Por: Pedro Arturo Gómez*
Nuestra Carrera de Ciencias de la Comunicación integra la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de Argentina (RedCom). Representantes de las diversas instituciones académicas pertenecientes a esta asociación, reunidos en marzo de este año en la Universidad Nacional de Quilmes, elaboramos un documento referido al Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese escrito expresamos:
Nuestro apoyo unánime a la necesidad de consensuar una ley que reemplace el Decreto Ley de la dictadura, legislación inadmisible a 25 años de recuperación de la democracia, ya que ésta y sus posteriores modificaciones favorecen la concentración de medios, y resultan obsoletas con respecto a los nuevos desarrollos tecnológicos y prácticas asociadas a ellos.
Nuestro particular interés en el tratamiento de temas como el acceso democrático a la información por parte de todos los sectores de la sociedad, la manifestación de la diversidad social, cultural, política, religiosa y étnica, la regionalización en la producción de contenidos, el objetivo de evitar la concentración monopólica de medios, la participación de todos los sectores en el acceso de las licencias, el fortalecimiento de los medios públicos.
Nuestra adhesión al reconocimiento de los medios de comunicación universitarios y a la incorporación de las carreras de periodismo y comunicación en la planificación y seguimiento de las políticas públicas de comunicación, a través del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y del Consejo Asesor Honorario de Medios Públicos.
Nuestro compromiso con el análisis crítico, debate y promoción de la propuesta por medio de foros, jornadas, seminarios, etc. que estimulen la participación de las comunidades universitarias, los dirigentes, las diversas organizaciones sociales y la población en general.
Nuestra disposición, en tanto profesionales y académicos vinculados directamente con el campo de la comunicación, para colaborar en las diferentes instancias que la generación y aplicación de la nueva ley requiera (asesoramientos, consultas, debates, entre otros aspectos).
En correspondencia con este documento, aprovecho mi participación en este foro para destacar la vocación pluralista y democrática de este Proyecto de Ley, que apunta a desconcentrar la propiedad de los medios, descentralizar la producción de contenidos y promover la pluralidad participativa en el acceso a los medios mediante el desarrollo de políticas públicas, incluyendo las minorías parlamentarias en el control de las políticas comunicacionales.
Como señala, Natalia Aruguete, investigadora de la Universidad Nacional de Quilmas, en un artículo publicado este mes en Le Monde Diplomatique, desde que la dictadura militar promulgó la en 1980 la Ley de Radiodifusión 22.285, el sistema de medios argentino se orientó hacia la concentración de la propiedad en un puñado de grandes grupos económicos, la centralización de la producción de contenidos y la restricción en el acceso a la radiodifusión para quienes no persiguen fines comerciales”. Las 214 normas que fueron modificando posteriormente esa Ley de Radiodifusión no hicieron sino continuar con esta orientación, tendencia alentada por los fastos neoliberales de la década infame de los ’90, período en el que reinó la racionalidad del mercado como único principio regulador.
El ejemplo más notable y representativo —el más obsceno, podría decirse— del monopolio de medios en nuestro país es el de la integración de las señales de cable de Cablevisión y Multicanal, en septiembre de 2006, cuando el Grupo Clarín, socio mayoritario de Multicanal, tomó el control accionario de Cablevisión. Esta operación contó con la aprobación de la Comisión Nacional de defensa de la Competencia, aunque el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) no aprobó el trámite necesario para crear una nueva sociedad resultado de la fusión de ambas compañías. No obstante, en los hechos, Cablevisión-Multicanal poseen el 55% del mercado del cable argentino, el 32,5% del mercado de proveedores de Internet y varias señales propias, además de ser propietarios de más de 200 licencias de televisión paga del interior.
La consecuencia inmediata de esta concentración de la propiedad es la centralización de contenidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, algo que puede constatarse en la alta penetración de contenidos emitidos por los canales de cabecera propiedad de Grupo Clarín y Telefónica. En septiembre de 2008, casi el 60% de las horas de televisión abierta emitidas en todo el país fue repetición de contenidos. En las provincias, el 70% de la programación fue copia de canales del Área Metropolitana de Buenos Aires – La Plata. Telefé Y Canal 13 retransmitieron, en conjunto, el 88% del total de contenidos. Los canales públicos emitieron un 40% de producción propia; los privados, un 26%. Otra consecuencia del monopolio es la restricción en el acceso a los medios de otros actores, por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro.
Ante este paisaje dominante de concentración, centralización y exclusión, el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se pronuncia a favor de “garantizar el ejercicio universal para todos los ciudadanos a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones”. De modo que, en espíritu y letra, este Proyecto podría anunciar el fin de la fiesta de los multimedios, muy a pesar de quienes favorecen los intereses de estos sectores monopólicos al reclamar en nombre de un pretendido resguardo de la libertad de prensa, reclamo que no es sino la encubierta proclama de la libertad de empresa.
Con el objetivo de la desconcentración, el Proyecto establece un límite al número de licencias y a la cuota de mercado. A nivel nacional, un mismo prestador podrá poseer hasta diez licencias de servicios abiertos (televisión y radio) y hasta 24 de televisión paga, siempre y cuando no controle más del 35% de los servicios de abonados. Dentro de la misma área geográfica, podrá tener hasta una radio AM y dos FM, pero se le prohibirá ser dueño de canales de cable y de aire al mismo tiempo. Tampoco podrán obtener una licencia las filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras. Si el Proyecto es aprobado, varios operadores quedarán fuera de la ley y deberán desprenderse de algunas licencias, puesto que la ley no reconoce derechos adquiridos. Multimedios como el Grupo Clarín y empresas extranjeras como el grupo español Prisa (deberá desligarse de radio Continental) y Telefónica de España (tendrá que entregar sus canales de aire).
Otro aspecto sobresaliente del Proyecto es que los operadores deberán tener como “objeto social único y exclusivo la prestación de servicios de comunicación social”, con lo cual se obtura la formación de holdings integrados por dueños de medios y de otras sociedades comerciales. En cuanto a la democratización del acceso a los medios, la promoción de la diversidad de contenidos y la preservación del patrimonio audiovisual nacional, el proyecto reserva “con carácter inderogable” el 33% del espectro a personas jurídicas sin fines de lucro; establece cuotas de producción nacional (70% para la radio y 60% para la televisión) y de producción propia (50%, incluyendo informativos locales) y obliga a los licenciatarios de televisión paga a incluir como mínimo una señal local.
Particular relieve tiene la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, órgano colegiado y autárquico, con participación de la segunda y tercera minoría parlamentaria designada a propuesta de la comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. En el ámbito de este órgano, se determina también la creación del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que integra un representante de cada universidad nacional que tenga carrera de comunicación. Entre otras funciones, estos organismos desempeñarán un papel clave a la hora de hacer los ajustes de la norma a los acelerados cambios tecnológicos que se registran en el campo comunicacional.
Hay que destacar, además, que no basta con propiciar el acceso de los sectores más vulnerables, es necesario proveerlos con recursos que posibiliten la concreción de sus proyectos, previendo que los medios públicos y comunitarios cuenten con subsidios que les permitan superar las brechas que abren los permanentes desarrollos tecnológicos. El sostenimiento de estas políticas públicas necesitará también apoyarse en la gente, en la vida de la comunicación mediática en el seno de la vida social, para lo cual es imprescindible estimular incansablemente la participación pluralista, poniendo en discusión el proyecto, su concreción y aplicación, para generar una ciudadanía que se apropie de él y se decida a defenderlo.
En su conjunto, el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual adquiere una significación fundamental: ser un instrumento para el retorno del Estado a sus funciones indeclinables en las relaciones entre los medios y las comunidades de ciudadanos, en las dinámicas de la comunicación, la cultura y la sociedad, garantizando en el campo mediático un protagonismo participativo y pluralista que abone el debate público y las prácticas de libertad, como base imprescindible para el logro de una democracia más plena y más justa.
*Profesor a cargo de Teoría de la Comunicación Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán.
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