Por: Barricada TV
Por eso decimos que la presentación del anteproyecto obedece, en realidad, a la presión que significan más de 25 años de lucha de diversas organizaciones sociales y políticas contra la concentración mediática y por la construcción de una comunicación popular. Esta lucha implicó instalar medios y resistir decomisos; seguir poniendo medios; debatir nuevos proyectos de ley; denunciar la concentración y el discurso único; en fin, dar el debate en la calle sobre la importancia de una comunicación en manos de los trabajadores y el pueblo. Por eso no podemos ser ajenos al debate y por eso, también, es fundamental unificar esfuerzos en una intervención común.
Nuestra posición frente a este debate intenta entonces aportar a una línea de acción alternativa y crítica, y decimos esto porque no nos conformamos con las simplificaciones con que habitualmente se suelen oscurecer los debates. Si el punto de partida es oponer una “ley de la dictadura” a una “ley de la democracia”, como lo plantea el krichnerismo, está claro que no hay debate posible: acá la intención deliberada es ocultar las contradicciones de fondo.
Pero tampoco hay debate que no sea confirmar ideas previas y justificar la propia inacción cuando, lamentablemente, las falsas antinomias se instalan entre compañeros de lucha. Para ser más claros: si intervenir en el debate es “apoyar al gobierno” por opción o cooptación, entonces tampoco hay nada que discutir. Como dice el refrán “taza taza cada cual a su casa” y en vez de unificar criterios alrededor de algunos puntos que potencien y amplíen la intervención alternativa, por el contrario, la fragmentamos.
Es en este sentido que nos parece fundamental tomar una posición que intervenga en el debate: la propuesta de ley se presenta en el marco de disputas interburguesas que es necesario aprovechar para arrancar al Estado reivindicaciones que son clave porque tienen que ver con la lucha ideológica. Estas reivindicaciones van de la exigencia de una cuota de pantalla para los documentalistas, la apertura de los archivos de imágenes y la exigencia del financiamiento para los medios alternativos, comunitarios y populares hasta la elaboración de pliegos, jurados y concursos específicos para estos medios, entre otros puntos que reclaman la derogación del decreto 527/05 y una definición propia y diferenciada de las ONG, de la burocracia sindical y de la Iglesia.
Creemos que de esta manera se tiene una política concreta para un frente concreto en el marco de una intervención colectiva e integral, movilizando a muchos más que a los convencidos en una línea de construcción de una salida favorable a los intereses de los trabajadores y el pueblo.
En otras palabras: el denuncismo no alcanza porque deja sin política a un montón de sectores que desde hace décadas vienen peleando por una comunicación popular y que vienen batallando contra la 22.285 y sus modificatorias en democracia.
Por otro lado nos parece importante resaltar la importancia de articular lo macro y lo micro y recolocar la cuestión del poder. El escenario abierto con la presentación del proyecto de ley nos permite profundizar una acción que tienda a disputar la masividad. Está claro, al menos para nosotros, que la construcción de medios en manos de los trabajadores y el pueblo no puede esperar al día después de la Revolución. Que cumplen un papel fundamental en la batalla ideológica, en la construcción de consenso para la transformación radical de la sociedad, para la contrainformación y para la movilización y la organización popular.
Con esto queremos plantear que no es lo mismo contar con frecuencias que no contar con ellas. Es cierto, como señalamos al principio, que los medios los pusimos igual y que los seguiremos poniendo, y que en un escenario de agudización de la lucha de clases el financiamiento vendrá asociado al surgimiento de una alternativa a secas. Pero arrancar frecuencias en el contexto actual no es para nada desdeñable, y más que retrasar la lucha creemos que la potencia, sobre todo si entendemos a los medios alternativos como una herramienta política. Pensemos nada más que nos obliga a construir medios mucho más poderosos, más centralizados, menos marginales. Reducir la alternatividad a lo chiquito, a lo artesanal, es condenarla a una mera presencia testimonial que no disputa el poder ni lo molesta.
De ahí es que entendemos a lo alternativo desde el punto de vista de la construcción del poder popular, entendido como espacio arrebatado a la hegemonía burguesa.
Dictadura mediática, dictadura del capital
Hoy por hoy, tanto la “dictadura mediática” como la “dictadura del capital” se encuentran profundamente imbricadas en nuestra sociedad, al punto que no se pueden analizar por separado. De hecho las empresas periodísticas son grupos económicos, y como tales ponen a sus medios a operar con propaganda a veces, con mayor sutileza otras (o sea, con políticas culturales), dejando en claro su dependencia de una clase social.
El poder de las empresas periodísticas alcanza hoy uno de sus puntos más altos dado su rol en la construcción del imaginario social. La híper concentración que, sabemos, se renovará y adquirirá nuevas formas con el ingreso de las telefónicas y el negocio del triple play, es la que nos lleva a hablar de “dictadura mediática”, entendiéndola no sólo en una dimensión discursiva sino también en su funcionamiento estructural: los medios, en tanto grupos económicos, son vocero y parte fundamental de una fracción de las clases dominantes.
La “dictadura del capital” la vivimos bajo casi todos los regímenes políticos, sean éstos democráticos o militares. Pero no hacer distinción entre ellos en aras de que son todos capitalistas nos parece un error. Para nosotros, por ejemplo, había que apoyar la transición democrática en el 82-83 desde una alternativa propia, incentivando la lucha e intentando que la transición fuera lo más profunda posible, enfrentando a Alfonsín desde siempre como a toda la “clase política” tibia y cómplice. Que la transición finalmente haya sido ordenada y negociada (producto de errores propios además de aciertos ajenos) no implica que el fin de la dictadura no haya sido un hecho positivo (en este caso, hay que decir, a los chilenos les fue peor).
Incluso citando ejemplos más cercanos en el tiempo, no hay dudas que la ley de glaciares hubiese sido mucho más positiva para la soberanía y los recursos naturales que su veto por la presidenta. O que no es lo mismo bajar la edad de imputabilidad que no hacerlo. Tampoco es lo mismo que haya en el parlamento representantes obreros que no los haya. Lo mismo podría decir de las jubilaciones o de la 125. Que finalmente nos beneficien como pueblo o no dependerá de las batallas que demos para profundizar los aspectos que mejoren el piso de vida (por ejemplo, que lo recaudado por la 125 o las jubilaciones efectivamente vaya a hospitales, viviendas, educación, etc.). Esto es algo que debemos exigir, que no viene dado.
Siguiendo esta línea, para nosotros no es lo mismo que los trabajadores hayan logrado que Perón sancione una serie de conquistas obreras a que la Unión Democrática los siga considerando (simbólica y materialmente) como unos “negros de mierda”. Y esto no ignora ni deja de detallar que Perón y el Estado peronista pelearon en el seno de la clase obrera su disciplinamiento.
En todo caso sería interesante preguntarnos (aún desde el campo de los medios alternativos como espacio gremial con reivindicaciones propias) por qué el mismo partido que profundizó la ley de la dictadura dice querer terminar con ella. Acá hay un par de posibles respuestas: una, que el poder externo al Estado aparato ya no considera monolíticamente a los K tan necesarios como hace unos años y está pensando en su reemplazo. Y en ese sentido el gobierno (en tanto representante de un sector del poder económico) busca estrategias de supervivencia apelando a una ley que debilite o diversifique al monolítico grupo que hoy comanda los medios argentinos. Otra, que –como dijimos anteriormente- se renovará la concentración con el cambio tecnológico y la necesaria modificación de las reglas del juego para que las cosas continúen dentro de los senderos previsibles.
En este punto insistimos en que las contradicciones interburgesas son positivas para abrir o cauce a la lucha popular, y volvemos sobre aquello del Estado como “espacio de disputa”. Es indudable que el Estado aparato es determinante para que la burguesía pueda ejercer su hegemonía y si es necesario su dictadura. Pero debemos recordar (y esto no sólo es un tema de "sociólogos") que Gramsci presenta la noción de Estado como dictadura más hegemonía, y que en otro lado la amplía más: Estado (aparato burocrático militar) más sociedad civil.
Esto significa que el poder de dominación en las sociedades modernas se materializa no sólo desde el Estado institución sino desde una serie de organizaciones “civiles” (las “trincheras”) mediante las cuales la burguesía también gobierna. Estas organizaciones civiles, según entendemos, son las organizaciones empresariales como la bolsa, las cámaras e instituciones empresariales diversas, del campo, la industria, el transporte, el comercio, etc., pero también las organizaciones civiles que reproducen la lógica burguesa como, por ejemplo, los sindicatos burocráticos.
Es en ese sentido que Gramsci llamaba a librar una guerra de posiciones. No para disputar la simpatía de las cámaras empresarias Pyme o su conducción, sino para disputar la dirección de las organizaciones civiles no burguesas (o no necesariamente burguesas). Cuantos más territorios le arrebatemos a la hegemonía burguesa desde las organizaciones de trabajadores más cerca estaremos de alcanzar posiciones mejores para el asalto final y la destrucción del Estado burgués.
Si las cámaras empresarias a consecuencia de sus contradicciones y de sus mediaciones con el Estado aparato pierden la hegemonía absoluta y concentrada sobre el total de las frecuencias radioeléctricas, ahí tendremos un agujero por el que podemos avanzar nosotros. Lo que avancemos, obviamente, no viene regalado (este gobierno no apoya la alternatividad precisamente –mediática, política, sindical, territorial-, a diferencia de Venezuela donde el Estado financia a los medios alternativos), sino que será una consecuencia de la audacia de nuestra política y de nuestra capacidad de conquistar espacios.
Una intervención sindical para seguir construyendo comunicación popular
Está claro que el proyecto de ley es burgués y como tal no propone la socialización del espectro radioeléctrico. Eso lo tenemos que construir nosotros. Pero en el marco de un contexto de disputas y contradicciones en el bloque de poder, la posible apertura del mercado hacia otros actores más afines con el gobierno y de un nuevo escenario tecnológico (que, hay que recordar, es de importación), el terreno que se genera nos puede permitir, si peleamos, salir beneficiados (no es otra cosa que una pelea por las libertades democráticas mínimas).
Es por todo esto que decimos que el Estado es una arena de disputa. Y no concebimos como disputa ser funcionario precisamente sino la capacidad de limitar políticas reaccionarias e imponer otras favorables a los intereses de las grandes mayorías. Esto se logra mediante la confrontación, que para que sea efectiva requiere organización. Por eso la propuesta es pensar el tema del proyecto de ley desde el punto de vista sindical.
La posibilidad de intervenir para lograr frecuencias nos pone en otro escenario que se puede aprovechar si lo pensamos estratégicamente, teniendo en el horizonte una nueva comunicación, un nuevo Estado, una nueva sociedad. Las reivindicaciones que hacen al financiamiento de los medios alternativos y a su especificidad dentro de la vaguedad de los medios “sin fines de lucro” (que pondrían en igualdad de condiciones a los medios dependientes de un movimiento de fábricas recuperadas, de comisiones internas combativas, de organizaciones piqueteros con medios dependientes de la Fundación Noble o de la Fundación Felices los Niños, por ejemplo), y la claridad respecto de los mecanismos de reserva, pedido y entrega de las frecuencias son importantes porque dejan en claro, a los fines del debate ideológico, la cuestión de la desigualdad material (y simbólica).
Esto contiene también la digitalización, sus implicancias y costos y la participación concreta en lo que hace a la denuncia del negocio del triple play y la disputa Clarín/Telefónica, ya que hay mucho en juego acá: por un lado la renovación de la concentración, por el otro –como señalábamos- un nuevo escenario tecnológico con unos costos que impedirán, al menos durante unos cuantos años, el acceso a la producción con estándares de calidad que no sean una nueva reproducción de aquel viejo “sacar el cable del televisor y pinchar dos tenedores en una papa”.
Pensamos que una propuesta de acción es abordar el tema desde el punto de vista sindical reivindicativo, llevar y presionar y movilizar para que la ley se vote con nuestras modificaciones. Esto es lo que hacen los trabajadores en todos los ámbitos y estamos convencidos que unificando esfuerzos y sumando muchas otras intervenciones (seguir poniendo medios, seguir impulsando comisiones internas en los medios, etc.) nos permitirá construir un mejor piso para abonar una comunicación en nuestras manos.
Por lo expresado, desde BarricadaTV acompañamos la intervención de la Red Nacional de Medios Alternativos RNMA (declaración completa en www.rnma.org.ar):
- Derogación del Decreto 527/05.
- Definición de los medios comunitarios, populares y alternativos como actores con características, necesidades y responsabilidades específicas.
- Mayor pluralidad y representatividad en los órganos de control.
- Reducción del número de licencias por prestador, en el camino de una línea antimonopólica y antioligopólica.
Queremos comenzar esta intervención recuperando el planteo realizado por los compañeros de la Comisión de Debate del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales acerca de la falsa dicotomía entre una "ley de radiodifusión de la dictadura" y una "ley de radiodifusión de la democracia". Si lo que queremos es realizar una verdadera y profunda reflexión sobre la comunicación hoy y sobre el papel que cumplen los medios en la construcción de la subjetividad social, entonces es necesario dejar de lado esta falsa oposición que, como estrategia argumentativa del gobierno, sólo conduce al oscurecimiento del debate.
En este marco traemos al foro una intervención crítica y alternativa que intenta promover una real democratización de las comunicaciones. Por eso partimos alertando, como muchas compañeras y compañeros que nos precedieron dando su opinión crítica, sobre las condiciones estructurales de la comunicación en el país. Nos referimos concretamente a la necesidad, a la urgencia de derogar el decreto 527/05 como punto de partida fundamental para avanzar en una verdadera democratización. No podemos esperar 10, 15, 20 años para "limitar" los monopolios y frenar la concentración. Tenemos que enfrentarlos ahora.
En este sentido destacamos que la reducción de licencias por prestador nos sigue pareciendo insuficiente, y que no dejaremos de luchar por la antimonopolización en nombre del posibilismo o del conformismo.
Al mismo tiempo compartimos con ustedes el interrogante que nos genera la digitalización de la televisión y el contexto en que ésta se presenta. No podemos dejar de señalar nuestra oposición al reemplazo de un "monopolio" por un oligopolio -nos referimos al ingreso de las telefónicas y el negocio del triple play-, y llamamos la atención sobre la reproducción de la desigualdad que seguirá acarreando una migración tecnológica de alto costo y de importación, que seguirá discriminando a nuestros medios alternativos, comunitarios y populares.
Dicho esto cerramos esta intervención sosteniendo los cuatro puntos que discutimos y consensuamos en la Red Nacional de Medios Alternativos que integramos: derogación del decreto 527; definición de los medios comunitarios, populares y alternativos como actores con características, necesidades y responsabilidades específicas y no como organizaciones sin fines de lucro; mayor representatividad y pluralidad en los órganos de control y reducción del número de licencias por prestador.
Si lo que pretende es una real democratización basada en la lucha contra la concentración material y discursiva, entonces exigimos se incluyan estas reivindicaciones.
Barricada TV, Mayo de 2009
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