La Comisión Nacional de Libertad de Expresión repudia la brutal agresión que se desató el viernes a la tarde en el complejo habitacional del barrio El Martillo cuando uniformados de la Policía bonaerense –de Mar del Plata y localidades vecinas- desalojaron a 54 familias que permanecían ocupando las casas desde hace tres meses, en reclamo de mejores condiciones habitacionales.
Durante una hora se arrojaron gases lacrimógenos y se dispararon balas de goma. Actuó Caballería y hasta se llevaron perros rotwailer. Los resultados fueron decenas de heridos y unos 25 detenidos, entre ellos un periodista del diario El Atlántico, dos periodistas de la radio comunitaria FM de la Azotea y el fotógrafo de HIJOS Mar del Plata.
También fue detenido el abogado de la asamblea de “Los sin techo”, Juan Pablo Gelemur. El letrado estaba haciendo una entrevista con el canal Crónica TV cuando observó que dos hombres de civil se llevaban detenida a una joven de los pelos. Ante la cámara, intentó detenerlo, y cuando se identificó aduciendo ser el abogado de las familias, también fue apresado.
El periodista de El Atlántico estaba sacando fotos cuando fue tacleado por un policía. Enseguida, fue rodeado, agarrado de los pelos y subido a un celular de Infantería. En tanto, al fotógrafo de HIJOS se le solicitó identificarse. A pesar de mostrar sus datos, fue también violentamente detenido.
En la semana previa la fiscal Graciela Trill había asegurado los medios para el desalojo: el número de policías acorde a la cantidad de vecinos, la presencia de representantes de organismos de Derechos Humanos y trabajadoras sociales. Pero la realidad fue otra. La misma fiscal, después de dar la orden de desalojo, se subió a un patrullero y se marchó; y sólo hubo un representante de la secretaría de Derechos Humanos.
El escenario de violencia y la brutalidad de la represión se encuadran en una realidad de crisis, donde los conflictos sociales afloran. Los vecinos del barrio Pueyrredon, cuyas casillas tienen piso de tierra y se inundan con las fuertes lluvias por el desborde del arroyo, debieron acudir a una instancia penal para que el Gobierno municipal se comprometiera a limpiar el curso de agua y desratizar la zona. La toma de viviendas puso al descubierto el fuerte déficit habitacional y la respuesta del Estado fue, una vez más, la represión.
Exigimos a las autoridades municipales y provinciales el esclarecimiento de los hechos. Condenamos las agresiones sufridas por los trabajadores de prensa, miembros de organizaciones sociales y vecinos y vecinas.
A la Justicia le reclamamos la investigación de lo sucedido y el castigo a los culpables.
18 de abril de 2009.
Comisión Nacional de Libertad de Expresión
