ecto oficial y asegura que, tal cual está redactado, vulnera la libertad de expresión, la de prensa y es una herramienta de cooptación de medios”.Por: Martín Rodríguez Rocha
Diputada, ¿qué puntos critican de este proyecto del Gobierno nacional?
Desde 1983 venimos planteando desde el radicalismo, en la plataforma de Raúl Alfonsín, modificar la Ley de Radiodifusión que tiene algunos elementos de la dictadura, pero fundamentalmente desde hace unos años sostenemos que es necesario modificarla porque las incorporaciones menemistas hicieron que el tema actual sea complicado. Entonces, ¿que estamos planteando ahora? Un gobierno justicialista nos dice que hay que cambiar el esquema de concentración de los medios, pero en realidad esa misma fuerza política, desde los ’90 hasta ahora, inclusive en el 2005, cuando Néstor Kirchner renueva sin revisar las licencias de los medios audiovisuales, decimos que no tenemos que caer en simplificaciones. Entonces, desde el radicalismo volvimos a repasar nuestra agenda ampliada en Libertad de Expresión, y a señalar que, para tener una política de medios seria en la Argentina, hace falta discutir los proyectos de publicidad y oficial y de acceso a la información en conjunto con la ley de Radiodifusión. Este anteproyecto del Poder Ejecutivo se basa en 21 puntos construidos por un conjunto de ONG’s que se llaman la “Coalición por la Radiodifusión Democrática”. El punto Nº 3 de esos puntos dice que el Gobierno no puede distribuir la publicidad oficial de manera discrecional y que hay que regularla por Ley, entonces yo pregunto: ¿por qué un Gobierno en función de 21 puntos incumple con uno de los aspectos más importantes de ellos?
¿Cuál será la estrategia de la oposición cuando se trate el proyecto en el Congreso y cuándo llegará al Parlamento?
Le pedimos al Presidente de la Comisión de Comunicaciones, Manuel Baladrón, que ya mismo nos pongamos a organizar un esquema de audiencias públicas para cuando la Ley ingrese al Congreso. Aún no sabemos cuando el Gobierno enviará al Parlamento la ley. Hace un año que la Presidenta anunció la intención de modificar la Ley de Radiodifusión. Durante un año, aparentemente, sólo hacen un anteproyecto que lo hacen circular por distintos foros durante 90 días. Cuando el Poder Ejecutivo termine de redactar su proyecto y lo envíe al Congreso, en ese momento desde la oposición reclamaremos la organización de audiencias públicas que incluyan a todas las voces que inviten a todos los sectores, y que pueda ser una discusión a fondo de esta ley, porque, como está redactada hoy, vulnera la libertad de expresión, la de prensa y es una herramienta de cooptación de medios. Entonces, no vamos desde la UCR a acompañar esta iniciativa e insistiremos con nuestros proyectos incorporando en la agenda ampliada la publicidad oficial, de manera prioritaria.
¿La idea del radicalismo sería convertir el tratamiento de esta Ley en un debate como el de la Resolución 125?
No es ése el esquema, nosotros proponemos algo que ya se hizo en el año 2000 en la Comisión de Comunicaciones, con distintos diputados del radicalismo que participaron en esas audiencias públicas, llevando la discusión a distintos lugares del país y por sobre todas las cosas incorporando a todos los actores; no reclamamos un show mediático, reclamamos que se abra la discusión artículo por artículo, y que esa discusión incluya a todas las voces que tienen participación en el sector. Porque yo celebro que se ponga este tema en el primer renglón de la agenda pública y que se debata en los foros que organiza el Gobierno, pero eso no debe reemplazar el debate parlamentario que debe incluir a todas las voces.
¿Hay un manejo político del Gobierno con esta Ley para con los medios para sacar algún provecho y atemperar criticas en tiempos electorales, por ejemplo?
Creo que el Ejecutivo inscribe este tema en una política de dominación, que para mí está claro; tal como adelantan las elecciones o proponen candidatos testimoniales, me parece que la Ley de Radiodifusión se inscribe también en una estrategia de dominación, en este caso del discurso y de la opinión pública.
Ustedes se están oponiendo además a los artículos 38 y 40. ¿Qué establecen?
Esos artículos fijan el régimen de multiplicidad de licencias y dicen que el ComFeR las podrá revisar cada dos años, y eso nos parece uno de los puntos más graves. Porque el ComFeR dependerá del secretario de Medios, que es un funcionario político... Imagínese si Enrique Albistur (actual secretario de Medios), que es un funcionario cuestionado por la Justicia por la inequitativa distribución de la publicidad oficial, tiene además la posibilidad de revisar las licencias cada dos años, lo que pueda pasar en la Argentina.
¿En qué quedan las transmisiones deportivas y cómo ven la baja de 24 a 10 licencias?
En cuanto a la baja estamos de acuerdo. Está bien que se fije así para fomentar el pluralismo, pero no estamos de acuerdo con los requisitos y las prohibiciones que tiene este proyecto. Eso hay que hacerlo de manera más equitativa porque este proyecto es discriminatorio para algunos y favorece la incorporación de empresas de servicios públicos, cuestión muy polémica. Respecto al fútbol, nos parece un discurso demagógico porque, si se intenta hacer que la TV abierta y gratuita pueda hacerse cargo del fútbol en la Argentina, hoy es hablar de millones de pesos que debería poner el Estado, es un título con espíritu demagógico y que no se sabe cómo se va a solventar.
Fuente: Agencia Nova