar la entrega del poder si, como era previsible, perdía las elecciones de medio término. En el diálogo con Wayne, Aranda se permitió mofarse de Mariotto:
"Bromeó que Gabriel Mariotto está todavía de gira por el país buscando apoyo a la nueva ley en provincias remotas como Tierra del Fuego, y el Gobierno seguramente sabe que no tendrá chances de hacer algo con la ley este año".
México
La legación estadounidense estima que, pese a que el presidente (Felipe) Calderón "se ha comprometido públicamente a fomentar la competencia en la economía local", desde que asumió el PAN en el año 2000 (entre 2000 y 2006 gobernó Vicente Fox) "el progreso ha sido mínimo".
El despacho de la delegación estadounidense avanza en lo que configura toda una denuncia política y social, que con algún maquillaje retórico, podría hasta formar parte de un texto crítico de una agrupación de izquierda universitaria. Para el embajador, hay que ser "realistas": cuando se pide abrir la competencia económica, ello implica contrariar a magnates del calibre de Carlos Slim. Esto se conecta con el financiamiento de la política, toda vez que "estos gigantes de la economía a menudo ayudan a los costos de financiamiento de las campañas, y en el caso de Televisa y TV Azteca, a la cobertura de control de la televisión de la política mexicana" (cable del 16 de julio de 2008: "¿Quiénes son los más ricos entre los líderes de los negocios en México?").
El diplomático Garza reconocía que no sólo los grandes barones de la economía son un obstáculo para el progreso, sino también la debilidad de la regulación, la ausencia de defensa de los derechos de los consumidores y, fundamentalmente, "la corrupción generalizada":
"Domar la corrupción generalizada y fortalecer el sistema judicial también ayudaría a promover la competencia".
El contraste abismal entre las fortunas de los principales multimillonarios mexicanos y la mayoría de la población fue mencionado en varios despachos de la embajada. Uno de ellos subraya:
"La designación del dueño de Telmex, Carlos Slim, como el hombre más rico del mundo este año (2007) ayudó a avivar el sentimiento anticartelización. En lugar de una fuente de orgullo, la mayoría de los mexicanos vieron con disgusto la noticia de un compatriota que supera en riqueza a Bill Gates".
Venezuela
Según la visión crítica de la delegación norteamericana, no se trató sólo de crear medios oficialistas o de retirar licencias a los opositores, sino de pactar con algunos de los grupos concentrados ya existentes.
Venevisión, uno de los dos canales de TV más importantes de Caracas, había sido puesto por el Gobierno en la misma bolsa que RCTV y Globovisión a la hora de denunciar el complot que derivó en el Golpe de Estado de 2002. De hecho, en un editorial emitido el 12 de abril, día de la instauración del efímero Gobierno de facto dirigido por Pedro Carmona, Venevisión declaró su "orgullo de haber contribuido" a la caída del mandatario constitucional, y algunos le atribuyen a su propietario, Gustavo Cisneros, dueño del grupo, un rol crucial como estratega de la asonada.
Sin embargo, a partir de 2004, tras una instancia de mediación promovida por la ONG del expresidente norteamericano James Carter, el canal abandonó el tono militante contra Chávez y acentuó el perfil pasatista. Ello fue visto por muchos representantes del arco opositor y la embajada como un pacto implícito o explícito con el Gobierno.
En mayo de 2007, cuando no fue renovada la licencia de RCTV, los canales de TV abierta Venevisión y Televén recibieron una nueva concesión, aunque no por los 25 años solicitados.
A menos de tres semanas de esa renovación, el 12 de junio de 2007, en medio de la ebullición internacional que tenía lugar por la caducidad de RCTV (que junto a Venevisión congregaba el setenta por ciento de la facturación publicitaria televisiva), la funcionaria del Departamento de Estado, Deborah McCarthy, y otro diplomático cenaron con los ejecutivos del Grupo Cisneros, Luis Villanueva y María Antonieta Mendoza de López. Los estadounidenses querían saber de qué lado estaban:
"Tanto Villanueva como López expresaron su frustración por la percepción pública de que RCTV había caído peleando mientras que Venevisión se había vendido al Gobierno. Por el contrario, argumentaron que la campaña de RCTV contra Chávez había sido irresponsable y que había sacrificado su frecuencia por nada mientras que Venevisión mantiene sus reservas esperando el momento adecuado para desafiar al Gobierno de Venezuela" (cable del 25 de junio de 2007: "Encuentros de McCarthy con personalidades de los medios y la política venezolana").
La dupla del grupo de Cisneros destacó ante la funcionaria que la renovación de la licencia había sido sólo por cinco años, y que incluso creían que en los dos años siguientes (2007-2009), la concesión a Venevisión sería revocada (no ocurrió). Los ejecutivos resaltaron que habían actuado "de forma inteligente para hallar un modus vivendi con el Gobierno de Venezuela y mantenerse vivos y funcionando".
No obstante: "Villanueva y López también enfatizaron que Cisneros está trabajando en silencio y personalmente fuera de Venezuela para instruir a los líderes de la amenaza del chavismo, y que había dado instrucciones a Venevisión de elevar su cobertura de las protestas estudiantiles" (NdR: que reclamaban por el cierre de RCTV).
Fuente: Ámbito Financiero
Ver anterior: Adelanto: Wiki Media Leaks