- Las órdenes judiciales de suspensión de parte o toda la ley ataca al corazón del proceso de democratización de las comunicaciones. Tanto en impedir la desmonopolización de la propiedad de los medios, cuanto en obstaculizar que los argentinos podamos acceder a información pluralista y diversa.
- Los grandes grupos económicos y los multimedios – cuatro empresas controlan el 80% de los contenidos audiovisuales en la Argentina - por sí o por terceros, ponen en jaque la aplicación de la ley con el solo objetivo de perpetuar su poder manteniendo la ley de la dictadura y eximiendo a los medios de la obligación de transparencia, pluralismo, producción nacional, propia y local que exige la nueva ley.
- Se pretende impedir que las mayorías y minorías parlamentarias, las provincias, los pueblos originarios, las organizaciones sociales, empresarias y sindicales y las universidades tengan voz y voto para decidir el destino de la política de comunicación del país, para que quede atada al deseo de los multimedios y su capacidad de presión.
El Poder Judicial no debe pasar a la historia como quien impidió que las mayorías nacionales que lucharon y luchan por la libertad de expresión y el derecho a la información vuelvan a quedar silenciadas.
Defendamos todos los argentinos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la democracia.
Coalición por una Radiodifusión Democrática