Por: Adrián Ventura
"E
l proyecto de ley de comunicación audiovisual que impulsa el gobierno argentino es muy parecido a una ley venezolana. Es autoritario y le permitirá al Gobierno tener injerencia en los contenidos periodísticos y convertir en sirvientes a los medios privados. Busca crear un latifundio mediático estatal, un monopolio oficial", dice Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Aguiar, además de un conocido político de Venezuela, donde se desempeñó como gobernador de Caracas y ministro de Interior durante la última administración del presidente Rafael Caldera, es un fino jurista.
Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, catedrático en varios países y, en reconocimiento a su labor a favor de la libertad de expresión, acaba de recibir el Gran Premio Chapultepec, que anualmente entrega la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Días atrás visitó nuestro país, y luego de disertar en la Cámara de Diputados ante integrantes de las comisiones de Comunicación y de Libertad de Expresión, Aguiar dialogó con La Nación.
El proyecto oficial afirma que pretende romper un monopolio privado, que no existe.
En efecto. En realidad, es un proyecto que, si es sancionado, le permitirá al Estado tener injerencia decisiva sobre la libertad de expresión, en violación de lo que establecen la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia internacional. El proyecto parte del supuesto de considerar que el espacio radioeléctrico es del Estado y que éste lo puede concesionar, cuando los tratados, que las leyes no pueden desconocer, en realidad consideran que el espacio radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad. El Estado sólo puede establecer restricciones vinculadas con las frecuencias y canales, a efectos de no obstaculizar la radiodifusión.
La iniciativa dice que defiende los medios públicos.
Una cosa son los canales y radios públicas, de gestión independiente respecto del Poder Ejecutivo, y otra muy distinta es el intento de crear un latifundio mediático oficialista, cuyo objeto final es limitar el acceso de la población a la información. Fíjese lo que ocurre en Venezuela.
¿Esta es la situación que vive actualmente su país?
El gobierno del teniente coronel Hugo Chávez (no lo menciona como presidente) lo primero que hizo fue hacer sancionar una "ley mordaza" bajo el cínico nombre de ley de responsabilidad social de radio y televisión. Hoy, a través de ella, controla los contenidos y organiza los programas de las radios y televisoras privadas que quedan en pie, y cuando éstas discrepan del juicio oficial de conveniencia política las emisoras son sancionadas y sus directivos, perseguidos hasta penalmente. Con el apoyo de esa ley se cerró Radio Caracas Televisión, y el gobierno anunció el próximo cierre de Globovisión y Canal 33, a pesar de las medidas que a favor de estas plantas ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿La ley argentina y la venezolana son similares?
La ley venezolana también se funda en el criterio según el cual los usuarios del espectro radioeléctrico son meros concesionarios de un servicio público, de suyo totalmente controlable por el Estado. Recientemente, además, la fiscal general de la república propuso una ley de delitos mediáticos, a la par que el mismo presidente ordenó el retiro de las concesiones a casi 450 estaciones de radio hoy en manos privadas y continúa la práctica de la criminalización de la opinión. Ese es el llamado socialismo del siglo XXI, que es el mismo de los siglos XIX y XX y que de siglo XXI sólo tiene el uso perverso que hace de las autopistas de la información para su despropósito autoritario.
¿Estamos frente a un escalón más alto de autoritarismo?
Son "demoautocracias" o "autocracias electivas", que han surgido en la región y que buscan usar a la opinión pública como escenario de guerra para exportar su franquicia revolucionaria, como lo entiende Hugo Chávez. De allí que éste y sus socios avancen hacia el control de esa fuente real de articulación social y política contemporánea que son los medios de comunicación social, como sustitutiva de los partidos políticos.
Si miramos el proyecto argentino, los primeros artículos dicen que el Estado busca defender la libertad de expresión.
En realidad, cuando se lo lee entero, el proyecto hace todo lo contrario. Algunos artículos, repito, son muy parecidos a esa ley de Venezuela, aprobada en 2004 a instancias de Chávez. Esa ley y este proyecto argentino son de neta factura autoritaria.
¿Podrá la Corte Interamericana ponerle límites a Chávez?
La Corte dictó tres sentencias que declaran la responsabilidad de Venezuela por hechos ocurridos durante la última década de gobierno. Dos de esas sentencias condenan los atentados a la vida y a la integridad personal y las persecuciones que sufrieron periodistas y directivos de RCTV y Globovisión por parte del mismo Chávez. Y a petición de éste, recientemente, el máximo tribunal venezolano le sugirió por escrito retirarse de la OEA y denunciar tanto su Carta constitutiva como la Convención Americana, y por lo pronto le indica no acatar los mandatos ni de la Comisión ni de la Corte Interamericanas, cuyas sentencias son obligatorias.
Volvamos a la ley argentina.
Parece introducir un margen importante para la regulación de contenidos y, también, para perseguir a operadores privados. También busca fraccionar a los operadores privados, no para fomentar el pluralismo -como dice el proyecto- sino para debilitarlos y, curiosamente, los medios públicos quedan exentos de esos mismos límites. Llama la atención, ¿no le parece?
El Gobierno llamó al diálogo y la oposición, en el Congreso, trata de revertir muchas delegaciones que entregó al Poder Ejecutivo para dictar reglamentos, por ejemplo, en materia de retenciones. Por eso, llama la atención que, al mismo tiempo, impulse un proyecto que autorizará al Poder Ejecutivo y a sus organismos a dictar muchos reglamentos.
Sí, así es. El proyecto delega en el Poder Ejecutivo la atribución de dictar muchos reglamentos que, indirectamente, pueden venir a coartar la libertad de expresión. Por ejemplo, somete a los medios a múltiples organismos de control que están sujetos a la injerencia del Poder Ejecutivo.
Hay muchos sectores progresistas que se entusiasman con la idea de contar con radiodifusión comunitaria.
Quizá, porque imaginan casos como el de Uruguay o algunos otros países. Pero lo cierto es que en Venezuela la radiodifusión alternativa carece del soporte financiero y de recursos técnicos y es un apéndice del gobierno.
Fuente: Diario La Nación