Es la tercera orden judicial en el país para que se paralice la aplicación de la Ley. La denuncia la presentó el diputado Enrique Thomas, patrocinado por su ex enemigo político Luis Leiva.
La jueza federal mendocina Olga Pura de Arrabal dio lugar a una medida cautelar para que no se aplique la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la que constituye la tercera orden judicial del país para que se paralice la aplicación de la llamada Ley de Medios.
La jueza hizo lugar a una presentación realizada por el diputado Nacional Enrique Thomas, justicialista disidente, aliado al vicepresidente Julio Cobos y representante de Unión Popular; quien fue patrocinado por su ex enemigo político y ex juez Federal Luis Leiva. La denuncia apunta a irregularidades en el tratamiento que el Congreso le dio a la Ley.
Thomas afirma en la presentación que hubo un “cúmulo de irregularidades” en las comisiones que analizaron el proyecto del Ejecutivo, ya que sus integrantes no pudieron “conocer a ciencia cierta en qué consistía el dictamen de mayoría”.
Thomas también apunta, entre otras cosas, a la “irregular constitución del quórum” para tratar el proyecto y la imposibilidad como diputado para analizarlo correctamente, lo que según él constituye una violación a los derechos de legislador.
En su presentación, Thomas cuestionó la rapidez con la que el plenario de comisiones de Diputados pasó revista de los artículos de la ley, antes de que la norma fuera al recinto. "Se leyeron 160 artículos durante la noche y la oposición sólo tuvo una hora o dos para verlos, mientras el oficialismo hacía firmar el despacho", explicó el diputado nacional.
Agregó que, al día siguiente (16 de setiembre), a las 10, se convocó a una sesión especial para el debate de la ley de Medios que no respetó una disposición que establece un periodo de siete días hábiles para que el dictamen se conozca.
A todo esto, Thomas sumó que la sesión especial comenzó una hora y media después del primer llamado, cuando el reglamento sólo concede treinta minutos de tolerancia.
El peronista disidente recordó que el día de la votación, "99 diputados nos fuimos del recinto porque no queríamos avalar el tratamiento irregular de la ley".
"Ahora la Justicia analizará la cuestión de fondo y definirá si estamos equivocados o no", completó el mendocino, que milita junto al bonarense Felipe Solá.
Además dice que la sesión se hizo fuera del horario convocado. “Destaca que lo intempestivo de esta convocatoria a una sesión especial, con escasas horas de anticipación, impidió que muchos diputados, en especial del interior, tuvieran siquiera la posibilidad de asistir”, dice la jueza en sus fundamentos.
Arrabal ordena la suspensión de la aplicación de la Ley hasta que exista una sentencia firme sobre la denuncia de irregularidades, “sin que ellos implique prejuzgamiento”. Para emitir una sentencia, la jueza solicita informes al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación.
Esta es la tercera orden judicial para que la Ley de Medios no se aplique. Este fin de semana, un juez federal salteño, Miguel Antonio Medina, paralizó la aplicación de la Ley, en defensa del derecho de los salteños a acceder a la información y no ver restringida la oferta informativa que se produciría con la venta o desaparición de canales.
El miércoles de la semana pasada, a pedido del Grupo Clarín, el juez federal Edmundo Carbone había suspendió la aplicación del artículo 161, que establece que el plazo de un año para vender empresas de medios para adecuarse a la ley y del artículo 41, por el cual sólo se pueden vender medios con autorización oficial.
Actuaciones anteriores de la jueza acá
Fuente: Diario Los Andes y MdzOnLine
