municación y reporteros, y como consecuencia de la crisis de la industria periodística en los Estados Unidos, entre otros factores adversos.La reunión de tres días, a la que asistieron unos 300 delegados, tenía como objetivo la evaluación de la situación de la libertad de prensa en el hemisferio occidental.
A continuación el texto íntegro de las Conclusiones:
La libertad de prensa empeoró en el hemisferio estos últimos seis meses, por cuanto los violentos enemigos de siempre de la libertad de expresión cobraron nuevas víctimas entre los periodistas, mientras que los gobiernos populistas que siguen los dictados del presidente venezolano Hugo Chávez intensificaron sus campañas de abuso y ridiculización de las empresas mediáticas y sus reporteros. Levantándose imponente ante estos desarrollos ha surgido una crisis en la industria periodística de los Estados Unidos que amenaza con debilitar su papel crucial como guardián vigilante de los casos de corrupción tanto en el gobierno como en el sector privado.
Seis periodistas fueron asesinados en las Américas aparentemente por cumplir con su labor periodística en estos seis últimos meses desde que la Sociedad Interamericana de Prensa se reuniera en Madrid. Un periodista fue asesinado en Venezuela y otro en Paraguay.
Sin embargo, México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para los periodistas, ya que cuatro de ellos fueron asesinados y hubo otros ocho ataques contra periodistas o sus centros de trabajo. Hasta los camiones de reparto de diarios han sido blanco de organizaciones criminales en su intento por silenciar a la prensa. Lamentablemente, su accionar está dando frutos: la autocensura es una realidad en la prensa mexicana. Una iniciativa planteada por la SIP para hacer que los crímenes contra la libre expresión constituyan un delito federal se fue a pique a principios de marzo en la Cámara de Diputados de la nación. Mientras tanto, crímenes que permanecen impunes, como el perpetrado hace cuatro años contra Alfredo Jiménez Mota, periodista del diario El Imparcial, de Sonora, son un testimonio de dicha impunidad. En su reunión de medio año, la SIP presentó el caso de Jiménez Mota ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo éste el 24° caso que ha presentado ante dicho organismo.
Una nota positiva entre tantas noticias lúgubres de violencia, es que Colombia, país que en su momento fue uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo, sigue sin registrar un solo caso de asesinato de periodistas.
Son más los gobiernos que ahora no solamente están abusando de la prensa, sino que están avivando activamente las llamas del odio. En Venezuela, el Presidente Chávez ha seguido con su indesmayable tarea de humillar oficialmente a la prensa. Su retórica tiene consecuencias reales, tal como se ha podido ver en los violentos ataques a reporteros de Globovisión el pasado mes de octubre y el lanzamiento de gases lacrimógenos a las oficinas del diario El Nuevo País, ambas acciones perpetradas por el grupo La Piedrita, avalado por el gobierno. Chávez o sus simpatizantes han calificado temerariamente a dos editores de diarios como conspiradores de asesinatos y hasta de “objetivos militares”.
Esta táctica ha sido adoptada entusiastamente por otros jefes de estado del hemisferio, como Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Manuel Zelaya en Honduras, Álvaro Uribe en Colombia, Oscar Arias en Costa Rica, Álvaro Colom en Guatemala, Lula da Silva en Brasil y el gobierno de los Kirchner en Argentina. Quizás el ejemplo extremo es el gobierno de Uruguay, el cual se ha referido públicamente a los periodistas como “gusanos”, “payasos” e “hijos de puta”. Durante la reunión de medio año celebrada en Asunción, los delegados de la SIP describieron en varias ocasiones un clima periodístico de “hostilidad” y “tensión”, como resultado de implacables campañas de abuso verbal y mofa. Lo más decepcionante ha sido ver la complicidad de ciertas organizaciones mediáticas en los ataques contra la prensa independiente de sus países. La SIP hace notar que las empresas de radio y televisión que Ángel González opera ahora en nueve países latinoamericanos han sido grandes infractores que se han puesto de lado del gobierno de turno independientemente de su orientación política y han aplaudido sus campañas contra las organizaciones periodísticas independientes.
Son demasiados los gobiernos que siguen recurriendo a la publicidad oficial como una manera de castigar a los medios independientes y a la vez recompensarlos cuando publican notas editoriales a su favor.
Las esperanzas de que el cambio de régimen de Fidel Castro a su hermano Raúl podría relajar la represión de la libertad de expresión que ha existido durante medio siglo en Cuba, se vieron truncadas en varias ocasiones durante estos últimos seis meses. Unos 26 periodistas independientes, varios de ellos en un precario estado de salud, permanecen tras las barras, cumpliendo sentencias de hasta 28 años de prisión. Es más, los 86 incidentes de violencia registrados contra periodistas durante este período representan un recrudecimiento del grado de abuso existente.Hay un mayor número de países que están adoptando leyes a favor de la libertad de información o cambios a sus leyes sobre difamación, pero lo que podría ser una tendencia alentadora, ha generado más bien cierto desaliento ya que hay gobiernos, como los de Panamá y Costa Rica, que han hecho muy poco por abrazar el espíritu o la práctica de la transparencia. En los Estados Unidos, el Presidente Barack Obama fijó un nuevo tono de transparencia el primer día de su mandato, cuando declaró que los organismos del gobierno deberían atender todas las solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información, a menos que existan claras evidencias de que la revelación de dicha información atente contra los intereses nacionales.
Mientras la SIP apoya fuertemente un clima diverso y de muchas voces para los medios de comunicación, también observa con alarma la creciente práctica de los gobiernos de crear o manipular centros de transmisiones y publicaciones para convertirlos en brazos de propaganda.
La crisis económica y los cambios tecnológicos en la industria periodística de los Estados Unidos han provocado que miles de periodistas pierdan sus trabajos y que varios diarios importantes cierren definitivamente o se declaren en quiebra. La SIP teme que el debilitado estado de los diarios podría afectar seriamente su histórico rol como vigilantes del gobierno y la sociedad.
Informe sobre Argentina
La libertad de prensa sigue transitando un sendero sinuoso padeciendo toda clase de agravios y descalificaciones que dificultan el ejercicio del periodismo.
La presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, siguió manifestando públicamente opiniones de rechazo hacia la prensa. El 15 de febrero de este año dijo: "Parece que hubiera casi una obsesión planificada de quebrar la esperanza y el orgullo de los argentinos". Esa percepción sobre el trabajo periodístico ya había sido esbozada unos días antes, cuando sostuvo que "las soluciones no tienen “rating”, pero sí la tragedia y las grandes miserias".
Dirigentes del oficialismo y funcionarios también atacaron, como el ex presidente Néstor Kirchner contra el diario La Nación. El diputado Carlos Kunkel, uno de los más i
mportantes del kirchnerismo, criticó duramente un titular del diario Clarín del 23 de diciembre de 2008, sobre: “Néstor Kirchner se opuso y al final no baja la retención a la soja”. El legislador dijo que es "un método de tipo mafioso y extorsivo".El hecho de mayor tensión entre el gobierno y la prensa se registró el 25 de noviembre, el gremio Camioneros -conducido por Hugo Moyano, líder de la CGT, y de buena relación con el gobierno- bloqueó las plantas impresoras de los diarios La Nación y Clarín, impidiendo durante más de tres horas la salida de las publicaciones.
Reclamaban que "se terminen las cooperativas falsas o truchas de distribuidores" y que los empleados de las empresas adheridas a la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas fueran afiliados al gremio de los Camioneros.
Esa violenta manifestación terminó en febrero cuando el sindicato llegó a un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo para empadronar a sus trabajadores por lo que se perdió la neutralidad y la pluralidad en la distribución de diarios y revistas. El gobierno expresó su rechazo a través de su ministro de Seguridad y Justicia Aníbal Fernández, lo que se interpretó como un apoyo a la libertad de prensa.
En los últimos días, el gobierno demostró una actitud diferente sobre conflictos que afronta y respecto a los medios. La presidente participó en una reunión con representantes del agro para buscar solución a la grave crisis sobre la pretensión oficial de aumentar las retenciones a las exportaciones de soja; mientras que con relación a los medios, se dio instrucciones para que los ministros mantengan un diálogo más fluido con los periodistas, aunque sin abandonar el discurso del atril. El jefe de gabinete, Sergio Massa, intervino en afianzar esta política de apertura demostrando su voluntad de solucionar diversos problemas de diarios medianos y chicos. Ofreció que la pauta oficial se distribuiría más equitativamente hacia los diarios del interior y se terminaría con la asignación de inversiones publicitarias selectivas.
El 2 de febrero ocurrió otro hecho lamentable cuando fue sacado del aire el programa de radio Puntos de Vista, que emitía radio Del Plata conducido por Nelson Castro, uno de los periodistas más críticos del gobierno.La emisora cambió de propietario pasando de Marcelo Tinelli a la empresa cordobesa Electroingeniería, relacionada al gobierno por medio de la obra pública.
El detonante pudo haber sido la difusión en el programa de un informe de la Auditoria General de la Nación en el que señalaba sobreprecios en el tendido de una línea de alta tensión entre Río Negro y Santa Cruz, obra realizada por Electroingeniería. La empresa negó que la salida de Castro haya obedecido a cuestiones políticas.
El cambio de manos de esta radio fue seguido con atención en medio de alertas de sectores políticos opositores que indican que se registra un alineamiento de medios con el gobierno por medio de compras y de la entrega de publicidad oficial. A fines de enero, dos dirigentes políticos opositores, Elisa Carrió y Gerardo Morales, anunciaron que pedirán a la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados y a la SIP que se investigue "la compra de medios de comunicación por parte de grupos empresarios vinculados al poder con el objetivo de controlar las emisoras e instaurar la censura en el país".
En lo positivo, el 11 de febrero se produjo un fallo judicial que obligó al gobierno a otorgarle publicidad al diario Perfil, uno de los de mayor contenido crítico hacia el oficialismo. Se trata de una resolución en segunda instancia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que anuló el fallo en primera instancia que había rechazado el recurso de amparo presentado por la editorial.
La sentencia señala que Perfil estaba siendo discriminado, y entre sus antecedentes citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había condenado al gobierno de Neuquén, por retirar la pauta oficial del diario Río Negro. En junio de 2007, el máximo tribunal había dicho que "el Estado no puede asignar sus recursos de manera arbitraria, sobre la base de criterios irracionales".
Para los camaristas, aunque Perfil se publique sólo los sábados y domingos y no alcance en tirada a otros que están bajo el control del Instituto de Verificación de Circulación, llega a un grupo significativo de lectores.
También la Corte Suprema ordenó al gobierno de La Pampa restituir la publicidad oficial a un conjunto de radios que fueron excluidas arbitrariamente. Otro fallo positivo fue que la Corte Suprema, declaró inconstitucional la ley que permitía el espionaje telefónico y de Internet.
La Corte en otra declaración defendió el derecho a la intimidad y a la privacidad, pero dijo también que hay que satisfacer el derecho a la información, especialmente en los procesos que hacen a la transparencia institucional.
Respecto del gasto en publicidad oficial, continuó creciendo sin sujetarse a ningún tipo de reglamentaciones.
Entre los problemas que demandan más atención figura la falta de decisión política para avanzar en una ley de acceso a la información pública. El anuncio de la presidente Fernández de Kirchner, sobre la inminente modificación de la ley de radio difusión, efectuado en la inauguración de las sesiones extraordinarias del Congreso, el 1 de marzo, disparó mayores controversias y sospechas.
El proyecto del gobierno es hasta ahora desconocido y se teme que podría ser utilizado para confrontar a los medios.
Varios políticos de oposición manifestaron reparos sobre las intenciones ocultas del gobierno. En el Congreso hay dos proyectos: uno pertenece a la diputada Silvana Giúdice de la Unión Cívica Radical y presidente de la Comisión de la Libertad de Expresión. El segundo proyecto corresponde a la diputada radical, pero de estrecha relación con el gobierno, Silvia Vázquez. Ambos proyectos no fueron tratados.
Informes y resoluciones sobre el resto de los países
Defensa de radios comunitarias
Hay que dejar un espectro para radios comunitarias, fue el consejo de relator de la ONU.
Frank La Rue, quien se desempeña como relator de la ONU desde agosto pasado, dijo que el acceso a la información no es solo un derecho civil y político, sino también económico. “El acceso a la comunicación es parte del desarrollo y debe ser enfatizada de esta forma. No hay posibilidades de desarrollo para una comunidad aislada”, enfatizó.En ese sentido, defendió el acceso a la información, por lo que sugirió dejar una parte del espectro para las radios comunitarias. “Para quelos sectores económicamente en desventaja puedan tener acceso a la información, se tiene que dejar un lugar para las radios y televisiones comunitarias”, sostuvo.
La Rue agregó que dentro de la libertad de expresión trabaja por la protección de los trabajadores de prensa, en especial en las zonas de conflictos o enfrentamientos armados. Habló de la censura y, en este sentido, dijo que está propiciando que en el mundo entero se elimine la difamación de religiones, ya que las limitaciones de la libertad de expresión no pueden estar sujeta a una religión oficial.
Lo que diga la SIP no debe extrañar a gobiernos progresistas dice Venezuela
El Gobierno venezolano dijo que no deben extrañar a ningún Gobierno progresista los informes que presente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), gremio que, subrayó, está controlado por dueños de medios "de la
ultraderecha"."No debe extrañar (esos informes) a ningún Gobierno progresista que surge en América Latina, que no está en la línea de lo que decide el sindicato de dueños de medios (...)", dijo el ministro de Comunicación y la Información, Jesse Chacón.
"(...) Sobre todo a los de la ultraderecha, tanto que hoy muchos (...) mantuvieron estrechas relaciones con gobiernos de facto como la dictadura de Chile", agregó.
La SIP sostuvo hoy en Paraguay que el presidente venezolano, Hugo Chávez, "ha seguido con su indesmayable tarea de humillar a la prensa" con su "retórica incendiaria".
Además, acusó de lo mismo a los gobernantes Evo Morales, Bolivia; Rafael Correa, Ecuador; Daniel Ortega, Nicaragua; Manuel Zelaya, Honduras; Álvaro Uribe, Colombia; Óscar Arias, Costa Rica; Álvaro Colom, Guatemala, y Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil.
En el caso de Venezuela, el gremio condenó "los crímenes, hostigamiento y violencia contra periodistas, medios de comunicación y sus directores" y ratificó lo resuelto en la asamblea que recientemente celebró en Madrid y en la que "se denunció el carácter totalitario y dictatorial del Gobierno" de Chávez.
La SIP denunció asimismo "la continua práctica de utilización de las pautas publicitarias del Estado (venezolano) como elemento de presión contra los medios independientes".
"El Gobierno venezolano no se dejará llevar por las falsedades emanadas de la SIP" y "seguirá trabajando por profundizar una real libertad de expresión y por retomar los proyectos de producción nacional independiente, que es una gran necesidad para la sociedad", añadió Chacón.
Fuentes: SIP y EFE