Por Eduardo Blaustein, eblaustein@miradasalsur.com
Argentina está construyendo un nuevo paradigma comunicacional que recoge viejas tradiciones y que a la vez tiene mucho de pionero. No es sólo la ley de medios o la de la distribución del papel, sino muchas otras iniciativas en pleno crecimiento. Es tal el vértigo que Miradas para la pelota para abrir un debate acerca de lo hecho y lo que vendrá.
El mundo de los consumos y flujos comunicacionales es más que el empleo abusivo de la palabra “monopolio”, aun cuando la concentración mediática, al menos hasta el 2003, haya determinado agendas y prácticas políticas deleznables, además de habernos empobrecido culturalmente. Comunicación es también mucho más que el apellido Tinelli e infinitamente más que las peleas de protofamosas de buen cuerpo. Un par de datos apenas en relación con las (no tan) nuevas tecnologías: ya en 2009 el total de conexiones domiciliarias a internet en Argentina llegaba a 3.870.542 (sólo en banda ancha, 3.400.000) y la cantidad de navegantes era de 25 millones de usuarios. Los jóvenes, coinciden las encuestas, se pasan al menos dos o tres horas conectados a la Red.
Entre esos usuarios que miran menos tele de lo que la tele y sus satélites insisten en afirmar, están los pibes de secundario que recibieron sus netbooks. Un dato más –por ahora mal estudiado respecto del uso concreto de esas compus– que añade complejidad a todo lo que ha impulsado el Gobierno en los últimos tiempos en términos de políticas de comunicación. Son políticas que no adquirieron tanta visibilidad como la sanción de la ley de medios o la de producción de papel para diarios. Y que algunos (¿muchos?) conocen por los nombres de ciertas siglas y espacios paradigmáticos: el Incaa, el Bacua (Banco de Contenidos Universales Argentino), la TDT (Televisión Digital Terrestre), la TDA (la digital). A eso se suma, como mínimo y sin agotar, la continuidad de nuevas señales como Encuentro, INCAAtv, Paka Paka y otras existentes o por venir.
Desde organismos estatales revitalizados, desde otros todavía flamantes, a través de nuevos sistemas tecnológicos y nuevas normas, discutiendo a veces desde la base o desde las provincias, hoy ya se producen y circulan en el país decenas de contenidos absolutamente novedosos: documentales, ficciones, tiras, unitarios. Todo este movimiento genera entusiasmos pero también preguntas, debates, críticas, incertidumbres. Miradas al Sur dedica estas cuatro páginas a pensar tranquis lo que está pasando y lo que podría venir, tratando de eludir la coyuntura, en general ruidosa/mal.
Los que participaron de nuestra invitación a discutir recibieron la misma lista de preguntas, entendidas más bien como disparadores. María O’Donnell, quien en estos días además de su programa radial reemplaza a Magdalena Ruiz Guiñazú en las mañanas de Continental, acaba de mudarse. A quien escribe le consta el dato, tanto como el de la buena predisposición de María para participar en un debate en cancha ajena, así como su respetable trayectoria profesional, que tuvo un punto de arranque fundamental en PáginaI12. El que escribe también se ataja: está buenísimo que podamos ampliar el espectro de voces para un intercambio como éste; hay cosas a tomar en cuenta acerca de lo que se dice desde otros lados. Un poco como alguna vez lo pidió sin suerte Horacio González en 6,7,8: “Hay que aprender a discutir con…” (aquella vez era por Beatriz Sarlo).
Estas líneas estaban escritas e iban a continuar las que sigue cuando de pronto –¡zas!– llegaron las respuestas de los queridos compañeros Glenn Postolsky (director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA) y Gustavo Bulla (director nacional de Supervisión y Evaluación del AFSCA), quienes se tomaron veraniegamente la consigna de usar las preguntas como disparadores… pero escribieron excelentes columnas íntimamente ligadas a esos disparadores. Con lo cual la guía siguiente sólo rige para Martín Becerra y David Blaustein. Para ambos, aplauso, medalla y beso.
1. ¿Hasta dónde comienzan a verse resultados de la sanción de la ley de medios, más allá de la paralización parcial en la aplicación del artículo 161? ¿Qué dicen esos resultados?
2. Existen temores, en algunos sectores, de que la creación de nuevos medios en todo el país refuerce más a la comunicación estatal (que incluye la de los gobiernos provinciales y municipales) antes que la social, comunitaria o alternativa. ¿Qué opinan?
3. ¿Qué opinan sobre la sanción de la ley ligada a la producción de papel para diarios? ¿Qué impacto puede tener?
4. ¿Creen verosímil la posibilidad de que el Estado, tras la sanción de la ley ligada a Papel Prensa, pueda apoderarse de esa empresa mediante un avance accionario?
5. Tomando en cuenta la construcción dispersa pero extendida de nuevos emisores fragmentados, un eventual avance en la desmonopolización, la generación y circulación de nuevos contenidos a través de la tarea del Incaa, nuevas señales culturales y científicas del Estado, el Bacua y los nuevos sistemas de televisión (TDA,TDT), ¿cuál creen que será –comparando con el paradigma liberal del que venimos– la situación de los flujos comunicacionales y su impacto cultural en dos, cinco o diez años?
6. ¿Qué virtudes y qué reparos marcarían en lo que se pueda llamar la “comunicación kirchnerista”. No la institucional sino la que se genera desde los medios públicos y los allegados al Gobierno.
7. ¿Corre riesgo la libertad de expresión en Argentina? ¿Por qué?.
Por: Martín Becerra. Investigador, docente universitario, periodista
1. Creo que el Gobierno concentró prioritariamente la atención de la aplicación de la ley al artículo 161. Otros grupos concentrados, pasados ya dos años de la sanción de la ley y sin que medie medida cautelar judicial a su favor, siguen funcionando como si la normativa no hubiera cambiado. Sin embargo, hay aspectos que mejoran el panorama audiovisual y sí se han concretado. La exigencia de producción propia, el aliento a la producción federal, son novedades bienvenidas que se enmarcan en la ley.
La asignación de frecuencias a provincias, municipios y universidades es un gran avance por parte de la Autoridad de Aplicación, hoy sólo integrada por el oficialismo, pero hasta ahora no hay un correspondiente adelanto en la concreción de nuevas emisoras de carácter público a nivel provincial y municipal. Esto es razonable, pues lleva tiempo hacerlo.
Otros ejes de la ley, como el tiempo de publicidad límite, en la práctica no se cumplen porque los operadores (tanto los privados como los estatales) emiten “chivos”, auspicios y otras formas encubiertas de publicidad durante la programación. Tampoco se cumple la disposición expresa de que los medios de gestión estatal sean abiertos a las diferencias, que sean plurales.
Otro aspecto fundamental de la política comunicacional del Gobierno ha sido la instalación de la televisión digital terrestre. Este es un avance por la norma elegida (japonesa-brasileña) y que ha tenido la excepcional ventaja de comenzar su diseminación por los sectores populares (a través de la entrega de decodificadores). Sin embargo es un tema que se maneja por afuera de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque el Gobierno ha permitido que operen en televisión digital empresas que carecen de licencia en analógico y que no han ganado ningún concurso para emitir, como la ley exige.
2. Este temor no se funda en la ley, que es clara respecto de la prioridad que tiene la comunicación social y comunitaria por un lado, y que también lo es respecto del mandato de pluralismo que recae sobre los medios de gestión estatal. El temor se funda en el uso que el Gobierno hace de los medios estatales, que los aleja de un modelo de “servicio público” y en rigor los inscribe en la tradicional sujeción gubernamental. Ese criterio, hablando claro, legitima también a Mauricio Macri para decidir a su antojo la línea de Radio Municipal, de la FM 2x4, o de la señal Ciudad Abierta.
3.Creo que la ley que declara de interés general la provisión de papel para diarios es, en sus fundamentos y objetivos, necesaria desde hace décadas. Y es un avance importante en un tema ligado al peor capítulo de nuestra historia reciente. Pero tengo una diferencia central con la ley y es que para lograr sus objetivos no debería plantear la posibilidad de impedir la libre importación de papel. Es decir, para permitir un mejor acceso de todos los actores del mercado editorial de diarios al insumo papel, la ley debería garantizar por un lado condiciones equitativas de abastecimiento a través de Papel Prensa (cosa que la ley hace) como también habilitar la libre importación, pero la ley supedita esto a una evaluación de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Economía.
4. Si observo el comportamiento del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, diría que no es verosímil. Pero ignoro cuáles son los planes del Gobierno al respecto.
5.En primer lugar: resta ver en qué condiciones se produce ese “eventual avance en la desmonopolización”. En los últimos dos años, con la ley en vigencia, no se ha visto tal cosa. En segundo lugar: creo que las políticas de producción de contenidos con criterio federal y por concursos son fundamentales. Pero carecen de sostenibilidad. Dependen de una coyuntural iniciativa del gobierno y de su flujo económico. No hay una política económica para el sector audiovisual que tenga al mismo tiempo carácter público y estabilidad. Si mañana cambia el gobierno, o la relación de fuerzas al interior del propio gobierno, y se define otra prioridad, por decreto, buena parte de esas valiosas iniciativas quedarán abandonadas. Para pensar en impacto cultural a largo plazo es preciso pensar en políticas culturales a largo plazo. Lo que yo veo en el Gobierno son políticas culturales de corto plazo audaces, novedosas y en muchos casos (no todos), bien fundamentadas, pero desarticuladas de una noción de lo público que sume más allá de las filas propias y que a la vez, por esa misma articulación, garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
6. Creo que han tenido la virtud de problematizar zonas completamente vacantes de debate masivo, como en el caso de la “neutralidad” de los medios privados, su ideología de “objetividad” y, en el caso del Grupo Clarín, sus intereses empresariales. Con los otros grupos concentrados no se ejerce la misma pedagogía, digamos. Otra virtud importante es que los medios de gestión estatal salieron a disputar audiencias, se sacudieron de esa modorra que consistía en quedarse en el cómodo lugar del último orejón del tarro. Sin embargo, esto lo han hecho a expensas del pluralismo interno: resignaron y resignan, de forma creciente además, la posibilidad de sumar voces que no estén absolutamente encolumnadas con su propia línea, generando una desconfianza visceral hacia la duda, hacia el razonamiento crítico. Los medios de gestión estatal cuentan con espacios interesantes, como Visión 7 Internacional o el informativo de Radio Nacional, pero los núcleos centrales de su información política muestran una intemperancia que no se condice con la función que tendrían que cumplir.
7.En la Argentina existe una completa libertad de opinión. Para pensar en términos amplios la libertad de expresión es necesario diferenciar dos tipos de amenazas, siguiendo la postura de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por un lado las amenazas directas, como la clausura de medios o la censura, que en la Argentina no existen. Por otro lado, las amenazas indirectas, ligadas a la distribución arbitraria de la publicidad oficial, la concentración de medios o la falta de legislación sobre el acceso a la información. En estos aspectos hay aún un largo camino para recorrer en la Argentina. Se trata de un camino allanado ya por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Otros ejes de la ley, como el tiempo de publicidad límite, en la práctica no se cumplen porque los operadores (tanto los privados como los estatales) emiten “chivos”, auspicios y otras formas encubiertas de publicidad durante la programación. Tampoco se cumple la disposición expresa de que los medios de gestión estatal sean abiertos a las diferencias, que sean plurales.
Otro aspecto fundamental de la política comunicacional del Gobierno ha sido la instalación de la televisión digital terrestre. Este es un avance por la norma elegida (japonesa-brasileña) y que ha tenido la excepcional ventaja de comenzar su diseminación por los sectores populares (a través de la entrega de decodificadores). Sin embargo es un tema que se maneja por afuera de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque el Gobierno ha permitido que operen en televisión digital empresas que carecen de licencia en analógico y que no han ganado ningún concurso para emitir, como la ley exige.
2. Este temor no se funda en la ley, que es clara respecto de la prioridad que tiene la comunicación social y comunitaria por un lado, y que también lo es respecto del mandato de pluralismo que recae sobre los medios de gestión estatal. El temor se funda en el uso que el Gobierno hace de los medios estatales, que los aleja de un modelo de “servicio público” y en rigor los inscribe en la tradicional sujeción gubernamental. Ese criterio, hablando claro, legitima también a Mauricio Macri para decidir a su antojo la línea de Radio Municipal, de la FM 2x4, o de la señal Ciudad Abierta.
3.Creo que la ley que declara de interés general la provisión de papel para diarios es, en sus fundamentos y objetivos, necesaria desde hace décadas. Y es un avance importante en un tema ligado al peor capítulo de nuestra historia reciente. Pero tengo una diferencia central con la ley y es que para lograr sus objetivos no debería plantear la posibilidad de impedir la libre importación de papel. Es decir, para permitir un mejor acceso de todos los actores del mercado editorial de diarios al insumo papel, la ley debería garantizar por un lado condiciones equitativas de abastecimiento a través de Papel Prensa (cosa que la ley hace) como también habilitar la libre importación, pero la ley supedita esto a una evaluación de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Economía.
4. Si observo el comportamiento del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, diría que no es verosímil. Pero ignoro cuáles son los planes del Gobierno al respecto.
5.En primer lugar: resta ver en qué condiciones se produce ese “eventual avance en la desmonopolización”. En los últimos dos años, con la ley en vigencia, no se ha visto tal cosa. En segundo lugar: creo que las políticas de producción de contenidos con criterio federal y por concursos son fundamentales. Pero carecen de sostenibilidad. Dependen de una coyuntural iniciativa del gobierno y de su flujo económico. No hay una política económica para el sector audiovisual que tenga al mismo tiempo carácter público y estabilidad. Si mañana cambia el gobierno, o la relación de fuerzas al interior del propio gobierno, y se define otra prioridad, por decreto, buena parte de esas valiosas iniciativas quedarán abandonadas. Para pensar en impacto cultural a largo plazo es preciso pensar en políticas culturales a largo plazo. Lo que yo veo en el Gobierno son políticas culturales de corto plazo audaces, novedosas y en muchos casos (no todos), bien fundamentadas, pero desarticuladas de una noción de lo público que sume más allá de las filas propias y que a la vez, por esa misma articulación, garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
6. Creo que han tenido la virtud de problematizar zonas completamente vacantes de debate masivo, como en el caso de la “neutralidad” de los medios privados, su ideología de “objetividad” y, en el caso del Grupo Clarín, sus intereses empresariales. Con los otros grupos concentrados no se ejerce la misma pedagogía, digamos. Otra virtud importante es que los medios de gestión estatal salieron a disputar audiencias, se sacudieron de esa modorra que consistía en quedarse en el cómodo lugar del último orejón del tarro. Sin embargo, esto lo han hecho a expensas del pluralismo interno: resignaron y resignan, de forma creciente además, la posibilidad de sumar voces que no estén absolutamente encolumnadas con su propia línea, generando una desconfianza visceral hacia la duda, hacia el razonamiento crítico. Los medios de gestión estatal cuentan con espacios interesantes, como Visión 7 Internacional o el informativo de Radio Nacional, pero los núcleos centrales de su información política muestran una intemperancia que no se condice con la función que tendrían que cumplir.
7.En la Argentina existe una completa libertad de opinión. Para pensar en términos amplios la libertad de expresión es necesario diferenciar dos tipos de amenazas, siguiendo la postura de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por un lado las amenazas directas, como la clausura de medios o la censura, que en la Argentina no existen. Por otro lado, las amenazas indirectas, ligadas a la distribución arbitraria de la publicidad oficial, la concentración de medios o la falta de legislación sobre el acceso a la información. En estos aspectos hay aún un largo camino para recorrer en la Argentina. Se trata de un camino allanado ya por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por: Glenn Postolsky. Director de la Carrera de la Comunicación. UBA
En qué conflicto nos quieren ubicar cuando se contrapone un conjunto de políticas públicas que implican la participación activa del Estado en el ámbito comunicacional y la defensa de los intereses particulares de algunos grupos mediáticos? ¿Cómo se adopta una posición cuando se pretende reducir una cuestión social compleja a definirse a favor del kirchnerismo o el Grupo Clarín; de los periodistas militantes o periodistas independientes; de los medios adictos u opositores?
Una postura acorde a los principios que impulsaron la lucha por la sanción de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos lleva a pensar que estas divisiones dicotómicas sólo sirven para sesgar el debate y dejar de lado al protagonista de la posibilidad de construir un nuevo ecosistema comunicacional: el pueblo.
La industria de medios en la Argentina nació y se expandió por el impulso del interés privado y sus diversas formas de asociación con actores transnacionales. Un Estado ausente o subsidiario fue el telón de fondo para la escasa o nula regulación existente, cuando no la expresión directa de la capacidad de estos sectores para que las normas promulgadas jueguen a favor de sus intereses. Como la derogada ley de los ochenta sancionada con la firma de los dictadores pero redactada y modificada en los años menemistas, a la medida de los grupos económicos que ven en la comunicación un bien mercantil y que, tras la predica de la “libertad de expresión”, sólo buscan garantizar su impunidad para ejercer la “libertad de extorsión” frente a los gobiernos electos.
Más allá de los vaivenes democráticos o dictatoriales, los medios han desarrollado su capacidad para influir en la conformación del imaginario social. Constituyéndose en los agentes discursivos que legitiman la dinámica de acumulación capitalista en nuestro país. Consolidados como un sector central de la economía han conformado mega grupos que combinan un cada vez mayor peso económico y de capacidad emisión. Lo cual les permite tener cada vez un mayor poder sobre la sociedad.
Desde ese lugar se presentan como la articulación de la reacción conservadora de las elites a través de “una insistente prédica a favor del libre mercado, la privatización, la desestatización y desregulación de sectores estratégicos como la radiodifusión mediadas por la defensa de la libertad de prensa” (De Moraes: 2011).
¿Cómo se construye un nuevo paradigma comunicacional, más participativo, más democrático, más plural y comprometido con los derechos humanos, que sea claramente contrastante con la dinámica impuesta por el modelo neoliberal del pensamiento único y la concentración mediática en pocos poderosos megagrupos? Esta inquietud atraviesa a buena parte del campo popular. Sin duda la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el umbral que potencia la posibilidad de esos cambios.
Una condición esencial es poner en sincronía un conjunto de políticas públicas que vienen desarrollándose. Desde la creación de Arsat hasta la ley que declara de interés público la distribución de papel de diarios. Evitando la lógica de los particularismos y las discrecionalidades. Fijando políticas de Estado que garanticen condiciones de acceso universales: a contenidos, a financiamiento, a tecnologías, a capacitación. Que las mismas surjan del debate participativo (buen ejemplo fueron las decenas de foros realizados entre julio y septiembre de 2009) y que de ahí se piensen las condiciones que garanticen la sustentabilidad de un proceso que no se resuelve en el corto plazo. Pero que a la vez, necesita que cada una de sus acciones políticas dote de legitimidad a lo actuado.
Hay que impulsar un conjunto de normas que fortalezcan la orientación de mayor inclusión y participación. Una ley de Publicidad Oficial que tenga por objetivo garantizar la llegada a toda la población de las medidas tomadas, pero que a la vez garantice la existencia de una pluralidad de voces. No reduciendo su distribución a la lógica del mercado, según la cual debe ser destinada a los medios por su presencia en el mercado.
También una ley de Acceso a la Información Pública con criterios que definan cuál es la información que tiene impacto social y que debe formar parte de lo posible de ser demandado. Que sirva para dotar de mayor transparencia y permita a su vez auditar la toma de las decisiones de los actores sociales relevantes, cuando estas implican afectar las condiciones de vida de las mayorías.
Buena parte de las medidas adoptadas se sustentaban por contraste con lo existente. La ley sancionada en democracia derogando a la ley de la dictadura, el fútbol abierto y gratuito y no sólo para quienes tenían la posibilidad de pagar un Premium aparte del abono básico del cable para ver a los clubes más populares. Fijar reglas para la distribución del papel en lugar de favorecer las ventajas comparativas de un megagrupo. Para profundizar las nuevas condiciones se debe avanzar sobre problemáticas estructurales. Que implican una voluntad de empoderar a los sectores populares.
El debate sobre la comunicación es en realidad otra de las formas en que se dirime la disputa por la acción política. Y eso no se hace sin recursos. Desde los años ’70 se afirmaba, en el seno de la ONU, que no podía existir un Nuevo Orden Internacional de la Información –NOII– sin un previo Nuevo Orden Económico Internacional –NOEI–. Hoy no podemos pensar un nuevo marco comunicacional que no implique una mayor distribución de la riqueza, con mejores salarios e ingresos. Con un Estado para los sectores populares, que entre otras cosas permita que el ocio sea disfrute y creación, y no mera evasión. Para que la energía liberada de la subsistencia pueda ser canalizada en la generación de otros sentidos más complejos, más desafiantes en términos sociales. Que sean la expresión de la cultura popular.
Por: María O´Donnell. Periodista. Actualmente conduce La vuelta, en Radio Continental
Siempre creí en la necesidad de una nueva ley medios, y ahora tenemos una nueva ley de medios que –sin embargo– no se aplica en su totalidad. Sabemos que el artículo que obligaría al Grupo Clarín a desprenderse de algunas de sus empresas para romper posiciones dominantes está frenado por una medida cautelar de los interesados en que la ley no se aplique. Pero también es necesario señalar que las autoridades de aplicación de la ley han habilitado –en teoría, en forma provisoria– a ciertos dueños de medios –en su mayoría afines al Gobierno– a ocupar canales de la plataforma digital, sin pasar por un proceso transparente de licitación.
El mundo digital ofrece la posibilidad de contar con un mayor número de canales, y así aparece la promesa de una comunicación más democrática. Pero es fundamental que el nuevo sistema sea coherente, desde el momento mismo de su concepción, con aquellos principios que impulsaron su nacimiento. Sería la mejor forma de disipar las dudas de quienes adherimos a las intenciones de la nueva ley pero sospechamos que las reglas pueden no resultar parejas para todos.
Los medios públicos debieran ser públicos en verdad, tal como indica la nueva ley. Aunque podamos ponderar gran parte de la programación de Canal 7 en comparación con la que ofrecía en otros tiempos, sigue siendo una voz gubernamental, en lugar de un espacio público plural, y con demasiada frecuencia se transforma en una plataforma de descalificación de toda voz medianamente crítica del Gobierno (sin derecho a la defensa).
Por cierto, sería interesante que la oposición ocupe los lugares que le han sido reservados en los organismos de medios estatales, para ponderar en la práctica si su presencia podría ser un factor de equilibrio (como dicen desde el Gobierno) o si es simplemente un lugar decorativo (como parecen sospechar los dirigentes de la oposición, que con su ausencia buscan vaciar de legitimidad a estos organismos).
No estoy entre quienes creen que la participación activa del Estado en la regulación del sistema de medios atente contra la libertad de prensa (y coincido con que muchas veces es un derecho que se confunde en forma deliberada con los intereses de las empresas periodísticas).
Tampoco me asusta –y celebro– que el debate sobre los medios, sus intereses y cómo éstos influyen sobre el contenido de las noticias, se esté dando también en los medios. Las redes sociales colaboran a potenciar la discusión de temas que durante demasiado tiempo fueron silenciados (como, por ejemplo, el origen de la actual composición accionaria de Papel Prensa).
Sin embargo, creo que los problemas de libertad de prensa más severos están en los lugares más olvidados: en los municipios, donde los medios suelen ser cautivos de la publicidad del intendente (de cualquier color político) y en las provincias, en las que los principales medios suelen estar estrechamente ligados al poder de turno (o en las que directamente la familia gobernante es al mismo tiempo propietaria de los medios).
Creo que es imprescindible regular la publicidad oficial en todos los niveles para que no sea utilizada como una herramienta para premiar medios de propaganda y castigar a los independientes, y para que no sea un vehículo de marketing del funcionario de turno, en lugar de ser un instrumento para difundir información útil al ciudadano. El Poder Ejecutivo, que ha multiplicado de manera exponencial el presupuesto destinado a estos fines, podría, con las mayorías que ahora tiene en el Congreso, habilitar (o no impedir) el debate de alguno de los tantos proyectos que se han presentado para que la asignación de la publicidad oficial se produzca mediante mecanismos transparentes. No sugiero ni por un instante que el reparto deba ser en función de las ventas o de la audiencia, pero los criterios, sean cuales fuesen, deben ser claros; y la ley, pareja para todos.
Por: Gustavo Bulla. Director Nacional de Supervisión y Evaluación de la AFSCA
A poco más de dos años de su sanción, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual comienza a surtir efectos, a pesar de los pesares, de las complicidades judiciales de cautelar fácil con el poder económico...
La arquitectura institucional diseñada por la ley aún está incompleta –por absoluta responsabilidad de lo que se solía llamar “Grupo A”–: faltan cubrir las dos sillas de la oposición parlamentaria en el Directorio de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), no ha funcionado la Comisión Bicameral de seguimiento, no se ha designado al Defensor del Público. No obstante eso, sí están funcionando tres instancias participativas de enorme importancia.
El Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual, que incluye la representación de las provincias, de los trabajadores de los medios, de los empresarios privados, de las organizaciones sociales, de las universidades nacionales, de las sociedades gestoras de derechos de autor, de los medios públicos y de los pueblos originarios, ha tenido injerencia –entre otras materias importantes– en la definición de los pliegos para los llamados a concurso público de los distintos servicios audiovisuales sustanciados y a sustanciarse, ha nominado a los dos miembros del directorio de la AFSCA que le corresponde y ha determinado el listado semestral de acontecimientos de interés relevante para ser transmitidos por televisión abierta.
Esos listados previamente fueron confeccionados en base a dos audiencias públicas y constituyeron el programa denominado Deportes para todos, por el cual distintas competencias internacionales y locales, amén del fútbol de primera división, pudieron ser vistas por millones de argentinos de manera gratuita.
Uno de los orgullos de la ley, la conformación del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, integrado por representantes de las provincias, de autoridades nacionales en la materia, de gremios docentes de alcance nacional y de organizaciones de la sociedad civil, ha funcionado a partir de 2011 llevando a cabo cinco reuniones plenarias, conformando tres comisiones de trabajo permanente y asesorando a la Afsca sobre los contenidos audiovisuales adecuados para los niños, niñas y adolescentes.
Pero la Ley 26.522 no camina sola en su objetivo de contribuir a la democratización de las comunicaciones en la Argentina. El otorgamiento de licencias para operar TV por cable a cooperativas de servicios públicos –ya vencidos los obstáculos judiciales– junto con el avance vertiginoso de la Televisión Digital Abierta (TDA) ya empiezan a ofrecer alternativas a millones de argentinos para acceder a una amplia oferta televisiva a menores precios o directamente en forma gratuita. La TDA, tras sesenta años de TV en la Argentina, este año cumplirá con la utopía de la cobertura total del territorio. Los habitantes de nuestro país, vivan donde vivan, por primera vez en la historia accederán a una oferta variada, con la mejor calidad técnica y sin pagar para ello. La naturalización neoliberal de que había que pagar para ver empieza a ser un recuerdo absurdo, como lo es desde hace dos años ir a la pizzería de la esquina a ver el partido de nuestro equipo...
La industria privada de la televisión es conservadora por antonomasia. Las reglas económicas que rigen la actividad cultural, el alto grado de incertidumbre sobre los resultados, la lleva a restringir al máximo –y/o eliminar– su riesgo creativo. Las fórmulas que funcionan son repetidas hasta el hartazgo. Se constituye así un círculo vicioso en el cual los formatos que aparentemente funcionan ocupan toda la pantalla y las nuevas ideas, al no tener lugar, sencillamente no le interesan al público.
Para sorpresa de muchos la renovación audiovisual ha provenido en los últimos años de las filas estatales. El prejuicio antiestatal, también en el terreno audiovisual, fue derribado por propuestas como Encuentro, Paka Paka, INCAAtv y próximamente por Tecnópolis y otras señales en preparación. Queda demostrado que se puede hacer TV de calidad, con contenidos educativos, culturales y a la vez entretenidos. Pero además, la gran inversión pública para la producción de contenidos para la TDA a través de los concursos del Incaa y de los Polos y Nodos Universitarios le hace frente a unos de los desafíos más grandes: contar con los contenidos diversos y suficientes para jerarquizar las numerosas pantallas que se vayan sumando.
Estamos asistiendo casi en silencio –por responsabilidad inexcusable de los grandes medios– a un cambio estructural en el panorama audiovisual nacional. Miles de jóvenes argentinos formados en comunicación, cine y variadas disciplinas artísticas van a encontrar –muchos ya lo hicieron– la posibilidad de expresarse y desarrollar sus vocaciones. Vamos a asistir a una circulación federal de contenidos que jamás tuvimos. Los argentinos nos vamos a conocer más y mejor a través de nuestras propias historias que pocas veces nos fueron contadas.
Estamos protagonizando un auténtico cambio de paradigma del espacio audiovisual argentino.
Muchos actores de la industria televisiva desconfían, le temen al cambio. La mayoría de ellos se formaron en el imperio del neoliberalismo comunicacional de los últimos veinte años, les cuesta imaginar lo que viene o lo hacen con valores que ya son del pasado.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual enmarca a la comunicación como un derecho humano básico, ése es el norte que orienta al conjunto de políticas públicas de comunicación que el Gobierno Nacional viene implementando en los últimos años. Nunca los argentinos hemos vivido en un clima semejante de libertad de expresión. Sin censura de ningún tipo, sin periodistas con proceso penal, sin medios clausurados. La gran diferencia es que la libertad de expresión es para todos los ciudadanos, ocupen el lugar que ocupen en la sociedad. Es comprensible que quienes en el pasado se han acostumbrado a ser los depositarios exclusivos de la libertad de expresión por su actividad empresarial y/o profesional, se sientan incómodos y hasta molestos con este nuevo tiempo en el que cualquiera opina de cualquiera. Pero tendrían que hacerse a la idea de que la redistribución de la palabra recién comienza y llegó para quedarse.
Por: David Blaustein. Productor y director de cine. Su último film, La cocina, que codirigió con O. Daicich, habla sobre la ley de medios
1.Los llamados a licitación de 220 señales de TV Digital, las 46 para universidades nacionales y las frecuencias de TV Abierta para cada provincia son avances reales. Las 1.200 frecuencias para municipios, lo mismo: democratizan, y mucho. Son grandes pasos. El ordenamiento de la grilla y de los espacios publicitarios son pasos menores pero emprolijan. Y el anuncio en cada medio de nombre y domicilio de los dueños transparenta. Sabemos quién es el titular de cada radio y canal de TV. El ex ComFeR no pudo durante siete años saber quiénes componían el directorio y la sociedad de Telefe.
2. Las provincias, municipios y universidades públicas se rigen por elecciones con proporcionalidades en sus gobiernos. Las autoridades que las rigen sólo deberían aplicar el modelo de la ley nacional en sus realidades. Santa Fe acaba de legislar en ese sentido, creando una autoridad de aplicación de sus medios públicos similar a la de Nación. Mauricio Macri debería aplicar el artículo de la Estatuyente de la Ciudad que crea un Ente similar para la gestión de nuestros medios públicos. Acá la debilidad es la de las organizaciones sociales y no gubernamentales a la hora de pelear sus espacios. Esto lleva al debate de que la Coalición por una Radiodifusión Democrática se revitalice para garantizar la existencia de estos espacios.
3. Implica la democratización del acceso al papel de diarios. “La concentración de Clarín y La Nación del mercado de papel castiga al consumidor final, disminuye la competencia, aumenta los precios y hace abuso de la posición dominante”, afirma la Sindicatura General. Según la ley, el precio de venta del papel se definirá teniendo en cuenta los costos de la materia prima, los costos de operación de los procesos industriales, los gastos en desarrollo y el costo de oportunidad del capital invertido. “En ningún caso se efectuarán contrataciones que involucren un precio inferior al precio único pagado al contado.” Sí habrá algunas adecuaciones en función de los posibles plazos de pago. Para obtener la información fehaciente del precio único e igualitario, la Comisión Bicameral que crea la ley, integrada por ocho senadores y ocho diputados, deberá recibir de parte de Papel Prensa la información sobre su stock legal y disponible en forma diaria. También deberá informarse y publicarse la capacidad de producción máxima y la producción estimada de manera trimestral.
4. Si somos verdaderos republicanos debemos ser esclavos de las leyes. La Comisión Federal Asesora que establece la ley dice que estará integrada por un representante de los diarios de cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos representantes durarán en sus cargos cuatro años, serán elegidos por los propios compradores de papel y no podrán integrarlo aquellos diarios que participen de forma directa o indirecta en la producción de papel. También habrá representantes de las asociaciones de consumidores. Todos los representantes tendrán la misma voz y voto. Dentro de sus funciones, el Consejo podrá proponer medidas para democratizar la prensa escrita y colaborar con el Estado en relación con su actuación dentro de Papel Prensa. Y en caso de que el Estado aumente su capital dentro de la compañía, el Consejo ocupará un lugar en el directorio.
5. Más canales, más señales. Esta realidad es hoy, ahora. Hasta estas últimas semanas la hegemonía de los canales de aire abiertos porteños no permitía descubrir hasta qué punto en Mendoza, Córdoba, Salta, Chaco, etc., empezaban a aparecer nuevos contenidos. Que son emitidos también por canales y señales privadas o cooperativas. Recién ahora aparecieron las ficciones en el “prime time” porteño. Con muy buenos resultados de calidad y raiting en algunos casos y no tanto en otros. Pero con gran renovación de contenidos. Esta es la novedad del 2011. Reapareció la ficción con nuevos temas que implican otras identidades. Ya habrá tiempo para los debates estéticos. Ojalá así sea el futuro. Temático, plural y federal.
6. A principos de 2010 parecía en crisis y con dificultades. El Bicentenario planteó un nuevo paradigma: otros contenidos, rigurosos, modernos y populares. Y se cambió el estilo y los destinatarios sobre la base de la recuperación del Estado y lo público, con los logros notables que esta definición implica. Las primarias abiertas y el 24 de Octubre ratificaron esa línea de contenidos épicos y de calidad. A esto se suman los nuevos canales y otras formas de comunicación, como la democratización de la fibra óptica y las millones de netbooks. Quizá falten retoques en el buque insignia: 6,7,8. Si nos animamos a esto, nos animamos al resto. Pero los medios públicos de alcance nacional son dos. Y su alcance es el que es. Habría que abrir ese debate respecto de los medios privados que simpatizan con el gobierno de CFK: diarios, radios, canales de cable, publicaciones en general. A la superposición de agendas y estilos en esos espacios se suma el desafío de expresar el 54% de los votos. Que son muchos y contradictorios. Y no todos kirchneristas.
7.Sólo basta con pararse frente a un kiosco, encender la radio o prender el televisor para verificar que los muertos (las libertades) que vos matáis, gozan de buena salud.
Fuente: Miradas al Sur