Por: Alejandro Bercovich
Promulgada por el Ejecutivo en tiempo récord, la ley de medios aprobada ayer por la madrugada en el Senado ya disparó una pelea feroz por quién se quedará con los negocios que deberán soltar los principales grupos mediáticos del país. En especial Clarín, que tendrá que optar entre sus cinco canales de aire y las cinco
operadoras de cable donde tiene participación, y que también verá limitado el alcance de sus nueve licencias radiales. El holding de Ernestina de Noble planea incentivar una ola de juicios de otras empresas más chicas para frenar el avance de la nueva norma, pero aún no decidió qué parte de su emporio venderá ni cómo lo hará en caso de que se le imponga. Por su parte, las entidades sin fines de lucro a las que la ley reserva un tercio de las emisoras aún esperan saber cómo se financiarán. Para eso falta ver la reglamentación, que el Ejecutivo apura pero todavía guarda bajo siete llaves.Los empresarios periodísticos creen que las beneficiarias más inmediatas de la ley serán las cooperativas de servicios públicos del interior, que proveen de electricidad y teléfono a casi seis millones de hogares. Muchas de ellas invirtieron millones en tender redes de fibra óptica que hasta ahora no podían usar para vender señales de cable, porque se los prohibía la ley heredada de la dictadura. Técnicamente, esas redes les permiten ofrecer el Triple Play (cable, teléfono e internet) que hoy ya proveen firmas como Telecentro, de Alberto Pierri. Y que son la crema del negocio audiovisual.
Con la nueva norma, las cooperativas tendrán la ventaja de la red ya instalada y aspiran a robarle una tajada gruesa a los gigantes Cablevisión y Multicanal, ambos de Clarín y con casi la mitad de los abonados a la TV paga. Es lo que querían hacer las dos grandes de la telefonía -Telecom y Telefónica-, a las que les fue vedada esa posibilidad por la presión del centroizquierda, que exigió cambios al proyecto original a cambio de su apoyo parlamentario.
La danza de millones ya empezó. Las acciones de Clarín bajaron diez centavos el viernes pero perdieron casi el 20% de su valor desde que el kirchnerismo empezó a insinuar que le quitaría el negocio del fútbol, a principios de agosto. Su precio se desplomó un 75% desde cuando el multimedios decidió abrir parte de su capital en la Bolsa, hace exactamente dos años. Al principio arañaron los $ 32, pero tocaron un piso de $ 4 en abril pasado, en plena campaña electoral.
La reacción no se hará esperar. Esta misma semana la Asociación de TV por Cable (ATVC) lanzará los primeros dardos contra la ley en el Hotel Hilton porteño, donde realizará un congreso. Aunque muchos cableros chicos y medianos sucumbieron ante el poderío de Cablevisión y Multicanal y se enfrentaron a Clarín hasta caer rendidos, unos 500 de ellos todavía prestan servicio a casi dos millones de abonados. Ahora los une a Clarín el espanto frente a las cooperativas.
Otros grupos empresarios de medios, como el de Daniel Vila (América) y el español Prisa (Continental), preparan sus propias estrategias judiciales. Sus abogados barajan presentar recursos de amparos y medidas de fondo, en simultáneo a la continuidad de su campaña pública contra la reforma.
La española Telefónica, que controla Telefe y otros ocho canales en el interior, enfrentará otro problema. La nueva ley exige “correr el velo societario” de todos los medios. Es decir, que cada dueño se muestre detrás de la maraña de sellos y empresas que suelen presentarse como sus poseedores. Así quedará al descubierto su origen extranjero, también prohibido.
El matrimonio Kirchner relojea con desconfianza al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Los espadachines K saben que en última instancia, los fallos que se dicten en cada juicio terminarán en el máximo tribunal y ahí se definirá el éxito o el fracaso de la iniciativa.
El otro detalle pendiente es cómo se financiará la democratización de los medios que promete la ley. Aunque reserva un 33% del espectro radioeléctrico a las ONG, clubes y organizaciones sociales, los expertos advierten que no aclara cómo se solventarán sus emisoras sin un capital inicial. Es uno de los temas que deberá atender la autoridad de aplicación de la ley, que tendrá siete miembros y en la que el Ejecutivo aspira a colocar a un opositor como vicepresidente para darle más legitimidad.
La ley y la voz: defensa de la protesta
Por: Pablo Alabarces
Dije hace dos semanas: “Esta ley se ocupa de ampliar algunas posibilidades para que las voces circulen; pero el problema seguirá siendo quién puede tomar la palabra”. Hoy ya tenemos ley de medios, afortunadamente, a pesar de las campañas vergonzosas de medios y corporaciones que
no se han caracterizado, históricamente, por sus convicciones democráticas o su respeto por las libertades. Estamos a punto de que algún multimedio sostenga (La Nación está primera en la lista) que nos hemos desbarrancado en una dictadura castrista. Y sin embargo, como afirmé entonces, la libertad de expresión seguirá a salvo en manos de los que la defendemos y la ejercemos cotidianamente: no nos hacen falta los monopolios para que lo hagan en nuestro nombre.Y tenemos ley también a pesar de la tozudez oficialista, empeñada en restarle legitimidad y consenso. En algún momento del debate pensé que esta ley podría haber salido con un porcentaje enorme de los legisladores: dejando fuera a la derecha y al peronismo neomenemiposduhaldista –es decir, la derecha–, había la posibilidad de un puente de plata con los radicales y parte del ARI o como se llame ahora. Era cuestión de insistir en la ampliación de los órganos de aplicación y control, lo que hubiera mejorado aún más la ley. Pero no: los muchachos estaban apurados por cantar la Marchita con los compañeros de Carta Abierta, de modo que no había espacio para un poco más de mesura y reflexión y consenso –lo que se espera del Parlamento–.
Entonces: tenemos ley, pero eso no significa que las voces van a circular libre y democráticamente, como por arte de magia. Por un lado, porque la experiencia de Canal 7 no permite alentar grandes expectativas: aunque en tándem con Encuentro han ofrecido la mejor televisión estatal en años, su manejo de lo informativo se empeña en darles la razón a sus críticos –y más aún ahora que se ha futbolizado, ahora que la voz más difundida por el canal del Estado es la de Marcelo Araujo–. Pero mi argumento central, en el que quiero insistir, es que la ley apenas mejora las condiciones, aunque no las garantiza, para que la circulación de voces sea realmente democrática en nuestra sociedad y en nuestra cultura.
Y un buen ejemplo es lo que está ocurriendo en las últimas semanas con el resurgir de la protesta social, que no había desaparecido, pero que parecía aletargada o desplazada por la manera en que los sectores más poderosos habían ganado la calle. Justamente ese contraste demuestra mi argumento: de la cobertura gigantesca de la protesta rural pasamos, sin demasiadas mediaciones, a la estigmatización y condena de todos los movimientos de protesta popular de estas semanas –para no hablar, lisa y llanamente, de la represión en Kraft o de la que prepara Macri–. El argumento central es siempre “el respeto del derecho del otro a circular”: parece que si la calle se corta, se impide el ejercicio de un derecho inalienable, el de llegar temprano a las obligaciones o al hogar. Concedamos la molestia, que todos hemos experimentado, pero aceptemos que se llega a tiempo saliendo antes, y que si nos demoramos en volver al hogar eso significa que por lo menos lo tenemos. Lo que no parece comprenderse es la magnitud de lo que la protesta está poniendo en escena: nada más y nada menos que el derecho a la supervivencia –alimentación, salud, nacimiento, muerte– frente a la circulación o la llegada a horario; no parece haber comparación posible.
Pero el argumento es centralmente el de mayor o menor democracia en una sociedad, y es ahí donde mi razonamiento se liga con la ley audiovisual: lo que la protesta exhibe es la diferencia de poder. Cierta vulgata periodística y política ha logrado instalar la idea de que “el poder” es el Estado: resistir al Estado –como hicieron los ruralistas– se vuelve una épica del humilde frente al poderoso. En realidad, en toda sociedad moderna las diferencias de poder se exhiben por doquier: hay diferencias en la clase social, en el género, en la etnia, en la edad, en las instituciones escolares –vean si no el conflicto en el Buenos Aires–. Hasta en los gremios, desde que los sindicatos persistentemente vandoristas abandonaron a la clase trabajadora para aliarse con las patronales –hace cincuenta años…– y comenzaron a perseguir fantasmas izquierdistas en sus comisiones internas. Esas diferencias de poder sólo pueden refutarse en el conflicto, usando las armas del débil: si Kraft tiene a “la embajada”, los medios, el sindicato y la Bonaerense, a los obreros sólo les queda el corte de ruta.
La protesta –el conflicto– es el medio con el que los débiles pueden tomar la palabra. La ley de medios será democrática, entonces, sólo si permite extender esta noción, si se vuelve un instrumento radical de circulación de las palabras más agudas y contrastantes, de las voces de los menos poderosos. Si se limita a garantizarle un lugar a una FM de Daer, me quedo con TN.
Abrió un retiro voluntario de trabajadores
TyC implementó un plan de achicamiento
La compañía, golpeada por la estatización del fútbol, picó en punta con la reducción del plantel de periodistas y otros profesionales. El Gobierno teme que, con la nueva ley, la barrida se extienda a otros medios del Grupo Clarín.
Por: Alejandro Bercovich
TyC Sports, el canal deportivo de cable que comparten Clarín y Torneos y Competencias, sigue
en franco declive tras haber perdido los derechos exclusivos de transmisión del fútbol de Primera División. Tal como reveló en exclusiva Crítica de la Argentina dos semanas atrás, la compañía anunció a sus gerentes que se desprendería de cerca de la mitad del personal. Es decir, unos 230 periodistas, técnicos y administrativos. Por ahora sólo abrió un plan de retiros voluntarios para tentar a quienes quisieran irse con una indemnización mayor a la que recibirían por despido. Pero en el Gobierno temen que, con la ley de medios aprobada, el Grupo Clarín amenace con despidos masivos para frenar su aplicación. El kirchnerismo asegura que no los autorizará, aunque aún no tiene un plan para evitarlos.El gerente de Recursos Humanos de TyC Sports, Oscar Castagnola, se despachó con honestidad brutal diez días atrás, en una suerte de asamblea que convocó a un centenar de empleados en el hall de los estudios de San Juan y Lima. “La empresa perdió su mayor negocio. Yo ya no sé si vamos a tener que reducir un 30, un 40 o un 50% del personal”, dijo, según relataron a este diario tres de los presentes.
El retiro voluntario que abrió la empresa ofrece a los empleados un 120% de la indemnización que les correspondería por despido si lo aceptan hasta el 15 de octubre y un 110% en la segunda mitad del mes. Después, las autoridades no aclararon si echarán gente, en caso de que la adhesión no alcance sus expectativas. Ante las incipientes protestas del personal, Castagnola prometió precisiones para los próximos días.
Lo que falta definir es la torta que manejará TyC Sports después de la renegociación del canon que le pagan los cableros por incluirlo en su grilla. De ser el canal más cotizado (unos nueve pesos por abonado), tras perder la exclusividad del fútbol, pasó a valer menos de dos pesos por abonado, según especulan en el mercado.
La incógnita para el Gobierno es si el Grupo Clarín desplegará la misma estrategia de recursos humanos en el resto de sus canales, radios y diarios a partir de la sanción de la nueva ley. En el Ministerio de Trabajo aseguran que toda empresa que quiera despedir masivamente debe acreditar antes un quebranto significativo en su negocio mediante un procedimiento preventivo de crisis. Igual, no saben qué podría disparar la aplicación de la ley, con las ventas y las transferencias que forzará en el actual marco de concentración mediática.
La incógnita pasa por el futuro de TN, de El Trece y de los otros cuatro canales de aire que maneja Clarín si no hallan nuevo dueño, pero también de los demás medios en manos de grandes grupos. En muy pocos hay sindicatos fuertes que puedan defender a los trabajadores.
Daniel Vila, del Grupo UNO
“Voy a ir a la Justicia”
El empresario Daniel Vila, presidente del Grupo Uno y miembro de América TV, fue uno de los más duros cuestionadores al proyecto de ley K para los medios audiovisuales. Ayer, tras la sanción de esta norma, anticipó su intención de dar batalla en la Justicia contra la aplicación de la
medida.“Esta ley trae problemas, está mal redactada, tiene artículos repetidos, ni creo que fuera redactada por un abogado”, dijo en diálogo con FM Blue.
Por otra parte, consideró que “vamos a recurrir a la Justicia para impedir que no se aplique. Tiene varios artículos inconstitucionales. Sin judicialización habrá despidos”.
“¿Qué pasa si en un año no vendo mi empresa?, preguntó Vila respecto del artículo que fija en ese tiempo el plazo para desprenderse de los activos excedentes de acuerdo con la nueva ley. “Tendré que bajar la persiana, pagar las indemnizaciones y despedir gente”, amenazó.
Finalmente, dijo que en la Argentina hay inseguridad jurídica y se ponen límites a la inversión.
Un triunfo superestructural
Néstor obtuvo un éxito parlamentario pero su intención de voto cae en picada. Menem y su faltazo a la maratónica sesión.
Por: Susana Viau
Carlos Saúl Menem almorzó el viernes en casa de su ex ministro del Interior, Carlos Corach. Desde allí, a las cuatro de la tarde, hizo saber al peronismo opositor: “No voy a votar a favor del Gobierno ni de Clarín”. En el cuartel general instalado en el Hotel Savoy, los “armadores” de la disidencia justicialista comprendieron que la suerte estaba echada. Quizás en homenaje al pasado, quienes revistaron en sus filas prefirieron descartar la hipótesis de que el ex presidente está hoy más atento al desarrollo de las causas judiciales que lo jaquean, y que el Gobierno puede regular, que al futuro partidario. Pocos días antes, dicen, les había confiado: “Que hagan lo que quieran. Que me procesen. Después me tendrán que desprocesar”. Pero, a esa hora, las razones eran lo de menos. Los números dejaban pocas esperanzas y la desazón multiplicaba los rumores en los pasillos del tradicional edificio de la avenida Callao. Una fantástica y generosa lista de premios comenzó a circular entonces, acompañando los nombres de los legisladores que se habían prestado a darle una holgada victoria al oficialismo. Ramón Saadi habría sobrevaluado su voto asegurando que se pronunciaría en contra de la ley de medios para cambiar de opinión después. Según la novela parlamentaria, mientras el gobernador Juan Schiaretti comía en El Mirasol de La Recova, la médica cordobesa Haydée Giri lograba que, luego de que este año expire su mandato, el Gobierno le asigne un destino en el exterior: una delegación en la sede de la OMS, en Ginebra, o la embajada argentina en Portugal. El tucumano Julio Miranda, a su vez, tendría la posibilidad de ubicar a un hombre de su confianza en la Secretaría de Energía; en función de lo conversado por Ricardo Bussi con Jorge Alperovich, a cambio del apoyo “en general” a la ley, el otro médico del Senado, Carlos Salazar, se llevaría a casa a su paciente, el represor Antonio Domingo Bussi, hoy recluido en una unidad militar.
Pero así como ninguna maniobra de cooptación explica el aplastante triunfo oficialista, cierto es que tampoco la amplitud de esa brecha puede hacer dormir tranquilo al Poder Ejecutivo. Las intervenciones de la oposición pusieron al descubierto las insanables flaquezas e inconstitucionalidades del proyecto. Entre la demoledora solvencia con que la salteña Sonia Escudero deconstruyó el artículo 161 y la aparente ingenuidad con que María Eugenia Estenssoro preguntó por el sentido de la palabra “bianual”, quedaron delineados los argumentos que, con seguridad, se esgrimirán en sede judicial. Por eso es que Kirchner estimula un rápido avance en la instrumentación de la ley 25.522. Cuanto más consolidada esté, supone, más difícil le resultará a la Justicia actuar contra ella. Por eso quiere que esta misma semana quede conformado el órgano de aplicación. El santacruceño, aseguran, prepararía otros golpes de efecto para reconstruir poder: la ley de entidades financieras o una eventual estatización de YPF estarían en carpeta. Lo que no entra en sus cálculos es otro plano de la realidad: el de las encuestas que muestran la caía vertical de su imagen. Un sondeo de Management & Fit sobre 4.500 casos de todo el país indica cómo está la preferencia de los argentinos en materia de candidatos presidenciales: a la cabeza figura Julio Cobos, con 21 por ciento; lo siguen Mauricio Macri, con 17; Francisco de Narváez, con 16; Carlos Reutemann, con ocho; Eduardo Duhalde, que comienza a aparecer con seis, y cierra la nómina Kirchner, con el cuatro por ciento de posibles electores.
Sonia Escudero
“El Gobierno prefiere controlar los medios y no la venta de armas”
La senadora salteña se lució con sus críticas y observaciones durante el debate por la ley de medios. Afirma que no habrá modificaciones a la nueva norma porque “ésa es la vía del Poder
Ejecutivo para ejercer presión y asegurarse algún resultado electoral en 2011”.Por: Jesica Bossi
Desde la oposición, fue la senadora que más estudió los vericuetos de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y discutió en el recinto: hizo uso de la palabra 21 veces durante las diecinueve horas que duró el debate. Ahora, la salteña Sonia Escudero, del PJ disidente, advierte que vendrá una batalla jurídica que deberá zanjar la Corte Suprema y alerta sobre la creación de una autoridad de aplicación vaciada de poder y subordinada al Gobierno.
¿Cuáles son los efectos inmediatos de la ley?
Después de la reglamentación, viene el proceso de conformación de la autoridad de aplicación, el Consejo Federal y el resto de la burocracia que crea la ley. Habrá que ver quién va a hacer el estudio –porque la ley no dice nada– sobre la situación de las licencias en el país. Lo que creo es que va a haber planteos judiciales pronto, porque hay temas que no están resueltos, que no han sido nunca abordados por la Corte. Por ejemplo, si el Congreso tiene potestades para regular en materia de cable cuando se trata de comunicaciones que no exceden el marco de una jurisdicción, atento a la prohibición que expresa del artículo 32 de la Constitución Nacional, que le impide al Parlamento legislar sobre libertad de imprenta.
Esa avalancha de presentaciones judiciales arrancará con los grandes grupos.
Creo que los primeros cuestionamientos saldrán de licenciatarias que se sientan amenazadas y es posible que no sean los grupos más concentrados, porque esta ley no opera de pleno derecho. Para que alguien le reclame que se deshaga de algunas licencias porque está en violación de la ley, tiene que haber un estudio que demuestre cuál es la concentración que existe. De modo que me parece que no es de efectos inmediatos. Va a hacer falta reglamentar primero, hay muchos temas que son confusos. Por ejemplo, lo que se refiere al acceso a nuevas tecnologías quedó delegado en el Poder Ejecutivo, hasta la cláusula de “progreso” de la Constitución Nacional.
¿Cuál va a ser el rol que tendrá la oposición en el proceso de reglamentación y puesta en marcha de la ley?
Habrá que estar muy vigilantes. Tenemos que conformar en el Congreso la comisión bicameral. Eso va a marcar un poco el rol y dejará ver hasta qué punto el Poder Ejecutivo está dispuesto a dejarse controlar. También esperamos, y vamos a verificar, que haya un compromiso de todas estas entidades que han apoyado tanto la ley para que tengan una actitud de vigilancia y que se cumpla todo lo que ellos han declamado, diciendo que es una maravilla de ley. Nosotros, desde la letra del texto, lo que vimos claramente es una intencionalidad de tener una injerencia muy fuerte sobre los medios. Me resulta decepcionante que el Gobierno haya dado prioridad a controlar a los medios de comunicación antes que a las armas, que están causando tantas muertes en nuestro país.
Comparado con el esquema de medios actual y ley que se sancionó durante la dictadura, ¿no le parece superador lo que se aprobó?
Desde lo que son sus objetivos, por supuesto que es superador. Pero desde el punto de vista de la injerencia del Poder Ejecutivo sobre los medios, no. En la Argentina, hoy tenemos libertad de prensa, yo veo lo que quiero, tanto voces críticas como del Gobierno tienen lugar para ser escuchadas. El temor es que esta ley, tal como ha sido concebida, haga desaparecer esta libertad y terminemos todos escuchando y viendo lo que diga el gobierno de turno.
En sus discursos, el senador oficialista Miguel Pichetto dijo que es posible que esta ley sea modificada en el corto plazo. ¿Cree que eso ocurrirá realmente? ¿Van a trabajar desde la oposición después del recambio legislativo?
No creo que haya modificaciones. Y menos del “núcleo duro”, que es el artículo 161, junto con el 45. Ésa es la vía del Poder Ejecutivo para ejercer presión y asegurarse algún resultado electoral en 2011.
Si no hay cambios a esta ley, ¿se vienen otras iniciativas vinculadas a los medios periodísticos?
Ayer, en la bancada oficialista hubo un compromiso de avanzar en ese sentido. El senador Daniel Filmus dijo que había intención de impulsar una ley de acceso a la información y de distribución de la publicidad oficial, que son pilares esenciales y parte del derecho de la libertad de expresión.
¿No hay desde la oposición un exceso de desconfianza hacia la nueva autoridad de aplicación?
Hoy la maneja una sola persona, y ahora serán siete de distintos orígenes.
Quedó conformada con una mayoría asegurada para el Poder Ejecutivo. Pero, además, quedó vaciada de las cosas importantes. No tiene capacidad regulatoria, o sea, toda la regulación se la ha reservado el Poder Ejecutivo para sí mismo, al igual que la concesión de las licencias importantes. De modo que la autoridad de aplicación va a tener un rango menor, pero no el verdadero poder.
Usted dijo ayer que se estaba perdiendo una gran oportunidad de sacar una ley por consenso. ¿Qué le parece la postura que tomó la oposición al comienzo, cuando se retiró del debate?
Lo que hizo la oposición en la Cámara de Diputados fue muy malo. Aunque el procedimiento haya sido deficiente y no hayan tenido el tiempo necesario de maduración y debate en comisiones, eso se tiene que dar en el recinto. Es ése el momento. No se puede renunciar a las obligaciones que nos dio la ciudadanía cuando nos votó.
¿No le parece que el arco opositor quedó expuesto en el debate como funcional a los grandes grupos?
No, de ninguna manera. Así como yo no sanciono una ley a favor de un grupo (N. de R.: la entrevistada rechazó la Ley de Bienes Culturales, que benefició al Grupo Clarín), tampoco en contra de nadie. El Congreso no tiene que ser funcional a una pelea personal, o de no sé qué clase, que tiene el Gobierno. Si alguien consolidó el monopolio en este país, ése fue Néstor Kirchner.
Los radicales quieren modificar cinco artículos y el peronismo disidente al menos dos
El nuevo Congreso ya negocia para cambiar la ley
Por: Rodolfo González Arzac y Federico Sierra
Se iniciaron contactos con varias fuerzas, entre ellas el PRO y la Coalición Cívica, para aplicar correcciones a la flamante norma de Servicios de Comunicación Audiovisual. La UCR también impulsa un proyecto para las telecomunicaciones. El debate que se viene.
En el Congreso, la oposición promete no sacar de la agenda la nueva de ley de medios y sumar nuevos debates sobre temas relacionados. El radicalismo ya trabaja para modificar cinco artículos de la norma promulgada, al tiempo que tiene listo un proyecto para regular las telecomunicaciones. Desde Unión PRO amenazaron con revisar toda la ley, aunque no definieron cuál será la estrategia. En Proyecto Sur, advirtieron que les darán prioridad a fiscalizar y garantizar el espíritu plural de la norma. La cúpula de Coalición Cívica adelantó que intentará modificar los aspectos más conflictivos. El cobismo señaló que sus próximos esfuerzos serán dirigidos a tratar de resolver los problemas de los medios pequeños de las localidades más chicas. Y el socialismo aseguró que insistirá con la creación de una sociedad del Estado que reglamente el funcionamiento de los medios públicos.El radicalismo pretende sumar a la Coalición Cívica y al PRO para avanzar en una modificación de cinco artículos de la ley sancionada. Se trata de los artículos 14, 45, 47, 113 y 161. “Son artículos centrales para modificar después del 10 de diciembre”, dijo la diputada Silvana Giudici. Otras fuentes del partido adelantaron que también impulsarán una nueva ley de telecomunicaciones, un aspecto que, dijeron, “no es abordado por la nueva ley”.
En la misma línea, Adrián Pérez, jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, anticipó que trabajarán en un proyecto del ley que modifique los aspectos mas cuestionados. Y habló de “la independencia del órgano de aplicación, una regulación sobre la pauta oficial y la independencia entre los medios públicos y el Gobierno”.
Francisco de Narváez también considera que hay que cambiar lo sancionado con amplia mayoría en ambas cámaras. “Se revisará la nueva ley, eso es seguro. Pero el mecanismo hay que consensuarlo primero en nuestro interbloque y luego con otros sectores de la oposición”, apuntaron cerca del empresario. Y Felipe Solá le subrayó a este diario que “es necesario modificar al menos dos puntos centrales de la ley: la autoridad de aplicación y el plazo que se les da a los actuales propietarios de medios para desprenderse de algunas empresas”.
Para Claudio Lozano, de Proyecto Sur, lo primero es esperar la reglamentación de la nueva ley que debe hacer el Poder Ejecutivo. Y lo segundo, “garantizar que la ley sea lo que dijo ser. Hay que fiscalizar el proceso, por ejemplo con el manejo de las licencias que tendrá el Gobierno en las ciudades de más de medio millón de habitantes”. Lozano cree también que su espacio debe trabajar en mejorar el principal defecto de la norma, que es que “opera abstraída del contexto”; por eso se necesita regular la publicidad oficial y tener una política de financiamiento para impulsar medios comunitarios.
Mario Barbieri, diputado electo cobista, dijo que lo preocupa en especial la problemática de los pequeños medios en la pequeñas localidades. “Hay que resolver cómo darles sustentabilidad a las pymes y cooperativas en el interior del país. La ley que protege a las pymes de comunicación, presentada recientemente, da un piso muy alto que deja afuera a muchísimos medios locales y regionales; creo que necesitamos una ley más abarcativa”, criticó.
En el socialismo, entre tanto, más allá de que a partir de diciembre pasarán de tener diez diputados a contar solamente con seis, insistirán con un proyecto vigente ya presentado, que estipula la creación de una sociedad del Estado para reglamentar el funcionamiento de los medios públicos con un directorio compuesto por 16 miembros. La propuesta apunta a un cuerpo descentralizado, autónomo y autárquico.
Clarín confirma la judicialización
“El grupo Clarín recurrirá a la Justicia para hacer valer sus derechos. No se trata de ganar tiempo, sino de que hay artículos que realmente son inconstitucionales. Alguien debe reparar esto”, dijo Jorge Rendo, director de Relaciones Externas de Clarín.
Por otra parte, Rendo afirmó que “hay cosas de la ley que son insólitas y que no existen en ningún lugar del mundo”. Además, expresó que el grupo Clarín tiene 16.000 empleados y admitió que en TyC tuvo que implementar un plan de retiro voluntario debido a la decisión de estatizar el fútbol. Sin embargo, aseguró que no está previsto un achique del personal.
A todo esto, Rendo también se refirió a la denuncia que hizo Clarín sobre un apriete del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a Papel Prensa. “El Gobierno tenía que encontrar una forma de controlar los medios gráficos”. opinó.
Fuente: Crítica de la Argentina