Por: Sandra Buxaderas
Silvio Berlusconi está a punto de ganar otra batalla importante en su cruzada co
ntra la acción de la Justicia italiana y de paso le ha clavado una estocada a su otro gran enemigo, la prensa. El primer ministro de Italia no sólo se libró hace quince días de ser condenado por corrupción gracias a la ley que le blinda desde hace un año, sino que además ha conseguido que la Cámara de Diputados apruebe una ley que ata de pies y manos a los jueces en su tarea de investigación. Sólo falta el sí definitivo del Senado.Los partidos que le apoyan en el Parlamento Pueblo de la Libertad y Liga Norte y otra veintena de diputados de la oposición el voto era secreto aprobaron ayer la norma que dificulta la investigación judicial al limitar el uso de las interceptaciones telefónicas y que criminaliza la publicación del contenido de las escuchas por parte de la prensa.
La nueva ley establece que el fiscal podrá pedir al juez instructor que intercepte las llamadas de sospechosos sólo cuando tenga ya "evidentes indicios de culpabilidad", y no en la investigación preliminar y cuando se persigan delitos penalizados con más de cinco años de cárcel.
Además, sólo podrá practicar escuchas durante 30 días, prorrogables durante otro mes. Ayer mismo, por ejemplo, la Policía detuvo a cinco sospechosos de planificar acciones violentas en el encuentro del G-8 de julio a los que había interceptado comunicaciones desde hace dos años.
Penas de cárcel para la prensa
Los periodistas que publiquen escuchas telefónicas consideradas irrelevantes para la investigación podrán recibir una condena de un año de cárcel, así como los que publiquen extractos antes de que termine la investigación preliminar. No se podrían publicar, por ejemplo, las conversaciones reveladas por el Espresso de Silvio Berlusconi con una actriz a la que prometió enchufar en la televisión pública RAI, las de la Repubblica con las que el primer ministro se queja ante el ex dirigente Bettino Craxi de quedarse sin sexo por el retraso de dos chicas o las que podrían indicar una presunta relación con la mafia.
Los periódicos tendrán prohibido incluso publicar los nombres y las fotos de los magistrados encargados de una instrucción, salvo excepciones. Las televisiones tampoco podrán entrar en juicios sin acuerdo de las dos partes.
"Es la muerte de la justicia penal", denunció ayer la Asociación Nacional de la Magistratura. Las asociaciones de editores y periodistas se rebelaron ayer contra la ley asegurando que es "anticonstitucional".
Fuente: Diario Público