En su nota sobre el homenaje que la presidenta Cristina Fernández rindiera al periodista Eduardo Kimel, Lucio Fernández Moores, de Clarín, señaló que “al menos cuatro periodistas de Clarín han sido demandados en el fuero civil en las últimas semanas, con un reclamo monetario, por funcionarios del Gobierno encabezado por Fernández de Kirchner”.
Según pudo establecer Diario sobre Diarios luego de diversos diálogos con periodistas del matutino se trata de cuatro profesionales de la sección El País.
Uno es Daniel Santoro, demandado por el agente de la Secretará de Inteligencia (SI, ex SIDE) Jaime Stiusso debido a la confusión en un número telefónico que el periodista cometiera en una nota publicada en 2007 relacionada con el caso AMIA.
En tanto, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, entabló una demanda civil contra el periodista Matías Longoni por su investigación sobre “subsidios truchos” cedidos por la Oncca.
Por último, Nicolás Wiñazki fue llevado a los tribunales civiles por el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, por una serie de notas sobre presuntas irregularidades en la reparación de aviones de esa línea. La demanda incluyó al editor de las notas, Daniel Juri.
Despenalizados los delitos de calumnias e injurias, los funcionarios oficiales se inclinaron por demandas civiles, habitualmente conocidas como “daños y perjuicios” en las que piden un resarcimiento económico. Es probable que desconozcan que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esos juicios también son considerados como lesivos para la libertad de expresión.
Fuente: DsD
