El gobierno nacional tiene en la mira a canal 9.
La emisora que pertenece al empresario mexicano Remigio Ángel González González se convirtió en una boca de expendio de novelas extranjeras enlatadas y enfrenta reclamos de sindicatos de técnicos y actores que rechazan el “vaciamiento y la extranjerización”. A eso se suma la intimación que el ComFeR les hizo a los nuevos dueños porque el tiempo para completar la documentación que deben presentar ante el organismo se acaba. Si no cumplen, la licencia puede quedar vacante. Por eso, en el kirchnerismo ya buscan un empresario “nacional” que se haga cargo del canal.Fuentes del Poder Ejecutivo informaron a este diario que los propietarios de Telearte S.A. jamás aportaron los papeles de la sociedad. El ComFeR emplazó en varias oportunidades, sin éxito, a los nuevos accionistas para que presenten la documentación. La última vez fue en agosto pasado, cuando cursó una intimación bajo amenaza de archivar el trámite de transferencia si no aportaban la información en un plazo de 45 días hábiles. El tiempo de gracia está a punto de expirar y cerca de Néstor Kirchner se ilusionan con un desembarco. Si la advertencia se concreta, González González -apodado el Fantasma por su bajo perfil- se quedaría con una “licencia muda” porque la baja le impediría, por ejemplo, vender publicidad y pagarles a los proveedores. Así, en los hechos, el canal que hoy ocupa el tercer lugar en el rating, muy lejos de Telefe y Canal 13, quedaría vacante.
De acuerdo al decreto 715, de 2003, los últimos socios autorizados como propietarios son Prime Argentina (la sociedad que conformaron Daniel Hadad, Fernando Sokolowicz y Benjamín Vignotti para comprar el canal) y la S.A. HSS Media. Lo que aún se encuentra pendiente es la autorización de la nueva composición accionaria que integran Inversora de Medios y Comunicaciones S.A., Bellevielle S.A. -en cuyo directorio figura el mexicano González González- y Carlos Eduardo Lorefice Lynch, apoderado de Canal 9. Fue Hadad el que le vendió la totalidad del paquete accionario al consorcio que domina el Fantasma entre 2006 y 2007. Los datos constan en manos de los jefes de los bloques opositores en el Senado desde que el interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, se los entregó en su paso por las audiencias en la Cámara alta.
El magnate mexicano es propietario de 30 canales y 80 radios a lo largo de toda Latinoamérica y, en abril pasado, adquirió también FM Aspen. Desde hace casi dos años, los trabajadores del 9 vienen denunciando que actualmente sólo se utilizan para producciones propias dos de los nueve estudios que tiene la emisora. Hay camarógrafos, iluminadores, locutores, periodistas, actores y extras que casi no tienen trabajo. La demanda cuenta con el respaldo del Sindicato Argentino de Televisión, la Asociación Argentina de Actores y la Confederación Sindical de Trabajadores de Medios de Comunicación Social. En ese lapso, el reclamo para que la emisora cumpla con el mínimo de ficción nacional que fija el decreto ley 22.285 contó con la adhesión de figuras como Cristina Banegas, Diego Capusotto, Natalia Oreiro, Gastón Pauls y Antonio Gasalla, entre muchos otros. Parte de esa información puede leerse en la propia página del ComFeR, donde se encuentra el respaldo de los trabajadores de Canal 9 a la Ley de Servicios Audiovisuales sancionada el viernes último.
La nueva norma obligará al ciudadano estadounidense González González a desprenderse del 70% de las acciones y a producir un 60% de contenidos nacionales. Sin embargo, si se propone incursionar en Canal 9, el kirchnerismo no necesitaría esperar a que entre en vigencia la nueva ley. El decreto 22.285 de la dictadura establece un mínimo de 40% de producción nacional diaria en los canales de aire. Actualmente, el 51% de lo que se transmite de lunes a viernes por Canal 9 no se produce en el país, pero el porcentaje alcanza el 80% los sábados y el 65% los domingos. La emisora de la calle Conde llega a cumplir con ese requisito sólo a partir de los noticieros y la repetición de programas propios, como el de Viviana Canosa. Una opción intermedia sería que la productora de Diego Gvirtz se haga cargo de, por lo menos, cuatro horas diarias.
El matrimonio presidencial conoce de primera mano la situación en el canal. Allí, revista desde 2008 Luis Ricardo Palacio, el ex interventor del Sistema Nacional de Medios Públicos durante la gestión de Kirchner. Fuentes de acceso permanente a la residencia de Olivos le adelantaron a Crítica de la Argentina que la intención del santacruceño es que un empresario allegado al oficialismo se quede con el paquete accionario del canal. “Va a ser uno de los nuestros”, afirman. No dejaría de ser una paradoja. La licencia de Canal 9 habría vencido este año si en 2005 Kirchner no hubiera prorrogado los permisos de explotación por 10 años, a través del decreto 527. Este diario intentó comunicarse con las autoridades de Canal 9, pero allegados a González González afirmaron que el empresario no hace declaraciones.
Opiniones de Constitucionalistas
Roberto Bugallo: Debe controlar la Justicia
El Congreso, cualquiera sea su integración, tiene la potestad de derogar o modificar leyes. Es una facultad inherente al Poder Legislativo. El organismo de control de las leyes es en realidad el Poder Judicial, que a través de las sentencias tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley. La pregunta es: ¿Qué parte de la ley contraría la Constitución o los tratados internacionales? Sobre el organismo de control, no parece diferente a otros. Y el plazo es un problema de las empresas y no de la ciudadanía.
Felix Loñ: Viola derechos adquiridos
Creo que esta ley viola el artículo 32 de la Constitución Nacional, que dice que el Congreso Nacional no dictará leyes que restringan la libertad de imprenta. Si bien es cierto que la autoridad de aplicación está formada por siete miembros y es superior a la actual, no permite alentar expectativas de imparcialidad, puesto que le sigue dando al Poder Ejecutivo una supremacía en la toma de decisiones de esa autoridad de aplicación. Y el artículo 161 afecta el derecho de la propiedad, ya que no se reconocen los derechos adquiridos.
Fuente: Crítica de la Argentina