La Universidad de Belgrano organizó uno de los tantos debates donde la sociedad civil está discutiendo los alcances del anteproyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Representantes del sector público, privado, t
écnicos y universitario discutieron los puntos principales de la nueva Ley.En torno a la nueva Ley de Comunicación, se discute por primera vez públicamente una política de medios. A partir del anteproyecto que el Poder Ejecutivo presentó, se abrió un plazo de sesenta días para realizar un debate en la sociedad antes que ingrese en el Congreso. ONG´s, políticos, ciudadanos, empresarios, estudiantes y medios de comunicación participan activamente de foros y encuentros que discuten los principales puntos. Por un lado, los voceros oficiales entienden la comunicación como un “derecho humano” y defienden la multiplicidad de voces como su garantía, la oposición y algunos medios hablan de un intento de control de la libertad de expresión. En el medio, una Ley añeja y dictatorial que exige revisión inmediata para aggiornarla a los drásticos cambios ocurridos en los últimos treinta años. “Hablamos de años y años en que sí hubieron políticas de comunicación, pero realizadas en forma arbitraria, oportunista y defendiendo intereses. Ahora hay espacio de debate en la opinión pública y la regulación tiene que existir, no en los contenidos, pero sí en el funcionamiento del sistema” indica Guillermo Mastrini, Director de Ciencias de la Comunicación de la UBA.
Puntos polémicos
El proyecto apunta a limitar los multimedios, no permite a los dueños de canales de aire ser propietarios de cable en la misma área geográfica, por su parte, las operadoras de cable no pueden operar en más de 24 localidades a la vez, impidiéndoles tener más del 35% de abonados sobre el total nacional. Respecto de las licencias, su extensión baja de 15 a 10 años, prorrogable por otros diez años. Por otro lado, un 33% del espacio radioléctrico es para canales y radios de organizaciones sin fines de lucro que hasta ahora no podían ser propietarios de licencias. Las productoras que generan señales de televisión o contenidos y las agencias de publicidad también deberán tener una licencia.
Palabra oficial
Por un lado, la postura oficial reivindica como un derecho el acceso a recibir información diversa, evitando el problema que entiende se suscita -sobre todo en el interior del país- cuando existe solo un medio de comunicación. La concentración en pocas voces impide que una pluralidad de información conforme una opinión pública con más argumentos. “Los medios influyen directamente en las opiniones del público, manipulando sus percepciones de la realidad. ¿Libertad de prensa es igual a que el Estado de abstenga? –se pregunta Gonzalo Carabajal, Gerente de Comunicación Audiovisual de Télam- décadas atrás puede haber sido así, pero ahora es su obligación estatal garantizar el derecho y achicar las brechas comunicacionales existentes”.
Voces disidentes
El testimonio de los representantes de medios y de un sector de la oposición reconoce las “buenas intenciones” del proyecto, atacando algunos puntos: “Si no se pueden licitar más canales abiertos, que es lo que ocurre hace años, la televisión por cable suple esa falencia, sobre todo en el interior. Siempre existe la opción de hacer zapping, además, la riqueza es tener medios independientes” señala Eugenio Sosa Mendoza, Director de Relaciones Institucionales del Grupo Clarín. Para el multimedios, algunos artículos van en contra del libre ejercicio de la libertad de prensa y tiende al control de los medios. “Veinte años no es un horizonte de tiempo suficiente para hablar de negocios, más con el know how que exige manejar un medio” agrega. En este punto, Mastrini disiente. “Entiendo que 20 años en un tiempo razonable como horizonte de negocios, además la Ley no dice que no puedas continuar propietario, sino que da en concurso la oportunidad que otros puedan medirse en las mismas condiciones”. Respecto de la operación de los canales de cable se dan las mayores polémicas. “Si tenés éxito y te eligen, ¿por qué me castigan sacándome clientes? ¿Qué criterios definirán la zona de influencia de mis 24 localidades? Además no hay antecedente en el mundo que impida a quienes tengan canal de aire tener señal de cable. Estas cuestiones atentan contra la libre competencia del mercado” apunta Sosa Mendoza. La oposición por su parte señala el peligro de la inseguridad jurídica ya que de aprobarse la Ley se aplicaría sobre los derechos ya adquiridos por los medios.
Deudas digitales
“Somos de los pocos que legislamos luego que la tecnología ya está en funcionamiento” afirma Silvana Giudici, Diputada Nacional por la UCR, ocurre que si bien la digitalización en los medios es un hecho, la Ley pretende legislar el funcionamiento de los medios analógicos. “El proyecto no contempla lo digital cuando estamos a las puertas de la norma de tv digital, la tv móvil, la tv por Internet y la satelital, nada de esto está aclarado. Si bien el contenido tiene buenas intenciones, veo inviable el proyecto desde lo técnico, porque falta compatibilizar la realidad técnica con la jurídica” explica Miguel Pesado, experto en Comunicación y Radiodifusión. Un canal no podría por ejemplo brindar radiodifusión móvil, que estaría sujeta a nuevas licencias. “Si tengo el know how para hacerlo debería ser una evolución natural” indica Pesado. Por otra parte, la definición de “Comunicación Audiovisual” de la Ley es muy amplia: “Comprende la radiodifusión televisiva hacia receptores fijos y móviles”. Algunos especialistas creen que los contenidos audiovisuales de una página web podrían ser alcanzados por la normativa, pero sobre este punto aún falta especificación.
Fuente: Infobrand