Por: Rodolfo Barros
De aprobarse tal como se envió al Congreso, el proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazará a la Ley de Radiodifusión. cambiará el mapa de medios y telecomunicaciones en la Argentina. Sus consecuencias son trascendentales, si se tiene en cuenta que la información es uno de los principales bienes de la economía postindustrial.
1 ¿Por qué el Gobierno decide reformar el mercado de medios de la Argentina?La Ley de Radiodifusión vigente fue proclamada durante la última dictadura militar y tuvo más de 160 reformas durante el período democrático. Muchos especialistas coinciden en que esas reformas la empeoraron. Desde hace más de 20 años, distintas agrupaciones académicas y políticas plantean que es obsoleta y que permite mantener un mercado concentrado de medios en el país. La pelea entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín precipitó la redacción y el envío al Congreso de proyecto oficial.
2 ¿Cuál es el espíritu del proyecto? ¿Quién controlará a los medios?
Si se descuenta la pelea del Gobierno con Clarín y que las gestiones Kirchner realizan un uso arbritrario de la publicidad oficial, premiando a medios amigos; que la Presidenta casi no da conferencias de prensa y tiene una política de comunicación de sus funcionarios decididamente cerrada; además de que no mejoró las condiciones en las que deben operar los organismos reguladores de este mercado, el proyecto limita con fuerza a los multimedios, regula a las compañías de televisión paga, autoriza a las empresas de servicios públicos como las telefónicas a ingresar a este mercado y divide al espectro radioeléctrico en tres partes iguales, para ser usados por medios comerciales, ONGs y estatales. De esta manera se evitaría la concentración. Los medios serán regulados por un organismo que dependerá de la Secretaría de Medios. Esto es criticado porque el regulador dependerá del regulado. Otro aspecto a debatir es su conformación: el directorio tendrá cinco miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, dos de ellos a propuesta de una comisión bicameral.
3 ¿Qué nuevos límites se les ponen a las empresas de multimedios?
La ley vigente permite a las empresas tener hasta 24 licencias para operar radios y canales de televisión en el país. El proyecto oficial las limita a 10. Además, quien sea operador de un canal de aire no puede tener en la misma ciudad un canal de cable. Sólo se puede tener en la misma área una radio AM y hasta dos FM. Los operadores de cable podrán dar el servicio hasta en 24 localidades (el proyecto no define si son ciudades o barrios). Tendrán otro límite: no podrán tener más de 35% de los abonados de todo el país. Si bien no es común en el mundo que se impida ser dueño de un canal de aire y otro de cable, en algunos países se prohibe a los dueños de diarios tener radios o canales. Lo mismo pasaba en la Argentina hasta una modificación realizada en 1990 a la Ley de Radiodifusión que posibilitó la creación de los multimedios y la privatización de los canales.
4 ¿Cuáles serán los grupos más beneficiados por el proyecto oficial?
Telefónica y Telecom, las herederas del monopolio estatal Entel, tienen prohibido el ingreso al mercado de los medios en los pliegos de licitación de la privatización. Esa claúsula existe porque son dueñas de las redes que llegan a casi todos los hogares de la Argentina, lo que les da una ventaja muy fuerte respecto a las empresas de cable. Con esa prohibición se garantizó el desarrollo de redes independientes, la de las telefónicas y las de los cableros. El proyecto oficial les permite ingresar ahora. Pero les impone dos restricciones básicas: crear una empresa separada para evitar subsidios cruzados y respetar la Ley de Bienes Culturales, por la que los extranjeros no pueden ser dueños de más de 30% de la misma. Esto afecta a Telefónica, que es española. Pero Telecom está en vías de argentinizarse 100%. Por otra parte, se beneficiarán los grupos que compren las empresas y abonados al cable de los que deberán desprenderse los multimedios más grandes.
5 ¿Cuáles serán los grupos más perjudicados por el proyecto oficial?
Clarín, porque deberá vender Canal 13 si quiere mantener Cablevisión, que le entrega más de 60% de sus ingresos. Además deberá achicar esa empresa de cable ya que tiene 50% de los abonados del país y no podrá superar el 35%. El Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, es dueño de Supercanal, la tercera red de cable del país, pero tiene además 19 radios y canales. No puede tener más de 10 licencias. Lo mismo le pasa al español Grupo Prisa, dueño de Continental, que tiene 19 licencias y sólo podrá tener hasta 10.
6 ¿Es legal obligar a las empresas grandes a que reduzcan su tamaño?
El proyecto oficial les dará un año desde su reglamentación a las empresas para que se adecuen a la nueva norma. En el mundo es muy conocido el caso de “desinversión” de AT&T que fue desmembrada por el regulador de telecomunicaciones de los EE.UU. en 9 compañías, para favorecer la competencia.
7 ¿Habrá más espacios de representación de la ciudadanía en el mapa de medios?
El proyecto oficial propone distribuir el espacio del espectro radioeléctrico, a través del cual se propagan las señales de radio y televisión, en tres partes iguales para usos comerciales, de ONGs y de medios estatales. El argumento oficial es que de esta manera se generará una mayor polifonía de voces ya que dan por sentado que los medios niegan la palabra de algunos sectores. Sin embargo, que haya más espacio para que los gremios, iglesias, ONGs y universidades tengan sus propios canales o radios, no garantiza que esas voces sean escuchadas. Asegurarlo, como lo hace el oficialismo, es desconocer la diferencia entre tener un micrófono y llegar a una audiencia. Legisladores de la oposicón, como María Eugenia Estensoro, consideraron que de no aplicarse pautas similares a las que se impondrán a medios comerciales, también pueden crearse monopolios en el sector de radios de ONGs, por ejemplo. Criticó que la segmentación del espectro no garantiza la libertad de información, “porque un gremio no puede hacer periodismo, sino propaganda”, explicó.
8 ¿Habrá mayor control de los contenidos en las radios y la televisión?
El proyecto plantea la prohibición de emitir programación sexista y discriminatoria entre otras restricciones. Más allá de ello, algunos legisladores consideran que el proyecto intenta controlar a los medios ya que cada dos años se revisará el esquema por el que se otorga las licencias para poder operar los servicios de televisión y radio. Creen que de esta manera, el Gobierno puede tomar examen a los propietarios de los medios y así influir en su línea editorial.
9 ¿Se garantizarán más espacios a las producciones nacionales?
Sí. El proyecto oficial introduce cuotas en las programaciones de canales de televisión y en las radios, para que incluyan películas, telefilms y otras producciones culturales de origen nacional. Distingue además, para el caso de la música, entre las producciones de las disqueras y las independientes, de manera de garantizar un espacio mínimo para las producciones nacionales que no cuentan con el apoyo de grandes empresas productoras.
10 ¿Qué cambiaron en el proyecto desde que se presentó?
Cuando el proyecto se dio a conocer en marzo, se criticó, entre otras cosas, que la revisión cada dos años de las condiciones en las que se entregan las licencias sería una forma de controlar la línea editorial de los medios. Ese punto fue nuevamente redactado y se especifica que esa revisión se realizará para garantizar que las nuevas tecnologías tengan un buen impacto en el mercado. Se especificó que no afectará a las licencias otorgadas con anterioridad.
Se cambiaron los criterios para otorgar licencias: se prioriza la innovación cultural de la propuesta por sobre el patrimonio de los concursantes.
Una empresa de televisión satelital como DirecTV, sólo podrá tener una licencia. No podrá operar una radio o un canal de televisión abierta. Deberá además tener una señal propia nacional (hoy DirecTV no la tiene).
De esta forma, se impedirá que las telefónicas brinden el servicio de televisión por ese sistema. Están obligadas a hacerlo por su propia red. Así se pretende que las mejoren y las amplíen a más localidades, ya que en el Gobierno estiman que el 80% de las redes de banda ancha que hay en el país se concentran en sólo cinco ciudades.
Los bienes de los medios quedarán afectados a la explotación. Se pretende de esta manera que los propietarios de los medios, ante una quiebra, no se lleven los sistemas de producción, como por ejemplo las cámaras y de esta manera no se pueda continuar la explotación y se pierdan fuentes de trabajo.
Las radios no podrán hacer dúplex, es decir repetir la programación de AM en FM.
Consideran que el proyecto es contradictorio con la política K
La iniciativa que Cristina Kirchner envió al Congreso podrá bajar la concentración del mercado de medios. Sin embargo, la autoridad regulatoria que se cree deberá ser precompetitiva. En el mercado de telecomunicaciones, el Gobierno adoptó una estrategia distinta que mantuvo altos niveles de concentración en dos empresas.
El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Gobierno envió al Congreso encierra profundas contradicciones con la política oficial de medios, no sólo porque la Presidenta que lo firma sólo dió una conferencia de prensa durante su mandato y mantiene una estrategia comunicacional militarista para con sus funcionarios, sino porque, por ejemplo, va contra las decisiones de “democratización del fútbol”, que tomó hace sólo dos semanas.El proyecto oficial destina los artículos 68 al 71 al “derecho al acceso a los contenidos informativos de interés relevante, de acontecimientos futbolísticos y de otro género”.
Su definición es laxa, por lo que en el mercado se cree que la nueva ley podría habilitar a televisar por un canal abierto un recital de los Rolling Stones, por ejemplo.
El artículo 70 también despertó críticas en el mundo de los medios: “Las emisiones o retransmisiones por televisión de programas deportivos especializados, siempre que fueran autorizados por las entidades deportivas, darán lugar a una contraprestación económica a favor de ellas”, dice. Esto significa, según la interpretación de parte del mercado, que programas que hablan de fútbol, como Líbero (TyC Sports), Estudio fútbol (TyC Sports), 90 minutos de fútbol (Fox Sports), Hablemos de fútbol (ESPN), entre otros, tendrían que pedirle permiso a AFA y, sólo una vez que los autorice, tendrán que pagarle.
“Es como si A dos voces (TN) tuviera que pedirle permiso y después pagarle al Congreso por hablar de política parlamentaria, o si cualquier otro programa político tuviera que pagarle al Gobierno por hablar de la política intramuros de la Casa Rosada”, aseguró un ejecutivo.
También criticó: “Cualquiera que quiera hablar de algún deporte tendrá que hablar bien para que la asociación de ese deporte lo deje tener el programa. Y encima, tendrá que pagarle para hablar bien”.
Otro aspecto contradictorio es que el proyecto oficial avanza sobre el marco regulatorio de las telecomunicaciones y pide algunas condiciones a las telefónicas para poder ofrecer servicios audiovisuales. Entre esas condiciones están la portabilidad numérica; es decir, el derecho de los usuarios a mantener su número de teléfono aunque cambie de prestador. Este derecho fue consagrado en la deregulación del mercado en el 2000. Pero en los seis años de gestión de los Kirchner no se implementó, en favor de las telefónicas que vieron así menor competencia en el mercado.
Fue una decisión judicial, tras una denuncia de una ONG, la que obligó al Gobierno a implementarlo. Pero la semana pasada, presentó un recurso de amparo ante la Corte para que se revea la sentencia.
El proyecto oficial también habla de que las telefónicas deben abrir sus redes a los otros operadores para llegar hasta cada hogar. Lo mismo dijo el jueves en el fallo que obliga a los italianos a retirarse de Telecom, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ocurre que en los seis años de gestión K, la Secretaría de Comunicaciones también frenó esa reglamentación dictada en el 2000.
Algunos especialistas se preguntan si las demoras en las regulaciones para hacer más competitivo y abierto el mercado de telecomunicaciones no se trasladará a los medios con los nuevos órganos que crea una ley que el oficialismo tilda de antimonopólica.
El gobierno acelera
Con la iniciativa perdida, la oposición busca posponer la ley de medios hasta diciembre
El presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Gerardo Morales, confirmó que el objetivo de la oposición es lograr que la nueva ley de radiodifusión no se trate en el Congreso y posponer su discusión hasta después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores. Ayer, Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja, defendió, otra vez, la iniciativa del Gobierno nacional y sugirió que De Narváez no participe de la discusión.
Por: Juan Cruz Sanz
Distintos. Cada uno defendió sus intereses. Rossi respalda, Morales busca suspender y Das Neves dice
que hay “temas más urgentes”.El Gobierno nacional recuperó la iniciativa. Eso despertó y preocupó a todo el arco opositor, que ahora busca confluir en una misma postura para evitar que la nueva ley de radiodifusión llegue al recinto.
Ayer, el presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Gerardo Morales, se manifestó en concordancia con el sector de la oposición que pretende no dar quórum al debate del proyecto oficial y así lograr su postergación hasta después del 10 de diciembre, con la conformación del nuevo Congreso. “No tengo ninguna duda de que detrás de este proyecto está la intención del Gobierno de controlar a los medios”, advirtió Morales, quien anticipó que si bien su partido “está analizando” la actitud a adoptar por sus representantes parlamentarios, él no daría número para habilitar el debate.
Fuera del radicalismo, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, criticó la iniciativa oficial. “Los argentinos tenemos temas mucho más urgentes que resolver.”
Das Neves reiteró que el proyecto oficial responde a un “enfrentamiento personal que tiene el Gobierno con el Grupo Clarín”, y calificó de “peligroso” que un tercio de los medios queden en manos de ONGs, porque “seguramente serán ONGs amigas del poder”.
En la otra vereda, el Gobierno nacional buscó, otra vez, enfrentarse a las críticas. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, cruzó con fuerza al diputado reelecto de Unión-PRO Francisco De Narváez, a quien le sugirió que “pida licencia” para no participar en el tratamiento de la norma. “¿Qué intereses defiende el diputado De Narváez? ¿Los intereses de la sociedad o los intereses del multimedios al cual representa?” Con respecto a la intención de la oposición de postergar el debate, Rossi fue claro: “Siempre, cada vez que hay algo que no se pueda discutir en la Argentina, se aduce ‘falta de oportunidad’, que no es prudente, no es el momento, no es lo mejor”. Consultado por PERFIL, De Narváez aseguró que va a participar porque “no está haciendo una defensa sectorial y particular” y que la discusión excede “el tema económico y personal”.
El diputado K también aseguró que “no hay un encono del Gobierno” con un grupo de medios, aunque estimó que sí existe “una resistencia de ese sector a perder su posición dominante, en algunos casos monopólica, en un mercado que es su negocio”.
El martes, Mariotto dará el primer paso
El tratamiento del proyecto de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene un cronograma bastante ajustado.
El martes, el titular del ComFeR, Gabriel Mariotto, visitará a los legisladores oficialistas para explicarles cada uno de los 156 puntos del proyecto impulsado por Cristina Kirchner. Ese será el primer paso en la estrategia oficial, que continuará el jueves, cuando la iniciativa sea tratada en las distintas comisiones, en su mayoría controladas por el kirchnerismo.
El plenario de comisiones estará encabezado por el grupo de Comunicación, dirigido por el kirchnerista pampeano Manuel Baladrón, encargado de disponer la metodología de trabajo y su coordinación. En orden de importancia, lo seguirá Presupuesto, que comanda el santafesino Gustavo Marconato, y luego la Comisión de Libertad de Expresión, cuerpo que preside la radical porteña Silvana Giudici. El tratamiento se llevará a cabo en Comunicación e Informática, Presupuesto y Hacienda, y Libertad de Expresión, cuerpos que funcionarán en conjunto, según estimaron fuentes oficialistas, “durante unas cuatro semanas”, antes de llevar la medida al recinto para intentar su aprobación.
Se espera una reunión de comisión muy concurrida, ya que Comunicación posee 31 integrantes, Presupuesto 49 y Libertad de Expresión 23 miembros, y juntas involucran un total de 103 legisladores, sin contar asesores y diputados ajenos a los cuerpos.
Sólo de una opinión consensuada por parte de la oposición depende que la intención de evitar el tratamiento prospere. A la Coalición Cívica y a la UCR se le pueden sumar los independientes y los legisladores que responden al PJ disidente. Las declaraciones del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, fueron bien recibidas en la oposición. Cinco diputados responden a los designios del mandatario provincial.
Fuente: Diario Perfil