En aquel documento, el titular del organismo, Ricardo Molinas, había considerado a los diarios (Clarín , La Nación y La Razón) como “compradores de buena fe”.
Pero en el presentado por el Gobierno aparecen dos párrafos agregados con la intención de ir contra los diarios.
El primero de ellos, dice textualmente: “...eligiendo ellos mismos (por el Poder Ejecutivo) como compradores a los diarios La Nación, Clarín y La Razón”. Esa frase no está en el documento original. Ese no es el único agregado: hay otro en la misma página. En un párrafo en el que se habla del precio de la transferencia de acciones, la Fiscalía Nacional narró los hechos de una manera y la secretaría de Derechos Humanos le añadió una frase sobre “la existencia de un solo oferente impuesto o elegido por las autoridades nacionales”.
La copia enviada por la FIA a la Justicia coincide exactamente con la versión publicada el 30 de marzo de 1988 por el diario “Ambito Financiero”, poco después de que se conoció el dictamen de Molinas y, también, con la copia certificada obtenida en el Juzgado Federal Civil y Comercial Número 1 de San Martín, donde ese dictamen fue agregado, hace más de veinte años, al expediente 41.811. La única versión discordante es la aportada por la Secretaría de Derechos Humanos.
Sugestivamente, ambos “agregados” buscan cuestionar la compra de las acciones de Papel Prensa por Clarín, La Razón y La Nación, dando a entender que dicha operación estaba direccionada por parte de la Junta Militar. La adulteración resulta así absolutamente funcional a la estrategia oficial que busca criminalizar a los diarios.
Todo esto fue desmentido en la causa por numerosos testigos y documentos, entre ellos los juicios llevados adelante en democracia, donde quedó en claro que los Graiver decidieron vender para hacer frente a las numerosas deudas derivadas de la caída de sus bancos y también de un depósito de Montoneros.
Estas cuestiones figuran en el dictamen de Molinas.
“En el afán (del Gobierno) de distorsionar la verdad, lo que sobrepasó los límites del discurso falaz”, dijeron los abogados en su denuncia que tuvo lugar en una audiencia de ayer en la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.
A esta situación, se suma la sugestiva pérdida de expedientes clave en varios juzgados. En todos los casos, se trata de situaciones que pueden deformar lo sucedido y presentarlo como más favorable a la versión del Gobierno.
Hay tres expedientes de la causa Papel Prensa que no aparecen en sus juzgados de origen. En dos de ellos constan los pagos que consignaron Clarín, La Nación y La Razón para comprar Papel Prensa (circunstancia que los diarios acreditaron con constancias bancarias). Y el tercero es el que se abrió a raíz del propio dictamen de Molinas en el juzgado federal número 3.
La presentación que hicieron los abogados Alejandro Pérez Chada y Hugo Wortman Jofré (como representantes de los directores de “La Nación” y Clarín) afirman que la copia del dictamen de Molinas aportada por la Secretaria de Derechos Humanos, con sus agregados, habría inducido a un error a los fiscales Rodolfo Molina y Hernán Schapiro, que no advirtieron la relevancia que tienen las diferencias para la solución del caso. Este hecho podría constituir una estafa procesal.
Cuando se inició la escalada del Gobierno contra Papel Prensa, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se vanagloriaba de tener su oficina a todos los expedientes judiciales vinculados a Papel Prensa, más allá de la irregularidad que eso supone.
Hoy varios de esos expedientes no aparecen por ningún lado, ni siquiera en los juzgados que los deberían tener archivados. De hecho, Moreno enfrenta una denuncia penal en el juzgado federal de Ariel Lijo por “abuso de autoridad”, al pretender arrogarse facultades judiciales con el informe “La Verdad”, en el que distorsionó la historia de Papel Prensa.
Moreno realizó ese informe sobre testimonios de Lidia Papaleo de Graiver (viuda de David Graiver) y Rafael Ianover (testaferro de David Graiver).
Sin embargo, cuando ambos fueron a la Justicia, sus argumentos resultaron contradictorios con afirmaciones que habían realizado en ocasiones anteriores sobre los mismos hechos. Otro de los testigos de la causa, Isidoro Graiver (hermano de David) deslindó de responsabilidades a los diarios.
Expedientes clave que faltan
A fines de 1976, el Grupo Graiver decidió vender Papel Prensa por su situación financiera y los reclamos de sus acreedores, entre ellos Montoneros que le pedía la devolución de US$ 17 millones. El 2 de noviembre, se firmó el contrato con los vendedores, a través de Rafael Ianover y Galerías Da Vinci. Los dos primeros pagos a Ianover se hicieron según contrato. Luego, se comenzó a pagar según indicó Ianover en una escribanía. Al 30 de abril de 1977 quedaba un saldo.
Ianover ya había sido secuestrado por el gobierno militar Los diarios consignaron judicialmente el pago ante el juzgado comercial número 21, a cargo del Dr. Di Iorio, secretaría número 42. Ese expediente desapareció, como otros similares.
Fuente: Grupo Clarín