Mauricio Macri impulsa a través de sus legisladores la sanción urgente de una ley de publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires. Esta semana, Criticadigital reveló en exclusiva que el proyecto contiene “baches” que dan pie a la utilización de la pauta como premio o castigo a la línea editorial de los medios.
En el artículo 3, el texto que propone el PRO en acuerdo con el kirchnerismo local, excluye explícitamente del alcance de la ley a los medios vecinales de comunicación social en cuanto “a las a las pautas de distribución y contratación”. Ese punto, sumado a otros “baches legales” que en la práctica se traducirán en ausencia de controles, regulaciones, límites y transparencia, despertaron las críticas de asociaciones de medios comunitarios y de periodistas.
Medios comunitarios. Para Javier Daruich, miembro de la Coordinadora de Medios de la Ciudad de Buenos Aires (Comeci), que integra la Federación Argentina de Radios Comunitarias, “el proyecto final es una cáscara que persigue el objetivo del tener marketing para decir que regulan la pauta oficial, pero no tiene un objetivo contundente”.
El conflicto por la pauta con lo medios comunitarios no es nuevo. La ley 2.587 recientemente sancionada establece que los inscriptos en el registro de medios vecinales deben recibir como mínimo el valor de lo que paguen los auspiciantes privados que contraten publicidad en la página 7 del diario Clarín (artículo 13). Esa norma sólo los habilita a pedir pauta al Poder Ejecutivo, dejando afuera a los entes descentralizados, empresas del Estado porteño, organismos autárquicos. Comeci se presentó en las reuniones de discusión previas a la redacción del proyecto final en la Comisión de Comunicación y solicitó que esta nueva regulación abra las puertas para acceder a esos entes y organismos vedados, que publicitan activamente en grandes medios.
“Cuando nos reunimos les dijimos que nos preocupaba que (la nueva ley) no aplicaba a todos los entes descentralizados, empresas privadas con acciones del Estado, y otros como la Defensoría del Pueblo, el Banco Ciudad, los entes reguladores, AUSA, etc”, comentó Daruich a este medio, en diálogo telefónico desde emisora Frecuencia Zero, donde trabaja. “Nosotros pedimos no sólo que no nos excluyan, sino que obliguen a todos los organismos estatales a pautar en medios vecinales”, agregó.
Desde la Comeci, concluyeron que: “La ley no sirve para nada. En el afán de favorecer a los medios vecinales, los están perjudicando. Es una cáscara sin ningún tipo de contenidos, y para lo único que va a servirle a Macri es para decir que ‘somos el único distrito de la Argentina que no distribuye pauta arbitrariamente”, cerró Daruich.
Trabajadores de prensa. FARO de la Comunicación agrupa a entidades que defienden los intereses de trabajadores de prensa. A FARO se la conoce como la “pata kirchnerista” (sector que, paradójicamente, dentro de legislatura porteña que apoya la ley) del colectivo por los 21 puntos de radiodifusión que apoyó fervientemente la Ley de Medios de Cristina Kirchner. Hugo Barcia (Gerente de Relaciones Institucionales de Canal 7) es el titular de la agrupación, donde también confluyen Los 100 y FATPren. “Macri se opuso a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus legisladores cuestionaron el órgano de control de esa ley, pero ahora veo su proyecto y el ‘bache’ de los órganos de control es patético. No existe. Me hace acordar a la desregulación de los ‘90 cuando desapareció todo tipo de control, suponiendo que lo controla en el mercado y está claro que no fue así”.
Barcia sostiene que lo más preocupante del proyecto son los insuficientes criterios para la distribución. “Van a pautar de acuerdo a sus necesidades políticas. Escuché muchas criticas de cómo se reparte pauta el Gobierno nacional, y la verdad, que la lógica de cómo repartir la pauta debe responder a una lógica de mercado, no se puede repartir a los medios amigos, o los que hablan bien. Se tiene que repartir según la cantidad de lectores, audiencias, niveles de ventas, etc.”.
Radios comunitarias. Santiago Marino, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) cree que las consecuencias de la sanción pueden ser muy negativas. “Implicaría poner en el texto de una ley aquello que hoy funciona de hecho, y que es muy malo para la democracia, y es la segregación, la discriminación de este tipo de medios de la posibilidad de recibir pauta oficial, que puede ser, de hecho, un mecanismo de promoción desde el Estado para otro tipo de mensajes y discursos”.
La AMARC elevó a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) los principios para una “Regulación Democrática”. Allí, sostienen que el reconocimiento y diferenciación de los medios comunitarios en la legislación de radiodifusión tiene como objetivo garantizar el derecho a la información, a la comunicación y a la libertad de expresión, asegurar la diversidad y pluralidad de medios y promover este sector. Para Santiago Marino, este reconocimiento “necesita acompañarse con procedimientos, condiciones y políticas públicas de respeto, protección y promoción para garantizar su existencia y desarrollo”.
Sin embargo, la AMARC no sólo considera que detrás de la norma impulsada se esconde el temible mecanismo de “mordaza invisible”, sino que plantea la inconstitucionalidad de la ley. "Si se excluye a los medios vecinales de comunicación sería inconstitucional porque de acuerdo a la Constitución de 1996 el Estado porteño ‘debe garantizar la democracia cultural’ (artículo 32, capítulo 6), y ‘debe velar para no interferir la pluralidad de emisores y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna (artículo 47)’”, denunció.
La propuesta final de la nueva ley -a la que accedió Críticadigital- surgió del estudio de otros proyectos de ley presentados anteriormente por Facundo Di Filippo (CC), en coautoría con Juan Cabandié y Sebastián Gramajo, de Encuentro para la Victoria; otro de Gabriela Cerruti, de Nueva Democracia, y un tercero de Diana Martínez Barrios, del PRO. El trabajo conjunto apunta a regular la distribución de publicidad que en 2008 repartió $ 96.169.132.
El texto definitivo tomó algunos puntos de los proyectos más ambiciosos. Pero luego de una ardua negociación, el PRO no aceptó incorporar artículos claves para garantizar la “transparencia” que promete en el prólogo de la norma. Por ejemplo, las sanciones establecidas para empresas o funcionarios que incumplan la ley, límites de gasto, la publicación online del plan anual de distribución o la creación de una comisión parlamentaria de seguimiento y control del reparto de dinero. La norma se votaría este jueves en la Legislatura porteña.
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Fuente: Crítica Digital