En la audiencia se tratará el caso “Horacio Verbitsky y otros”, la cual responde una denuncia del periodista argentino con motivo de la violación a ese derecho, generada a raíz de la denuncia por desacato realizada por el entonces ministro de Interior argentino, Carlos Corach con motivo de la publicación de su ibro “Robo para la corona”.Según el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, un hecho que podría acelerar la resolución, fue el anuncio realizado recientemente por la presidenta, Cristina Fernandez de Kirchner, sobre la despenalización de las calumnias y las enjurias que hoy pueden encarcelar a un periodista.
De excluirse del Código Penal estas figuras, “podría conducir a una próxima resolución amistosa” entre las partes, explicó Cantón, mencionando además que “Argentina acaba de presentar un amicus-curia (amigos de la Corte) contra Estados Unidos” describiendo “porqué este caso es importante” para el Estado.
El caso incluye a su vez, los pedidos de condenas a prisión o al pago de indeminizaciones civiles contra la actriz Gabriela Acher y el dibujante periodístico, Tomás Sanz, por criticar a diversos funcionarios públicos a través de sus publicaciones o programas de televisión.
Otro caso de relevancia, será el del argentino Victor Saldaño llevado adelante contra el estado de los Estados Unidos por la determinación de pena de muerte al ciudadano cordobés, argumentando que en la sentencia hubo discriminación dada su condición latinoamericana.
En un marco donde “cada vez hay más audiencias” sobre los pueblos aborígenes, la CIDH tratará además el caso presentado por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honaht de la provincia de Salta, motivado por los problemas generados respecto a la propiedad de tierras y a las “disputas que hay entre los pueblos indígenas y criollos”, comentó el Secretario Ejecutivo.
Para Vertbisky el proyecto de Ley sobre Calumnias e Injurias "soluciona únicamente el tema de la responsabilidad penal pero no incluye la parte civil".
El periodista argentino, Horacio Verbitsky, reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los avances argentinos sobre la despenalización de las injurias y calumnias, pero señalando que la resolución de su caso presentado a la Comisión sobre el derecho a la libertad de expresión en Argentina, "requiere de un proyecto de ley que solucione en forma definitiva este tema".
En ese sentido, reconoció que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, "decidió enviar al Congreso" el proyecto de despenalización de calumnias e injurias y que el mismo "obtuvo la semana pasada media sanción", pero mencionó a su vez, que tal como fue tratado "soluciona únicamente el tema de la responsabilidad penal pero no incluye la parte civil".
A su vez, Verbitsky calificó de "imprescindible", que ese organismo realice un "informe de fondo" sobre su caso que responde al derecho a la libertad de expresión, y donde "se intenta preservar el escrutinio por parte de una prensa independiente".
Al respecto, uno de los representantes del Estado argentino en la audiencia, el subsecretario para la protección de los Derechos Humanos del ministerio de Justicia, Luis Alen, coincidió que esta es "una situación que nosotros también comprendemos que resulta una violación al derecho a la libertad de expresión" y que existe "compromiso" para que la ley sea promulgada.
Explicó que se solicitó al Congreso un tratamiento "en el menor tiempo posible" para dar así "punto final a un situación que nuestro gobierno está decidido a sostener, a respetar y a garantizar a todos los habitantes de la Nación".
El caso del periodista, responde a una denuncia recibida en la década de los noventa por desacato por el entonces ministro del Interior argentino, Carlos Corach a raíz de la publicación de su libro "Robo para la corona"; esa situación lo llevó luego a presentarse ante la CIDH por atentar esta resolución contra la libertad de expresión.
La directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales y copatrocinadora, Andrea Pochak, afirmó que "vamos a seguir insistiendo hasta lograr la reforma civil", aunque tras la querella Verbitsky haya desistido de su denuncia y que en caso de aprobarse la legislación tal como la presentó el Poder Ejecutivo argentino el "caso" quedaría resuelto.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual "es un paso adelante importante"
Dos organizaciones no gubernamentales defendieron hoy en Washington la nueva ley de medios audiovisuales que ha entrado en vigor en Argentina, aunque pidieron al Gobierno que tome más medidas para promover la libertad de expresión.
La ley "es un paso adelante importante", dijo José Miguel Vivanco, director del departamento de América Latina de Human Rights Watch, en una conferencia en el Diálogo Interamericano, un centro de estudios independiente.
Sin embargo, enfatizó que debe complementarse con una ley federal que dé acceso a información del Gobierno por parte de los periodistas y el público, así como guías claras para la distribución de la publicidad pública a nivel federal.
En la misma línea se manifestó Horacio Verbitsky, periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización argentina de derechos humanos.
Verbitsky calificó la Ley de Medios Audiovisuales como "un avance muy importante de la democracia argentina, de la diversidad, al dar la palabra a sectores de la sociedad argentina que no la han tenido por mucho tiempo".
La nueva norma limita a diez el número de licencias de radio y televisión que puede tener una empresa, con el objetivo de limitar la concentración de medios y permitir más pluralidad en las ondas.
También impide poseer una televisión de canal abierto y otra por cable en la misma localidad, y prohíbe la entrada en el sector de comunicación de las compañías de telefonía.
La ley ha sido rechazada por la Unión Cívica Radical, el principal partido de oposición, y por los grandes conglomerados de comunicación, a quienes perjudica.
Incluso sus partidarios reconocen que la norma no es perfecta. Vivanco afirmó que el texto contiene definiciones "vagas" de las irregularidades que pueden causar sanciones, incluida la retirada de la licencia de emisión.
También dijo que el órgano regulador creado para la aplicación de la ley carece de suficiente independencia de los poderes políticos.
Por último, el texto no especifica qué pasará con las empresas que poseen más licencias que las permitidas por la nueva ley y que podrían demandar restitución económica, explicó Vivanco.
Pese a sus fallas, Vivanco enfatizó que la nueva ley es mucho mejor que la norma que deroga, que data de la dictadura militar (1976-1983), y su impacto dependerá de cómo se aplique.
"La ley podría convertirse en una referencia para la región" si de verdad fomenta la diversidad de opiniones, dijo Vivanco, quien denunció que los "monopolios y oligopolios" son un gran problema en América Latina, pues "amenazan la libertad de expresión".
Fuentes: TelAm, EFE