Por: Carlos Lossada
Como si todo lo que ocurriera en el resto del país, ocurriera en otro planeta, en nuestra ciudad se hacen las cosas a contra mano del alineamiento general de la Nación.
Dos periodistas de Paso de Libres, fueron imputados en causas a raíz de una denuncia realizada por el Jefe del Destacamento de Inteligencia 123 con asiento en esta ciudad, por “violar” el Capitulo II del Código Penal, “Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.”Si hay algo más absurdo y ridículo que esto, que alguien lo diga.
Los hechos
Después de la declaración de un testigo en la causa “La Polaca”, el periodismo libreño se hizo eco de esta importante manifestación, en la que se hablaba sobre lo ocurrido en el “Local 13”, una dependencia del Servicio de Inteligencia del Ejército que se encontraba detrás del Escuadrón 7 de Gendarmería.
El testigo afirmó en la misma, que en una oportunidad, cuando cumplía con el servicio militar obligatorio en esa dependencia, en ocasión de haber sido enviado a ese lugar para llevar unos papeles, pudo ver a través de una ventana, como un grupo de personas torturaban a alguien que estaba detenido allí.
Esto fue publicado por los distintos medios de prensa, que reprodujeron las declaraciones, pero dos periodistas fueron denunciados por el Tte. Coronel Mosteirín, hasta hace poco Jefe del Destacamento de Inteligencia: Sergio López e Ignacio Villanueva.
Supuestamente la denuncia se basa en que cuando se publican las declaraciones del testigo José Méndez Ribeiro, se hace mención a un grupo de personas que pertenecen (o pertenecían) al Grupo de Inteligencia y se revelaron sus nombres.
Absurdo por completo. Un jefe de Inteligencia denunciando a dos periodistas en una causa donde se investigan delitos de lesa humanidad, en las que participaron personas que alguna vez pertenecieron a esa fuerza y que habrían participado en secuestros, torturas y desaparición de los detenidos. Por otra parte, desde el inicio de la causa, en el mismo Informe Waern están sindicados los “agentes” que actuaron en estos hechos y, como si todo esto fuera poco, en un medio chico como nuestra ciudad, cualquiera sabe quienes son los alcahuetes que trabajan para los servicios de Inteligencia.
La voz oficial: callada
Para conocer mejor la causa, tratamos de mantener una entrevista con la Jueza Federal Mabel Borda y ahí estuvimos junto a Mariela Altamirano de Telediez, a las 10 de la mañana del día miércoles, tal fue la espera por mas de una hora y media, entre que “ya los va a atender”, hasta que, preguntando, nos informaron que había salidos. Paso por al lado nuestro y no nos avisó que se iba. No pudimos obtener la palabra oficial del porqué, dos periodistas, cumpliendo sus funciones, informaban sobre una declaración de una causa pública, que no tiene secreto de sumario, donde se investigan delitos de lesa humanidad, son imputados en una causa penal por delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.
Extrema gravedad
Lo ocurrido en Paso de los Libres no es algo sin importancia, es de extrema gravedad institucional.
Y todo evidencia que lo que se pretende es amedrentar a la prensa, sentándolos en el banquillo de los acusados, para que nadie mas diga nada, para que todo sea silencio. La investigación de los delitos de lesa humanidad denunciados a partir de la causa “La Polaca” quedaría sin efecto. Si esto ocurre, es fácil “cajonearla” hasta que se caiga. Y hasta donde es peligrosa esta actitud, que después de la declaración del testigo, no se llamó a declarar a los acusados, pero sí se inicia esta causa contra los periodistas, donde se realiza un allanamiento en Activa FM la radio de Sergio López, buscando una copia de la declaración. Se ha llegado a allanar un medio de comunicación sin que nadie diga nada, sin que a nadie le importe, sin que los otros medios reaccionen.
Esta orden la había dado el ex Juez Juan Ángel Oliva, después que declarara Méndez Ribeiro, quien le habría dicho que la publicación de sus declaraciones le originaba problemas sociales y familiares.
El Juez mandó pedir las grabaciones del programa, y Sergio López se negó a entregarlas. Posteriormente envió a la Gendarmería para que buscaran las grabaciones.
Es necesario que todo esto se sepa en todas partes, en todo el país, que se conozca lo que ocurre en esta ciudad, que en la investigación de estas causas corren peligros otras personas, que los verdaderos acusados gozan de “buena salud y libertad”, mientras que los testigos y querellantes, deben tener en sus casas una custodia para que nada les pase a ellos o a sus familias. De cualquier manera, si algo pasa, está claro quiénes son los responsables.
Fuente: Semanario Frontera Abierta
Mordazas a la prensa en Corrientes, comunicado de la FATPren
Periodistas denunciados por informar sobre delitos de lesa humanidad
Los periodistas Sergio López e Ignacio Villanueva fueron denunciados y se encuentran imputados en una causa judicial, por haber revelado en Paso de los Libres los nombres de personas involucradas en delitos de lesa humanidad.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y la Asociación de Periodistas de Corrientes suman su respaldo a los compañeros, ante el avasallamiento al derecho de informar y repudian la pretensión de criminalizar el ejercicio de la libertad de prensa.
Se los acusa de “comprometer la paz y dignidad de la Nación”, delito tipificado en el Capítulo II del Código Penal, a partir de la denuncia radicada por el Teniente Coronel Mosteirín, hasta hace poco Jefe del Destacamento de Inteligencia 123 con asiento en la localidad de Paso de los Libres – Corrientes.
Los datos que tomaron estado público a través de los medios de comunicación se relacionan con la declaración del testigo José Méndez Ribeiro en la causa denominada "La Polaca", quien relató lo ocurrido en el "Local 13", una dependencia del Servicio de Inteligencia del Ejército. El testigo afirmó que cuando cumplía con el servicio militar obligatorio en esa dependencia pudo ver cómo un grupo de personas torturaban a un detenido en el lugar.
El denunciante cuestiona la publicación de lo nombres de un grupo de personas que pertenecen (o pertenecían) al Grupo de Inteligencia, y que se encuentran investigados por la presunta participación en secuestros, torturas y desaparición de detenidos, aun cuando desde el inicio de la causa, en el Informe Waern están sindicados los "agentes" que actuaron.
Periodistas de la localidad intentaron dialogar con la jueza Federal Mabel Borda, quien a pesar de haberles dado cita, no los recibió. Esperaban explicaciones sobre la apertura de una causa contra trabajadores que informaron sobre un proceso público, que no tiene secreto de sumario, y donde se investigan delitos de lesa humanidad.
Otra señal preocupante es el estancamiento de la causa puesto que, tras la declaración del testigo, no fueron citados los acusados, pero sí se inició una acción penal contra los periodistas, que incluyó un allanamiento a Activa FM, emisora propiedad de Sergio López, en busca de una copia del testimonio.
La orden de allanamiento fue librada por el ex Juez Juan Angel Oliva quien, ante la negativa del periodista de entregar las grabaciones, desatendiendo el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información, decidió enviar a la Gendarmería para proceder al secuestro del material.
La FATPren condena el avasallamiento contra los compañeros trabajadores, y hace un fuerte llamado de atención al accionar judicial puesto que, a la fecha, quienes han debido requerir custodia policial en resguardo propio y de sus familias, son los testigos y querellantes, en tanto los periodistas encargados de difundir los hechos deberán sentarse ahora en el banquillo de los acusados.