Por: Hernán Cappiello
El secretario de Medios de Comunicación del Gobierno, Enrique Albistur, que maneja anualmente 396 millones de pesos en publicidad oficial, f
ue llamado a dar explicaciones por la Justicia como sospechoso de haber cometido el delito de negociaciones incompatibles con su función.Al funcionario se le imputa haber otorgado contratos para colocar carteles en la vía pública a empresas supuestamente vinculadas con él y con su familia. El delito está penado con uno a seis años de prisión.
La decisión de indagarlo el 2 del mes próximo fue tomada el juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, interinamente a cargo del Juzgado Federal N° 9.
Albistur ayer estuvo inubicable, hasta para sus allegados: "¡No!, ¡Pepe, hoy, no!", le contestaron a su abogado Carlos Arslanian cuando quiso comunicarle a su cliente las malas noticias que habían llegado de tribunales.
En el Gobierno, la decisión judicial fue tomada con reserva. "Lo que ocurra con Albistur es una decisión de la Presidenta, que vuelve esta noche [por ayer] de Caracas. Hasta que ella no hable, nadie dirá nada", explicaron a La Nacion fuentes de la Casa Rosada.
La posición del funcionario en el Gobierno, de todos modos, ya no era la misma que años atrás. Llegó a su cargo en 2003, de la mano del ahora denostado ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, y su poder quedó amenazado cuando, en enero, el vocero de Néstor Kirchner (y ex vocero del ministro Julio De Vido), Alfredo Scoccimarro, fue designado subsecretario de Medios de Comunicación. La denuncia contra Albistur fue vocero personal Alfredo Scoccimarro, ex portavoz del ministro Julio De Vido. La denuncia contra Albistur fue presentada en abril de 2008 por el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, quien analizó las contrataciones de publicidad en vía pública, luego de una nota publicada por La Nacion el 21 de mayo de 2005.
El fiscal entendió que Albistur distribuyó la publicidad oficial entre empresas "socias" o "amigas". entre 2004 y 2007 por 10 millones de pesos. Argumentó que su accionar "estuvo orientado en algunas oportunidades a beneficiarse directamente (a través del otorgamiento de pauta oficial en vía pública a empresas de las que todavía forma parte o tiene vinculación muy estrecha) y, en otros casos, a beneficiar a terceros".
Allegados a Albistur relacionaron el llamado a declarar con la baja calificación que obtuvo Aráoz de Lamadrid en el concurso para quedar como titular del juzgado, ya que firmó la resolución un día después de que perdió posibilidades de ser confirmado como juez, pues quedó en el puesto número 12 , entre los candidatos a quedarse con el cargo.
Tras la denuncia, Aráoz de Lamadrid allanó las compañías supuestamente ligadas a Albistur y secuestró libros contables. Pero los allegados que defienden al funcionario dijeron a La Nacion que nunca se realizaron peritajes sobre esos libros. Esas fuentes dijeron que para probar un delito debería probarse caso por caso cada contrato y el interés del secretario.
La denuncia original alcanzaba a Alejandro Lenzberg, funcionario allegado a Albistur; al ex director general de Comunicación Gustavo Russo, y al ex director nacional de Políticas Regionales del Ministerio del Interior Guillermo De Lella. Pero ellos no fueron citados a prestar declaración indagatoria. Se investiga a la ex esposa de Albistur, María de los Angeles Díaz y a su hijo Juan Ignacio.
Las compañías vinculadas a Albistur que recibieron publicidad oficial son nueve. Entre 2004 y 2007, según la investigación del ex fiscal, recibieron pautas publicitarias por un total de 9.826.070 pesos.
Ellas son Estatic SA ($ 2.138.430), Video Market SA ($ 327.899), Enterprise Publicidad SA ($ 753.508), Publicar SA ($ 1.329.750), Horizontes del Sol SA ($ 162.750), Sistemas Publicitarios SRL ($ 897.021), Vía Pública Fijar SRL ($ 3.610.489), Chretien & Asociados SA ($ 560.307), y Onda Norte SA ($ 45.916).
Cuatro de ellas (Estatic, Enterprise Publicidad, Publicar y Enterprise) están o estuvieron vinculadas societariamente con Grupo Al Sur, empresa de la que Albistur fue presidente hasta 2005 y accionista mayoritario hasta febrero de 2006. En ese momento cedió sus acciones, que representaban el 65%, a sus hijos. La dueña del resto era su ex esposa, María de los Angeles Díaz.
Según la denuncia, el secretario de Medios fue accionista de dos de esas empresas (Estatic y Video Market), en operaciones que resultaron sospechosas para Garrido. Otra variante de la
maniobra consistiría en entregar pautas publicitarias a empresas que, a su vez, contrataban para la comercialización de los espacios a Wall Street Vía Pública, propiedad de Grupo Al Sur, de los hijos de Albistur y su ex mujer.A esas maniobras el fiscal Garrido sumó otras hipótesis: que muchas gigantografías que se adjudicaron las empresas las produce la firma Sisto Lemme y CIA, vinculada al secretario de Medios; colocar publicidad oficial en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires en marquesinas de Grupo Al Sur; y publicar menos avisos que por los que se les paga.
El empresario que repartía los avisos
La citación judicial contra el secretario de Medios, Enrique Albistur, encierra una paradoja: el reparto de los millonarios fondos de la publicidad oficial que obligará al funcionario a presentarse el mes próximo ante la Justicia fue, durante los últimos seis años, la base de su gran poder.
Hasta que en febrero pasado Néstor Kirchner colocó a Alfredo Scoccimarro como virtual interventor de la secretaría que Albistur comandaba desde junio de 2003, el funcionario manejaba una caja que no paró de crecer desde su asunción y que el año pasado alcanzó los $ 396 millones.
Ese monto, que significó un aumento del 756 por ciento respecto de los $ 46,2 millones que se repartieron en 2003, se distribuyó entre medios y periodistas. El reparto, según organizaciones civiles dedicadas a estudiar el tema, no siguió "parámetros objetivos", sino que se rigió de acuerdo con la línea editorial de cada medio.
Albistur, de 61 años, llegó al Gobierno de la mano de Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete, luego de una larga trayectoria como empresario publicitario y de una intermitente militancia en el peronismo. Tras diseñar la contratapa de la revista partidaria Línea, a fines de la última dictadura, participó en la campaña presidencial de Italo Luder.
Seis años más tarde, intervino en la campaña de Carlos Menem. Dos años después, el entonces intendente porteño, Carlos Grosso, le adjudicó el millonario negocio de los carteles de la vía pública. Pese al cambio de administraciones, la empresa de Albistur, hoy a cargo de su familia, mantuvo la concesión y, el año pasado, en una nueva licitación, logró retener un tercio del negocio. Después de la Presidenta, es el funcionario que declaró el patrimonio más abultado.
El reparto de la publicidad oficial ya le había traído problemas en 2005, cuando luego de una nota de la revista Noticias que denunciaba la discrecionalidad en el manejo de fondos, Albistur presentó una querella penal contra ese medio, que debió retirar unos meses más tarde, por orden de Alberto Fernández. Aquel año, el funcionario también se ganó una reprimenda de Néstor Kirchner. Fue por un aviso que la Secretaría de Medios publicó para el Día del Periodista. "Hoy, estamos apretando a los periodistas (con un fuerte abrazo)", decía la publicidad.
Fuente: Diario La Nación