El Poder Ejecutivo envió al Congreso un patológico proyecto de ley sobre servicios de comunicación audiovisual, que será objeto de análisis parlamentario. La enorme importancia del tema exige evitar los apresuramientos. Además, no es
correcto que el oficialismo procure aprovechar para su tratamiento una conformación del Congreso radicalmente distinta de la que acaba de votar el pueblo.La norma proyectada tiene una estructura con perfiles netamente autoritarios. Con la excusa de "reservar" las frecuencias en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión que "resulten necesarias" para el Estado Nacional, sumada a una segunda "reserva" de nada menos que "la tercera parte de todas las localizaciones radioeléctricas" realizada para concederlas a personas de existencia ideal, se encierra al sector privado en un rincón del espectro radioeléctrico. De esta manera, la opinión de quienes representen al Estado tendrá asegurada mucho mayor sonoridad que las opiniones del sector privado. Esta estructura perversa parece destinada a arrinconar a todos aquellos que discrepen del discurso oficial.
El Poder Ejecutivo debería haber acompañado el paquete enviado al Congreso con los proyectos consiguientes de reglamentación. Al no hacerlo, presenta una propuesta poco clara en un tema que exige total transparencia.
Varias cuestiones puntuales preocupan especialmente. Entre ellas, la estructura propuesta para la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual, de no modificarse sustancialmente, generará una situación parecida a la que hoy afecta al Consejo de la Magistratura, objeto de constante manipulación política. Lo mismo sucede con la integración sugerida para el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y la Defensoría del Público. Perturba también la existencia de un régimen draconiano de sanciones, en el que la acumulación de dos presuntas infracciones que puedan considerarse "graves", caprichosamente, derivarían en la pérdida de la licencia de explotación. No se comprende tampoco por qué las licencias duran un plazo máximo de diez años, más una sola renovación similar. En total, sólo 20 años. Ni por qué los actuales titulares de licencias renovadas no pueden solicitar renovación.
La norma propuesta autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a disponer la integración de "cadenas" en supuestos de "trascendencia institucional". La conducta del oficialismo en este sentido augura un uso abusivo de una noción tan poco clara como la antedicha. La obligatoriedad de las "cadenas" debería estar reservada a situaciones graves o de excepción.
No parece correcto, tampoco, el derecho que el Estado se arrogaría de poder usar sine die los equipos de una emisora en el supuesto de caducidad de licencia, sin contraprestación alguna, lo que debiera reglarse, de modo de evitar confiscaciones.
Pero más allá de las cuestiones referidas y de muchas otras que no se detallan por razones de espacio, es necesario pensar seriamente en las consecuencias para el sector de la norma proyectada. En primer lugar, las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones, con su enorme liquidez, quedarían autorizadas a incursionar en la radiodifusión, con lo cual gozarán de una clara ventaja competitiva.
La situación descripta podría transformar rápidamente a las empresas de telecomunicación en dominantes en el capítulo de la radiodifusión, puesto que podrían hacerse fácilmente de otras empresas, incluidas las de cable. Si la ley procura la desconcentración, el resultado puede bien terminar siendo el opuesto.
La proliferación futura de emisoras en manos de difusas entidades que la norma proyectada propone puede derivar en múltiples actitudes de obsecuencia o en líneas editoriales absolutamente insípidas. Cabe preguntarse, entonces, si esto es precisamente el objetivo que se persigue. La gravedad de lo que puede suceder es una razón más para evitar los apresuramientos generados por la aparente urgencia en tratar de aprovechar, de espaldas a la ética republicana, una situación coyuntural distinta de la que deriva de la voluntad popular.
Fuente: Diario La Nación
Detrás del apuro, una intención oculta
Por: Carlos Pagni
Aunque el 10 de diciembre no cambiara la composición del Congreso, los Kirchner igual necesitarían que su reforma de la industria audiovisual tuviera la velocidad de un asalto. El paso del tiempo está desnudando las intenciones ocultas y las contradicciones que minan su proyecto.
Ya lo dijo el estratego Tsun Tzu: "Puedes ganar cuando nadie logra entender tus intenciones".El Gobierno dice que pretende evitar la concentración mediática. Pero abre la puerta (art. 25) del mercado de la TV a las empresas de servicios públicos. A todas. En especial a las de telefonía fija, siempre que sean de capital nacional en un 70 por ciento (art. 24).
Compañía argentina de telefonía fija habría una sola: Telecom. Sobre todo desde que Telecom Italia fue obligada, por los mismos que elaboraron la ley, a desprenderse de su participación. Telefónica, al ser de capital español, estaría inhibida de participar en el mercado de las comunicaciones. ¿Debería desprenderse de Telefé? Hace tiempo que a los Kirchner les apetece esa fruta, que quisieron comprar Cristóbal López y el ahorrativo Rudi Ulloa.
Como Carlos Menem en su momento, Kirchner sueña con un "monopolio" amigo, asentado sobre una telefónica. Entre los que pretenden comprar Telecom está el consorcio integrado por Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, quien se ha convertido, acaso, en el hombre de negocios más cercano a Olivos. A tal punto que en el empresariado bromean llamándolo "Ernéstor".
El otro aspirante a quedarse con Telecom es el Grupo Clarín. Se entiende que Kirchner esté enfurecido. Ese holding tiene el objetivo, también gigantesco, de integrar su red de TV por cable e Internet con otra de telefonía, que cubre la mitad del territorio nacional.
Los italianos de Telecom no quieren dejar la Argentina. Obligados a hacerlo, preferirían no venderle a Gutiérrez. En principio, porque carece de financiamiento. Su última oferta fue que le firmen un precontrato para recién entonces salir a buscar fondos. En Roma rechazaron la ocurrencia. Los amigos de Kirchner están malacostumbrados. Ni todos los vendedores tienen la generosidad de Repsol ni todos los compradores, la suerte de Eskenazi. Además, los italianos temen, por acordar con Gutiérrez, terminar en un escándalo internacional.
Tampoco es fácil venderle a Clarín. Con su asedio contra ese grupo, el Gobierno hace ver a los italianos que la operación jamás conseguiría la aprobación de los reguladores. Ya se lo dijo Julio De Vido: "Hablen con la gente de Aeropuertos".
De la pelea encarnizada entre Clarín y el Gobierno, y de la falta de fondos de Gutiérrez, comenzó a sacar ventaja un tercer competidor: el transportista Alfredo Román, con su fondo de inversiones. En el mercado especulan con que, detrás de Román, podría aparecer el mexicano Carlos Slim, quien ya opera en la telefonía móvil con Claro. Para saber si Slim entró en el juego los expertos aconsejan observar si el fondo Coinvest, de Martín Ruete, se asocia con Román. Desde que compró CTI para vendérsela a América Móvil, a Ruete se lo identifica como un operador local del multimillonario mexicano. ¿Se sumará al grupo Carlos Miguens, líder de un consorcio de generación eléctrica asociado a Coinvest? Miguens goza de la simpatía de Julio De Vido, quien lo prefería como socio local en YPF, en lugar de los Eskenazi.
Si el kirchnerismo, en la figura de Gutiérrez, decidiera retirarse de la competencia por Telecom, el proyecto de ley audiovisual del Gobierno seguiría siendo indefendible. Los concesionarios de servicios públicos, con el caudal de dinero que manejan y las redes que ya poseen, concentrarían la TV por cable en dos o tres compañías, cada una con una cobertura del 35% de la audiencia. La línea editorial de esos medios quedaría subordinada a las necesidades políticas de las empresas reguladas que los controlan. Resultado: una prensa audiovisual maniatada por el Estado. De no introducir modificaciones en este aspecto del proyecto, el abnegado Agustín Rossi tendrá dificultades para conseguir, en Diputados, los votos de sus aliados de centroizquierda.
El argumento antimonopólico está invalidado también por el daño que la iniciativa provoca a los canales de TV abierta privados: les impide integrarse con una empresa de cable (art. 38), les reduce el área de cobertura y los obliga a emitir 50% de programación propia. Los avisos que pasen deben ser de producción nacional, un requisito que no se le exige a la TV por cable. Además, los somete a la competencia desleal de la TV pública, que vende publicidad y cobra el 35% del canon de toda la actividad (art. 85-88). La misma amenaza afecta a las radios. Son cambios que acabarán, entre otras cosas, con los altos cachets que paga la industria a sus estrellas.
El proyecto oficial pasa por ser un ataque a Clarín. Pero los Kirchner unificaron en su contra a toda la industria audiovisual privada. No se podrá tener más de una radio AM, una FM -siempre que en el lugar haya más de 8 frecuencias-, una red de cable -siempre que no opere TV abierta- y una licencia de TV abierta. En ningún caso podrán administrar tres servicios superpuestos.
Este diseño afecta a innumerables empresas del interior del país. En consecuencia, los legisladores oficialistas, sobre todo en el Senado, deberán resistir el lobbying de los medios de sus localidades. Muchos de esos senadores preferirían imitar a Daniel Scioli, que ayer, en La Nación, evitó pronunciarse sobre un tema de inigualable magnitud. Otros están involucrados con la industria mediática. Es el caso de Guillermo Jenefes, en Jujuy. Jenefes preside la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta. También el salteño Juan Carlos Romero está vinculado a los medios de comunicación de su provincia. El kirchnerismo puede pretender que esos legisladores se excusen. Pero tal vez la Presidenta haya arruinado ese recurso cuando, siendo senadora, impidió a su colega Raúl Baglini inhibirse en el juicio político a los jueces de la Corte por tener, como abogado, casos abiertos ante ese tribunal.
El rol de Julio Cobos puede volverse, de nuevo, crucial: como presidente del Senado, tiene la prerrogativa de girar cada proyecto a las comisiones que él considere más adecuadas (de lo que se informa por separado). ¿A cuántas enviará Cobos la ley de medios cuando llegue al Senado? ¿Cuánto demorará el análisis sereno que él viene aconsejando? En Diputados, la radical Silvana Giudici propuso iniciar una serie de audiencias públicas en varias provincias. Y Graciela Camaño recordó que "las leyes se analizan artículo por artículo". La de servicios audiovisuales tiene 157, que se extienden a lo largo de 168 páginas.
Si el procedimiento adoptado por Cobos extiende el debate sobre los medios más allá de octubre, el Gobierno estará en problemas. El Congreso actual no puede aprobar una iniciativa tan relevante un minuto antes del gong que sonará el 10 de diciembre. De nuevo Tsun Tzu ilumina la política: "Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer". En Telecom, como en el tratamiento de la ley audiovisual, la urgencia es la gran debilidad de Néstor Kirchner.
Más para el Estado, más para el caudillo
Los fogonazos de la guerra entre el Gobierno y los medios audiovisuales, sobre todo el Grupo Clarín, igual que la operación oficialista para capturar Telecom, no han dejado ver, hasta ahora, pasajes muy relevantes de la reforma a la ley de radiodifusión que se debate en el Congreso. Son regulaciones que dejan al descubierto el marcado intervencionismo al que aspiran los Kirchner. Con su iniciativa, ellos ponen al Estado en el centro de la comunicación social. Y, como se sabe, en la Argentina el Estado es el Gobierno, el Gobierno es el partido, y el partido es el caudillo.
En el debate de estos días se oye, con mucha frecuencia, afirmar que el texto segmenta el mercado entre tres tipos de operadores: 30% para las entidades sin fines de lucro, 30% para el Estado y 30% para las empresas privadas. En ningún lugar de la ley está esa clasificación. Sí se adjudica un tercio para las ONG (Arts. 21 y 80) y se establece que el sector público tomará para sí la extensión del espectro radioeléctrico que considere necesaria. El Estado se reserva, además, el derecho de adjudicar licencias a discreción "por razones de mejor administración" (art. 80).
Esta partición revela el núcleo conceptual del proyecto: los medios privados comerciales sólo tienen derecho al espacio remanente que le dejan el Estado y las asociaciones de bien público ?de derechos humanos, indigenistas, religiosas, etc.?. Si se toma en cuenta, por ejemplo, el dial de la ciudad de Buenos Aires, la ley de los Kirchner llevará a la desaparición de la mitad de las radios que se escuchan por estos días.
Este criterio general se refleja en la organización económica que la ley prevé para los medios. Las empresas privadas que operan en la actualidad deberán superar tres tipos de competencia desleal. Una es la de las empresas de servicios públicos habilitadas, que cuentan ya con una red instalada y con un caudal de recursos difícil de equiparar. Otra, la de las emisoras del Estado, que, además de solventarse con la venta de la publicidad, cobrarán el 35% del gravamen que paga el resto del sistema. La tercera es la de las ONG, que no pagan impuestos. Tal vez este tipo de instituciones terminen subalquilando las licencias, como sucedió entre 1955 y 1999, y como ocurre con los bingos bonaerenses, que han sido otorgados a asociaciones con las más nobles finalidades.
La nueva normativa revolucionará el mercado de la publicidad. Los anunciantes verán que sus costos aumentan porque se les exige que los avisos sean de producción nacional (art. 72). Las empresas dedicadas a la exportación de cortos deberán pensar en otro negocio: al cerrarse el mercado local, es posible que en el exterior dejen de comprar sus creaciones. La Argentina se había vuelto un país muy competitivo en ese campo. La ley también establece que las agencias de publicidad paguen un gravamen especial.
Con su iniciativa, los Kirchner halagan a los organismos de derechos humanos y de las comunidades indígenas (art. 16, 142 y 143). También la Iglesia Católica podrá celebrar: es la única confesión mencionada (art. 31). Pero la corporación que más se beneficia con la reforma es, como siempre, la gremial, a la que la ley le abre las puertas de las empresas. Los sindicalistas integrarán el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (art. 16). Además, la norma eleva las cuotas de producción local (art. 57) e impone una nueva obligación para los aspirantes a una licencia (art. 23): tener saldadas sus deudas sindicales.
La nueva ley está llena de mordazas. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sustituye al Comfer (art. 12, 13 y 14), será una especie de Consejo de la Magistratura de la prensa. Estará integrada por cinco miembros del Ejecutivo y dos más a propuesta de una Comisión Bicameral del Congreso. La redacción es, en este punto, confusa: dice que uno deberá representar a la segunda minoría y el otro, a la tercera. ¿Y la primera minoría? ¿Qué sucede, por ejemplo, si la segunda minoría del Congreso fuera del mismo partido que el Ejecutivo?
La autarquía de esta Autoridad (art. 11) queda desvirtuada porque funcionará en el Poder Ejecutivo. Eso sí, tendrá más de 80 filiales en todo el país. Para comparar: la Policía Federal tiene 76 delegaciones.
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión queda condicionado al previo cumplimiento de numerosas obligaciones, casi todas de poca entidad, que se expresan en el inciso 12) del artículo 12 del proyecto. A la Autoridad Federal, la ley le agrega el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, integrado por 35 consejeros designados por el Poder Ejecutivo.
A quienes suponen que los medios de comunicación están al servicio de una ingeniería social les encanta regular contenidos. La ley establece cupos de producción nacional (art. 57); 70% para las radios y 30% en el caso de la divulgación de música. Para la TV abierta la proporción es de 60%. Un 30% debe ser producción propia, que incluya informativos. Muchas empresas se verán asfixiadas con estas pautas. Las redes de TV por suscripción deben tener una señal propia, con los mismos balances de programación. Para controlar que se cumplan, habrá un ejército de auditores recorriendo el país con una calculadora en la mano.
Mussolini
La desmonopolización oficial exhibe algunas curiosidades. Cristina Kirchner prometió terminar con el régimen mediático de la última dictadura. Pero su ley anula reformas realizadas por la democracia y restablece criterios de Jorge Rafael Videla. Por ejemplo, cuando prohíbe la programación simultánea de una red en todo el país (art. 54 y 55). Los militares temían la constitución de una opinión pública nacional, orientada desde una cabecera porteña. Pero se supone que los Kirchner no tienen ese resquemor. ¿O sí? Lo mismo sucede con la imposibilidad de revender una licencia antes de los 5 años de otorgada, que estableció la dictadura, corrigió la democracia y restaura el actual gobierno (art. 35).
Hay algunas disposiciones del kirchnerismo más autoritarias que las de la dictadura. Por ejemplo: para habilitar un medio, los militares privilegiaban los antecedentes profesionales del candidato; en cambio, el nuevo texto prefiere examinar los contenidos que difundirá el que solicita el permiso (art. 28 y 30). Los productores de esos contenidos, además, deben obtener una licencia estatal (art. 50).
El proyecto incorpora pautas de desconcentración mediática que rigen en muchos países que pretenden garantizar la libertad de información. Pero, al mismo tiempo, tiene un marcadísimo espíritu intervencionista. La genealogía de esa orientación es inconfundible: va trepando desde la ley 14.241, impulsada por Juan Domingo Perón en 1953, hasta el decreto 23.408/44, de la dictadura de 1943, que estableció una comisión para revisar licencias y crear un plan nacional de radiodifusión; un año antes, el mismo gobierno había dictado el decreto 13.644, para crear la Subsecretaría de Informaciones y Prensa. Esta normativa, como tantos otros aspectos de aquel régimen, imitaban las reglamentaciones impuestas en Italia desde 1924 por Benito Mussolini, con la inspiración inicial de Guillermo Marconi, nada menos. Vaya sorpresa: una ley de los Kirchner que abreva en fuentes mussolinianas.
En todos los casos, se parte del mismo error. La hipótesis de que las sociedades son susceptibles de ser dominadas, como fuerzas físicas, por los medios de comunicación. De ser así, suponen los Kirchner, es mejor que sean ellos quienes ejerzan ese control.
Cobos quiere ampliar el debate de radiodifusión en el Senado
Pedirá que sea tratado por más comisiones; se podría dilatar el debate hasta fines de año
Por: Martín Dinatale
Julio Cobos quiere volver a ser el protagonista del Senado como lo fue durante el debate de la resolución 125 del campo. Esta vez, el vicepresidente hará uso de sus facultades de presidente de la Cámara alta para imponer el tiempo y las formas a la discusión legislativa del proyecto de ley de radiodifusión del Gobierno, y que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados.
Según consignaron a La Nación fuentes calificadas del Senado, Cobos abrirá el debate de la ley de radiodifusión por lo menos en dos comisiones más que las que había previsto el kirchnerismo. La intención oculta del vicepresidente es doble: por un lado, busca ampliar el debate en comisión para que el oficialismo ajuste al máximo sus números, y por otro, con esta jugada se podría dilatar la discusión para que el tema tenga que tratarse luego del 10 de diciembre, con la nueva conformación legislativa, cuyas mayorías serán adversas a la Casa Rosada.
En el Senado, el oficialismo quiere discutir el proyecto que apruebe Diputados en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y en Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. En estas dos comisiones el oficialismo cuenta con una mayoría cómoda. Pero Cobos hará uso de sus facultades de presidente del Senado y del reglamento legislativo en su estrategia de confrontación con los Kirchner: pedirá que el debate se amplíe por lo menos a otras dos comisiones. Se prevé en principio incorporar a las comisiones de Legislación General y de Educación y Cultura. Ambas son presididas por el kirchnerismo, que tiene mayoría. Pero no se descarta que Cobos sume otras comisiones. Los debates de cada comisión los manejará el PJ, pero está claro que cuantas más comisiones haya más tiempo de discusión habrá."Estoy seguro de que Cobos buscará protagonismo y apostará a dilatar el debate hasta el 10 de diciembre", se sinceró ayer ante La Nación un destacado senador del bloque oficialista. No obstante, el legislador admitió que mientras no haya un "pedido alocado" de discutir el tema en 10 comisiones el vicepresidente podrá ampliar el debate.
No hay dudas en el oficialismo de que una dilación de las discusiones podría postergar el cronograma parlamentario previsto por la Casa Rosada. De hecho, el interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, lanzó ayer una velada amenaza a la oposición al sostener que si el tema no se trata antes del 10 de diciembre será porque se quiere "volver a la ley de la dictadura y a los decretos de necesidad y urgencia", dijo.
Cobos ayer no quiso dialogar con La Nación. No obstante, una semana atrás el vicepresidente dio una pista de sus deseos de entorpecer el camino al Gobierno cuando expresó en un comunicado que "por ser una ley fundamental [la de radiodifusión] debería ser analizada con profundidad, punto por punto, por todas las comisiones pertinentes, en el tiempo que requiera y garantizar la participación de todos los sectores involucrados en el tema". Al final de aquel comunicado Cobos añadió: "Sería saludable que el tratamiento final [del proyecto] lo llevara a cabo la nueva composición de ambas cámaras. Hoy el Congreso de la Nación debe demostrar que está a la altura, y así lograr un producto final que redunde en beneficios para toda la sociedad".
Tiempos parlamentarios
El bloque oficialista del Senado, presidido por Miguel Pichetto, se impuso como fecha límite para la aprobación de la ley de radiodifusión mediados de octubre por un simple motivo: después de esa fecha, y hasta el recambio legislativo, el oficialismo deberá dar la discusión en otros dos temas polémicos, como son el proyecto de presupuesto 2010 y la prórroga de la ley del cheque. Varios gobernadores ya exigen un mayor reparto de la recaudación de ese impuesto.
En la Cámara de Diputados el debate por la ley de radiodifusión continuará esta semana. Entre mañana y el jueves los legisladores habilitarán el Congreso para la realización de audiencias públicas con los diversos sectores involucrados.
Ayer, Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor, dijo que la audiencia pública para debatir la ley de radiodifusión es "absolutamente inconstitucional", dado que viola el plazo necesario de 20 días de convocatoria, que por ley toda audiencia debe tener, a fin de que todos los actores puedan participar.
El jefe de la bancada de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, aspira a emitir dictamen el viernes próximo en las comisiones de Presupuesto y Libertad de Expresión. Así, la Cámara baja trataría la semana que viene el tema en el recinto.
Un proyecto de ley para avanzar hacia atrás
Por: Ethel Pis Diez*
Necesitamos una nueva ley de radiodifusión y queremos que hablen todos. Hasta allí llega el consenso entre los defensores y opositores del nuevo proyecto de ley para el sector audiovisual. De ahí en más la discusión se aleja del texto de la ley y entra en el terreno de las alianzas -siempre temporales y frágiles- entre los intereses empresariales y políticos (sean del gobierno de turno o de la oposición).
Una muestra de esto es que el principal argumento a favor del proyecto es sostener que la norma vigente es una "ley de la dictadura" -fue sancionada en 1980, durante el gobierno militar-. El problema de este argumento es que no dice nada sobre cuál es el cambio propuesto. En particular se omite decir que lo que se quiere cambiar, principalmente, no es el texto original de la ley -que facilitaba una amplia intervención del Estado en el sector-, sino los numerosos cambios que durante los últimos 17 años de democracia se introdujeron en la ley.
Lo que preocupa a los defensores del proyecto no es tanto la restricción a la propiedad de medios propuesta por la ley en 1980, sino la desregulación casi absoluta de la actividad que se dio en los años noventa. Claro que así planteado tal vez sea más difícil conseguir un rápido y amplio consenso. De ahí que la estrategia del Gobierno haya sido identificar el proyecto con la libertad de expresión y la ley actual con la dictadura. Así, se coloca como enemigo de la democracia a todo aquel que quiera cuestionar la oportunidad de la ley o los tiempos necesarios para un adecuado debate parlamentario.
Hablemos todos, de acuerdo, pero hablemos del mismo tema: del contenido de la ley. Por ejemplo, de la restricción sobre la propiedad de los medios. El texto original de la ley (1980) fijaba como objeto social exclusivo para las empresas del sector el servicio de radiodifusión y entre los requisitos para obtener una licencia establecía no ser propietario ni socio de diferentes sociedades de radiodifusión y no tener vinculación jurídica o económica con empresas extranjeras ni con editoras de diarios. Fue la ley de reforma del Estado de 1999 la que eliminó estas restricciones y permitió la formación de grupos multimedios y la entrada del capital extranjero en el sector.
En este punto el proyecto actual vuelve a limitar la propiedad extranjera y la formación de grandes grupos multimedios, aunque de un modo mucho más moderado que la ley original, ya que permite que las empresas tengan hasta un 30% de capital extranjero y que las compañías de servicios públicos -como las telefónicas o las de electricidad- puedan brindar servicios de cable.
Algo similar ocurre con el número de licencias de radio o televisión que puede tener una empresa. El texto original de la ley establecía un máximo de cuatro licencias para una misma persona o empresa. Fue el decreto 1005/99 el que modificó este punto al ampliar el máximo a 24 licencias. El proyecto actual vuelve a limitar el máximo, a 10 licencias.
En resumen, la propuesta que entró en el Congreso, en lo que se refiere a restricciones sobre la propiedad de medios, nos acerca más al texto original de la ley de radiodifusión. Por eso, necesita ser estudiada con calma y detenimiento. La discusión no debería ser cuál es la composición del Congreso ideal para aprobar un proyecto, sino cómo generar un marco legal estable y duradero para el sector audiovisual que garantice un balance adecuado entre la promoción de la diversidad de voces y el límite a la intervención arbitraria del Estado.
*Profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral
Pensar en contra de una lógica binaria
Por: Martín Becerra*
El esfuerzo retórico para disociar la libertad de expresión de la concentración de medios sobresale en una Argentina que discute su ley de medios audiovisuales con repercusión inédita. Esto ocurre tras 25 años de recuperado el sistema constitucional que, con varias reformas parciales, empeoró la ley de radiodifusión firmada por Videla en 1980.
La libertad de ideas tiene como condición su libre producción y su libre acceso. La concentración de los medios y sus prácticas abusivas restringen la diversidad de voces. La concentración es antónimo de libertad de expresión. Las posiciones más exaltadas en la discusión sobre el proyecto de medios audiovisuales bregan por abstraerse de las condiciones reales (de propiedad concentrada, de contenidos centralizados, de caos regulatorio, de autocensura, de asignación discrecional de recursos públicos) que afectan al sistema de medios argentino.
En Respiración artificial, Ricardo Piglia conjetura que el método de "pensar en contra" permite superar los reflejos condicionados que suelen habitarnos. Habría, creo, que pensar en contra de la lógica binaria de una discusión que oscila entre la agitación de la hipérbole chavista (que condensa la doble ignorancia de lo que ocurre en Venezuela y en la Argentina, y que además exhibe el rústico calibre analítico del agitador) y la prisa de un gobierno que entre 2003 y 2007 robusteció los negocios de los principales grupos con medidas que son las antípodas del proyecto que hoy sostiene.
Mientras la sobreactuación de algunos medios confunde su línea editorial con su ambición corporativa, diluyendo su eficacia periodística, otros medios y periodistas toman distancia del primer operador informando.
Los proyectos que debate el Congreso limitan la concentración. La iniciativa del PEN prevé además la participación del sector no lucrativo en la gestión de medios, exige producción propia, crea un registro público de licenciatarios, avanza en la conversión de los medios estatales en medios públicos; protege a audiencias vulnerables (infancia). Estos aciertos del proyecto gubernamental recogen el aporte de organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto del PEN requiere, no obstante, modificaciones: la oposición de centroizquierda anunció que intentará cambiar la integración de la autoridad de aplicación para que no tenga mayoría gubernamental, los subsidios para la producción propia de medios pequeños y el tipo de restricciones sobre empresas telefónicas en el mercado audiovisual.
Hay proyectos y hay ideas para debatir y reemplazar la ley de Videla. Fugarse hacia adelante arguyendo excusas equivale a perpetuar el máximo control del PEN a través de un ComFeR intervenido por el gobierno de turno.
*El autor es investigador de la Universidad de Quilmes y del Conicet
Notas publicadas en la página Nº 6 del Diario La Nación