Por: Federico Sierra
Fanático y coleccionista de historietas, a sus 72 años Oscar Steimberg conserva un fresquísimo sentido del humor capaz de desdramatizar los debates más intrincados. Referente de la semiología en la Argentina, vive
-curiosamente- sobre el pasaje Del Signo, en el barrio de Palermo. Entre la actividad académica, la poesía y su trabajo de gestión en el IUNA, señala “el momento de crispación actual” y defiende al kirchnerismo en su impulso por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.¿Cómo entiende desde la semiología la pluralidad de discursos en una sociedad?
Esa pluralidad debe ser entendida como un conjunto de diferencias en distintos registros. Asegurar una pluralidad de emisores para lograr una pluralidad de discursos es una condición necesaria pero no suficiente. Esto tiene una actualidad mucho más compleja que en otros momentos históricos. Actualmente parece que nadie pudiera dejar de tematizar las diferencias. Todos los actores están atentos a las diferencias de contenido, pero también a las de estilo, que muchas veces son las que hacen que la sangre llegue al río, en la vida pública y en la política, más allá de los contenidos.
¿La proliferación de medios digitales y de los soportes de comunicación hizo aun más obsoleta la ley actual?
Vivimos un tiempo en el que puede pensarse que callar es morir... hay que permitir que las formas de no callar estén al alcance de gente que pueda hacerlo desde todos los espacios sociales. Esa necesidad de diálogo y de emisión discursiva es una condición novedosa, que hace que los espacios de opinión de información deban ser naturalmente múltiples.
¿Y cuál puede ser el rol del Estado?
El Estado siempre se puede equivocar y ésta, como cualquier otra ley, puede contener errores y riesgos. Hay que separar lo que tiene de común de lo que tiene de nuevo y original. Que exista el 33% para organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. El Estado debe aportar al establecimiento de posibilidades de creación de una cultura. Aunque esa cultura siempre exceda en las prácticas los propósitos del Estado, que debe establecer las garantías para producción y circulación.
¿Cómo evalúa el curso que está tomando el debate?
Se han dicho cosas interesantes y otras que no lo son, por repetidas y orientadas a una perfección que veo difícil de concretar. Esa búsqueda de perfección no la entiendo. Es de una tranquilidad estudiantil ponerse en contra de cualquier cosa que no se encuadre dentro de un proyecto irreprochable. (Piensa). ¡Además, ni siquiera constituye un discurso creíble!
¿Cómo agitar el fantasma de la “chavización” en el debate sobre la ley?
La figura de la “chavización” es idéntica a la del antiperonismo de los dos primeros gobiernos de Perón. El mismo fantasma y el mismo rechazo tembloroso y convulso. Una fobia a algo que tiene formas, modos y costumbres de lenguaje que son inaceptables para unos oídos acostumbrados a la previsibilidad de su propio segmento y a sectores educados de acuerdo con sus propios parámetros. Tanto el horror ante la chavización, posible o imaginada, como el alivio cuando se descubre que los rasgos del fenómeno no dan para hacer esa sinonimización son cómicos.
¿Dice usted que la discusión ha tomado rasgos risibles?
Seguro. Mire, hay algo de bueno en este debate que es su componente cómico. Un factor que está presente sin ser buscado. La comicidad la ponen los adversarios al proyecto de ley. Y la ponen todo el tiempo. A veces escucho cosas de la señora Elisa Carrió que no se pueden creer. ¡Es que la mayor parte de lo que dicen los opositores al proyecto no se puede creer! (Se ríe). Aun sin la intención consciente de ser cómicos, lo son.
¿Cree que el matrimonio Kirchner se involucró en un proyecto que lo excede?
Las intenciones de Cristina y Néstor no son mi preocupación. Lo que me preocupa es la propia ley, que considero buena. Y si los Kirchner son quienes impulsan este proyecto, no tengo ningún inconveniente en apoyarlos.
El debate sobre la legitimidad de los legisladores que finalizan su mandato
¿El Congreso debe esperar a diciembre?
El rabino Sergio Bergman planteó que el Parlamento actual “es legal pero no legítimo”. Se sumaron a esa voz dirigentes de la oposición, como Mauricio Macri, que pidió postergar hasta diciembre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El anticipo de los comicios legislativos colocó al Congreso bajo el fuego cruzado del debate sobre
su legitimidad, con diputados y senadores electos con casi seis meses de anticipación. “El único antecedente similar en la Argentina ocurrió entre el 8 de julio y el 10 de diciembre de 1989, cuando el ex presidente Raúl Alfonsín anticipó la entrega de su mandato, aunque la composición de las cámaras no fue alterada”, explica el politólogo Roberto Bavastro. Y agrega: “Sin embargo, es difícil comparar ambas situaciones, porque este año no se han votado cambios en el Poder Ejecutivo. En este caso, Cristina Kirchner tiene dos años más de mandato”.Especialistas en derecho constitucional y politólogos atendieron el argumento que busca poner en duda la legitimidad de un Poder Legislativo que cambiará su composición en pocos meses. Y las voces de la oposición que plantean la necesidad de esperar hasta la renovación, para discutir los proyectos de ley sobre temas más complejos y de fondo.
Opiniones
Las cuestiones urgentes
Por: Roberto Bavastro (Máster en Estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford. Profesor de Sistemas Políticos Comparados. UBA)
El argumento parte del adelantamiento de las elecciones que generó un desfase e hizo demasiado largo el período intermedio hasta la asunción. Se busca tener un Congreso que represente fielmente los últimos resultados electorales. Claro que en la práctica esto es usado como una chicana política por parte de la oposición. Sin embargo, el argumento tiene su lógica y tiene su peso a considerar. Si se trata de aprobar leyes que son políticas de Estado que requieren de un amplio consenso, el oficialismo no debería temer ningún apuro.
Una salida institucional podría ser abocarse a cuestiones legislativas más urgentes, vinculadas con la gestión. Si tuvimos una ley que es de la última dictadura, vigente desde hace 25 años, bien podemos esperar tres meses más o tres meses menos, no cambia las cuestiones de fondo.
El presidencialismo no tiene manera de resolver esto, no es posible adelantar las asunción de diputados y senadores. Es importante recordar que el hecho de que el oficialismo haya perdido una elección de medio término, no cambia el gobierno. Es decir, que el Gobierno no perdió legitimidad en absoluto. Pero hay que atender que el oficialismo debe gobernar los próximos dos años con una distinta representación política.
Sería deseable alcanzar alguna fórmula de acuerdo político para hacer funcionar al Congreso nacional con un mínimo de consenso que sea lo más parecido al resultado de las últimas elecciones legislativas, en las cuales el oficialismo ha perdido la mayoría propia.
El Congreso es legítimo
Por: Roberto Bugallo (Constitucionalista. Profesor de Derecho a la Información en la Universidad de La Plata)
El actual congreso ha sido elegido por la voluntad popular y democrática en elecciones libres. Y quienes están en esas bancas son los legisladores, legítimamente votados, están en funciones hasta que sean reemplazados y tienen una obligación y una representatividad absolutamente vigente. Para reemplazarlos debe establecerse una caducidad del mandato, y el mandato aún no ha caducado.
Éste no es un “Congreso en transición”, de ninguna manera. Es un Congreso legítimo mientras esté en funciones. No se le puede adjudicar una precariedad, porque si extendiéramos este argumento, las normas que dicte de aquí a diciembre serían precarias y eso no es correcto. La consecuencia del planteo es la chicana y la selección de temas acorde con los intereses: este tema lo tratamos y éste no, que se postergue hasta después de diciembre.
Es un congreso conformado por legisladores que han sido elegidos en las urnas. En el sistema democrático, el que gana define las políticas. Siempre hay alguien que señala que hubiera hecho otra cosas y hubiera tomado otras decisiones, eso es parte del rol de la oposición y está bien que así sea. Pero debe respetarse la voluntad popular: no olvidar que quienes están ahí sentados lo están por el voto. La composición va a cambiar a partir del 10 de diciembre y quienes asuman serán tan legítimos como los actuales. Gobernar se debe seguir gobernando y el Congreso debe seguir legislando: hay una continuidad democrática. No estamos hablando de interrupción constitucional, ni siquiera de un cambio de mandato. Es una locura pensar que las leyes que emanen sean precarias o provisorias.
Consensos y conflictos
Por: Ana María Mustapic (Máster of Philosophy in Politics, Universidad de Oxford. Profesora de Política Comparada, UTDT)
Cuando se produce una elección de medio término el tema de la legitimidad queda en un área a veces pantanosa, y se abre el riesgo de que sea cuestionada. Pero eso depende de la actitud que adopte el Poder Ejecutivo y de cómo lleve adelante el tema. Si el Ejecutivo no quiere situaciones conflictivas, tiene mecanismos para evitarlas. Y si prefiere la modalidad imperial para llevar adelante sus propuestas, también tiene mecanismos para hacerlo.
Tranquilamente podría iniciarse el debate de una ley como la de Servicios de Comunicación Audiovisual con la actual composición parlamentaria y continuarlo con la otra. En los congresos se buscan consensos, siempre es así, si uno mira con detenimiento cómo es la labor parlamentaria. Ése es el modo en el que opera el Congreso. Y no aceptarlo es generar conflicto. Estoy segura de que se puede conseguir esta ley con consensos, pero a veces parecería buscarse el conflicto desde el oficialismo inútilmente.
En las elecciones de medio término puede haber resultados desfavorables al gobierno de turno: es por eso que se dice a menudo que las elecciones “las pierden los gobiernos, no las ganan oposiciones”. No se entiende que a pesar de que hubo un llamado de atención al Gobierno, se avance en este estilo. De todos modos, el Gobierno no tiene por qué abstenerse de tratar una ley considerada tan necesaria. Ocurre que uno se pregunta por qué no consensuarla. No creo que vayan a ser más poderosos porque la ley salga sin que se modifique una coma, una ley tan importante requiere consensos.
Fuente: Crítica de la Argentina
Denuncia El Cronista: Negocian apoyo, a la Ley de Medios, con normas económicas
Los operadores K ofrecen a los gobernadores los beneficios de la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal para conseguir votos a la Ley de Radiodifusión
Por: Noelia Barral Grigera
La política, la economía y el calendario prometen un cóctel difícil de asimilar. Al sacudido escenario parlamentario que dejaron las elecciones, la llegada de los últimos meses del año le
agregará el paquete de leyes económicas vital para el tercer año de mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que el Gobierno ya negocia con las provincias. El presupuesto 2010, la prórroga de impuestos que vencen este año y la suspensión de algunos artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal verán así sus destinos soldados a los consensos que el Ejecutivo nacional pueda arrancarles a los gobernadores. Incluso el controvertido proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual podría quedar encerrado en ese cúmulo de tira y aflojes que la Casa Rosada y los mandatarios provinciales protagonizarán hasta el 10 de diciembre.En Balcarce 50 saben que para la mayoría de los gobernadores la iniciativa legislativa para reemplazar a la actual Ley de Radiodifusión carece de atractivo. Por ello, funcionarios con despacho en Gobierno buscan tentar a los mandatarios provinciales con otras iniciativas que faciliten los consensos en torno del proyecto de Comunicación Audiovisual.
La intención del conductor del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, confirma ese escenario. “Yo quiero tres sesiones de acá a diciembre: comunicación audiovisual, presupuesto y prórroga de impuestos”, aseguró a este diario días atrás. ¿La suspensión de Responsabilidad Fiscal para permitir a las provincias endeudarse? Es una carta de negociación importantísima. Un deseo de los gobernadores que, hasta ahora, fueron los encargados de conseguir los consensos necesarios para su aprobación. En los próximos días, el destino de la iniciativa dependerá del oficialismo.
Ese texto, que ya ingresó a la Cámara baja, fue redactado y negociado por la mendocina Patricia Fadel, una de las espadas del bloque K. A pedido del gobernador Celso Jaque, logró la venia del Ministerio de Economía y de Rossi para avanzar con la iniciativa que contempla dejar sin efecto este año y el próximo la prohibición para emitir deuda por un valor superior al 15 por ciento de los ingresos corrientes; la imposibilidad de cerrar el año con déficit financiero, y una mayor flexibilidad para poder trasladar recursos destinados a gastos de capital (obras de infraestructura e inversiones) a gastos corrientes.
A esa concesión, Ministerio de Economía prevé agregar un esquema de reestructuración de la deuda que las provincias mantienen con la Nación; que llegaría a la posibilidad de suspender los vencimientos de capital e intereses que los gobernadores deben afrontar antes de fin de año.
Esa es la combinación que, para la Casa Rosada, tentará definitivamente a los mandatarios provinciales. Esas fichas, sin embargo, no están todas apostadas a la discusión por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es que, antes de diciembre, también estarán en juego el presupuesto 2010 y las prórrogas del impuesto al cheque y a las ganancias que los bloques kirchneristas en la Cámara de Diputados y el Senado quieren cerrar antes del recambio parlamentario que dejará al oficialismo reducido a ser la primera minoría legislativa. Así lo aseguró en diálogo con El Cronista uno de los principales operadores kirchneristas –encargado por estos días de la relación entre el Ejecutivo y las provincias–, quien sostuvo que el proyecto de Ley de Presupuesto 2010 ingresará a la Cámara baja el viernes 11, aun cuando el la Casa Rosada tiene plazo hasta el martes 15 para enviarlo.
En medio del apuro, el Gobierno anticipa una reedición del debate que cada fin de año se da entre oposición y oficialismo en el Congreso, siempre sobre la forma en que la Casa Rosada calcula los recursos con los que contará en el próximo período. Entrarán en ese combate las previsiones de recaudación por retenciones a las exportaciones agropecuarias que, según trascendió, el Ministerio de Economía estimó para 2010 en el mismo nivel que para el presente año. Es decir, sin cambios al nivel actual de retenciones a las exportaciones agrícolas.
Fuente: Diario El Cronista
La mayoría de los diputados de Córdoba votarían en contra
Sólo lo aprobarían Alberto Cantero, Nora Bedano, Patricia Vaca Narvaja y Cecilia Merchán. La mayoría de los diputados nacionales por la provincia de Córdoba se opone a la nueva ley de medios de comunicación que impulsa el oficialismo en el Congreso y critican la urgencia con la que se la quiere aprobar, además de haberse incorporado artículos que no estaban consensuados en los primeros 21 puntos a los que muchos adhirieron antes de la presentación.
Según se estima votarían en contra Arturo Miguel Heredia, Jorge Montoya, Beatriz Halak, César Albrisi, Oscar Aguad, Heriberto Martínez, Griselda Baldata, Juan Carlos Vega, Laura Cesma, Norma Morandini, Héctor Del Campillo, Silvia Storni y Mario Arditt.
En tanto, aprobarían la nueva norma: Alberto Cantero, Nora Bedano, Patricia Vaca Narvaja y Cecilia Merchán.
La diputada Griselda Baldata, de la Coalición Cívica, consideró ante Puntal que “es una aberración porque no se puede analizar y sancionar una ley como ésta en 2 o 3 semanas. Aunque aducen que hace 5 meses se viene tratando, fuera del Congreso, recién ahora ingresó el texto definitivo y nos encontramos con sorpresas”.
Para Baldata “el Poder Ejecutivo quiere saltear al Congreso, eso quiere decir a la institucionalidad del sistema, con un sesgo autoritario propio de los Kirchner. En realidad el Legislativo está paralizado, aunque defiendo la legitimidad de los diputados y senadores, porque fueron elegidos por 4 años y todavía estamos en funciones. Sólo la comisión de Educación está trabajando regularmente, hubo pocas sesiones y los temas fueron impuestos y acotados”.
“Es muy peligroso que esta ley que dicen es para “democratizar” la información y garantizar la libertad de prensa, tenga un tratamiento autoritario y que mantiene la posibilidad de estructuras monopólicas”.
Baldatta destacó que “aunque no pertenezco a las comisiones que habilitaron para analizar el texto de la propuesta oficial, participé del debate de la semana pasada, que duró 8 horas, de las cuales 6 fueron utilizadas por el interventor del ComFeR y máximo responsable de la iniciativa, Gabriel Mariotto, para explicar los 157 artículos de la ley”.
Por su parte, el diputado peronista Arturo Miguel Heredia recordó que “se solicitó que se hicieran 7 audiencias públicas, incluyendo el interior del país, y sólo se aprobaron 3 en Capital Federal para el martes (mañana), miércoles y jueves, y el viernes se hará una sesión plenaria con las únicas comisiones convocadas que son: Presupuesto y Hacienda, Libertad de Expresión y Comunicaciones e Informática”.
“Los cuatro puntos que se cuestionaban no se quieren modificar, la autoridad de aplicación con mayoría estatal, los 2 años de renovación, la división del espacio radial y el control de contenidos, que sólo permitirá que el 30 por ciento y fuera del horario principal, de una radio central sea retransmitido por otras radios.
Paralelamente, el diputado riocuartense Alberto Cantero informó a Puntal que estuvo de viaje por Panamá y recién esta semana tomará contacto con el proyecto oficialista, con el cual acuerda en general y cree que hay predisposición para realizar algunos cambios en el articulado.
Fuente: Diario Puntal