Por Mary Anastasia O'Grady, O'Grady@wsj.com
Tras el colapso económico de 2001-2002 en Argentina, el Congreso le otorgó al poder ejecutivo inmensos poderes aduciendo que las circunstancias requerían medidas extraordinarias por parte del gobierno.
Siete años después, tales facultades siguen vigentes y el Estado domina la economía como dueño y regulador. Argentina ahora enfrenta la amenaza de una mayor consolidación del control ejercido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de medios similares a los empleados por Hugo Chávez. Al igual que en Venezuela, la libertad de expresión y la libertad de prensa son blancos de una mayor represión.Que esto sirva de lección para cualquier democracia moderna que conceda grandes poderes al gobierno en tiempos de crisis: darle facultades extraordinarias al ejecutivo es fácil; recuperarlas, no lo es.
Las elecciones legislativas tendrán lugar el 28 de junio y las encuestas sugieren que los argentinos son cada vez recelosos de sus líderes. Se espera que el ala del partido peronista de Kirchner, el Frente para la Victoria, sea ampliamente derrotada. Si esto ocurre, la presidenta y su esposo, Néstor Kirchner, quien la precedió en el cargo y quien probablemente aún esté moviendo los hilos políticos tras bastidores, tendrá que enfrentarse a una legislatura menos maleable.
Estas serían buenas noticias para el país. Bajo el autoritarismo de los Kirchner, Argentina ha pasado del capitalismo democrático —por débil que sea— a un sistema controlado por el Estado cada vez más represivo y aislado. Los derechos de protección a la propiedad han sido eviscerados. Los empresarios han sido intimidados a guardar silencio bajo amenazas de investigaciones impositivas y hostigamiento regulatorio por parte del Estado. Matones respaldados por el gobierno atacan empresas que se resisten a la agenda de la presidencia. Los adversarios de Néstor Kirchner lo describen como un Vladimir Putin, pero sin el encanto.
Claramente, gran parte del país está hasta la coronilla con el kirchnerismo. Las promesas de prosperidad hechas sobre la envidia de clase no se han materializado. Los agropecuarios se oponen a los impuestos a las exportaciones de Kirchner. La presidenta ha alienado aún más a los electores de la clase media al confiscar las cuentas de pensiones privadas y subir los impuestos a la propiedad inmobiliaria. Ahora quiere aumentar el impuesto sobre las ventas. Todo esto sucede en una recesión, mientras los economistas privados estiman que la inflación está por encima del 18%.
Sin embargo, incluso si Kirchner perdiera su mayoría en el Congreso en junio, aún quedarían riesgos contra la libertad. Gracias a la decisión del gobierno de adelantar las elecciones, el nuevo Congreso no asumirá hasta dentro de ocho meses, lo que le da a la pareja presidencial una amplia oportunidad para acrecentar su poder. Una población informada, por supuesto, resistiría más medidas antidemocráticas, razón por la cual los Kirchner están intensificando sus esfuerzos para amordazar a la prensa.
Desde sus primeros días como presidente, Kirchner intentó silenciar a los medios críticos al utilizar el presupuesto de publicidad gubernamental para recompensar a quienes lo apoyaban y matar de hambre a los que se atrevían a imprimir críticas. Fue una herramienta efectiva en una economía conectada a un respirador artificial, donde la publicidad se había evaporado.
A medida que se recuperó la economía, esta estrategia comenzó a costar más. En 2008 el gobierno gastó US$100 millones en "publicidad" en los medios, ocho veces más que en 2003. El gobierno canaliza sus avisos hacia los medios con una línea editorial más favorable.
Sin embargo, las voces independientes se mantienen, como la del influyente diario La Nación (que publica artículos de The Wall Street Journal). Sus críticas obviamente le acarrean problemas a los Kirchner. Así que el gobierno ha desenfundado el martillo. El director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ha presentado dos demandas criminales contra Bartolomé Mitre, director del diario, y Julio Saguier, presidente de la corporación dueña del matutino.
Son acusados de calumnias por publicar dos editoriales que cuestionan las actividades políticas de la secreta agencia de inteligencia y su director. De alguna forma, ambos casos han terminado en manos del mismo juez —aunque las posibilidades de que esto ocurra son remotas— y éste ha permitido que las causas avancen aunque la Corte Suprema dictaminó el año pasado que las críticas a los funcionarios públicos no pueden motivar acciones civiles o criminales. Algunos han cuestionado si los ejecutivos pueden tener un juicio justo. Si son encontrados culpables, los acusados podrían ser sentenciados a tres años de prisión.
El gobierno también ha elaborado un proyecto de ley de radiodifusión que, si se aprueba, con seguridad parece destinado a aplastar la libertad de los medios. La legislación reservaría sólo un tercio del espectro de radiodifusión para el sector privado; un tercio sería para emisiones de medios estatales y el tercio restante sería para organización no gubernamentales elegidas por el Estado. No está claro cómo se otorgarían las licencias, pero sólo durarían diez años y podrían ser renovadas una vez. Muchas empresas de medios que operan actualmente no serían elegibles para competir. La ley no hace mención alguna a la libertad de prensa y los funcionarios no han solicitado las opiniones del sector.
Los argentinos deberían recordar que la supervivencia de la república requiere de un cuarto poder fuerte. La supervivencia del régimen Kirchner requiere lo opuesto. En los próximos meses uno se impondrá.
Fuente: The Wall Street Journal
*La presente nota no refleja la opinión del autor de este sitio