El proyecto de ley para los Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por el Gobierno se inscribe en el marco de iniciativas similares que avanzan sobre la libertad de expresión también en otros países de América latina.
Por: Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*
El proyecto de ley para los Servicios de Comunicación Audivisual recién presentado por el gobierno de la
presidente Cristina Kirchner a los argentinos, se inscribe, qué duda cabe, en el marco de iniciativas similares que avanzan en otros países de América Latina, seguidores del llamado Socialismo del Siglo XXI y que tienen como punto de referencia la llamada Ley Resorte o Ley de Contenidos, es decir, la ley venezolana de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, sancionada por el teniente coronel Hugo Chávez Frías el 7 de diciembre de 2004.Todas a una ofrecen una justificación común, acabar con las dictaduras mediáticas, ora del sector privado, ora de los militares dictadores, como el caso austral, para abrirle cauce generoso a la democracia y a los derechos humanos de los "usuarios".
Todas a una pecan de falaces, pues tras sus nominalismos libertarios procuran la entronización de un poder mediático estatal por sobre el mismo ciudadano común, enajenado, con características monopólicas y el objeto único sea de estandarizar los contenidos de la información, sea para darle "unidireccionalidad" dentro de la opinión a los datos y hechos que solo conocen, manejan y hasta manipulan los funcionarios del Estado.
La somera lectura del proyecto argentino indica que, al igual como lo hace posible -no sin resistencias- el militar caraqueño, los medios de comunicación social radioeléctricos en manos del sector privado, para subsistir, han de comportarse como prolongaciones de los departamentos gubernamentales, pues al fin y al cabo se les considera concesionarios de un servicio público y, de suyo, sirvientes del Estado.
De modo que, el proyecto no solo consagra ataduras que han de aceptar la radio y televisión privadas en el ámbito de los "contenidos" programáticos e informativos, sino que, a la par, se les divide y parcela en su influencia dentro la opinión pública -ningún medio puede cubrir a más del 35% de la población con su señal- en la misma medida en que se fomenta el monopolio de la radio y televisión estatales sin límite, adosado a la voluntad última de la jefatura del gabinete de ministros, en cuyas manos reposa, en la práctica, hasta la designación última del defensor de los usuarios.
Y no es que se trate con la ley propuesta -como suerte de distracción para legos- de ampliar el acceso libre de los argentinos a los partidos de fútbol radiotelevisados, sino que el propio gobierno fija los eventos relevantes e institucionales que todos los medios, encadenados al mejor estilo "chavista", han de transmitir con preferencia a sus programaciones y para lo sucesivo.
No solo eso, el proyecto de ley posterga y refiere al ámbito reglamentario -lease a la discrecionalidad arbitraria del Poder Ejecutivo- tanto el establecimiento de atribuciones y funciones a los distintos entes que se crean para que cooperen en los fines de la ley, como la fijación variable, por el propio Gobierno, de las condiciones para la adjudicación "democrática" de los servicios de radiodifusión; no sometiéndose a concurso ni a requisitos de ley expresos el otorgamiento de señales del espectro radioeléctrico a entes o reparticiones oficiales.
En suma, dada la pluralidad de medios privados de comunicación hoy existente y en el ánimo de acabar con el poder mediático de estos en tiempos de globalización, y al efecto, transformarlos en átomos ineficientes, la ley no consigue mejor alternativa que darle todo el poder, es decir, el poder sumo comunicacional y el control de la opinión pública a la Casa Rosada y a nadie más.
Solo ella, según la legislación proyectada, es capaz, al igual que el caudillo de Caracas, de encarnar al pueblo y a su misma opinión y de ser capaz hasta de pensar por los usuarios. La presidencia lo hace por todos.
Nada menos. Para cumplir una formalidad que a buen seguro rueda sobre las espaldas de los seguidores del "socialismo del siglo XXI" -que es tal por usar con eficacia sus instrumentos electrónicos y satelitales, sin dejar de ser una copia del modelo cubano-, cabe afirmar, a título de colofón, que la concepción subyacente en el proyecto de ley mordaza impulsado en la Argentina es incompatible con el credo que tiene su fuente en la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que equivale a decir, en la propia Constitución de la República Argentina.
*Gran Premio Chapultepec 2009 a la Libertad de Expresión otorgado por la SIP.
Ilustración: Horacio Cardo
Fuente: Diario Clarín