La jueza Marta Cristina Bonifacino absolvió a los periodistas del desaparecido semanario El Miércoles, que habían sido querellados por “calumnias e injurias” por el ex delegado argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y su hermana, funcionaria judicial en Concepción del Uruguay.
Este martes, la jueza dio a conocer la sentencia en la que rechazó las pretensiones de Nora Garin, hermana del ex funcionario Armando Darío Garin, que la representaba como abogado, al entender que los periodistas Martín Barral y Valentín Bisogni se ajustaron a la verdad en las notas que mostraban la situación patrimonial del entonces funcionario y su familia; y que los trabajadores de prensa cumplieron con su deber. El fallo también reivindica la libertad de expresión, además de destacar que el funcionario tuvo derecho de réplica en las mismas páginas; por lo que Bonifacino rechazó todas las imputaciones y condenó a la parte querellante a pagar las costas de la acción judicial.
Durante casi tres horas, la jueza correccional de Concepción del Uruguay leyó –turnándose cada tanto con la secretaria– el extenso escrito en el que analizó cada uno de los aspectos que integraron las 700 fojas producidas en el marco de la causa.
La acción había sido iniciada contra tres periodistas del desaparecido semanario El Miércoles por parte de una funcionaria judicial luego de ser mencionada como titular, junto con su hermano, de propiedades adquiridas por el entonces representante argentino en la CARU. Los imputados eran el director y ahora convencional socialista Américo Schvartzman; y los periodistas Martín Barral y Valentín Bisogni.
La nota es de los primeros días de 2005. Aunque las notas –la primera de ellas titulada “Inmobiliaria Garin”– tenían como objetivo saber si el funcionario había concretado tantas operaciones inmobiliarias como lo aseguraban los fuertes rumores de aquel momento, la que se dio por ofendida, más de un año después, fue la hermana del ex funcionario, que inició acciones contra los periodistas del desaparecido semanario.
A comienzos de 2005, cuando se publicó la serie de notas, arreciaban rumores entre los asambleístas por la instalación de las pasteras en Fray Bentos. El rol de la CARU en el caso de las papeleras estaba en medio del debate y se vertían sospechas de incentivos ofrecidos a los funcionarios, invitaciones a viajes internacionales y pagos millonarios. En ese contexto, se publicó la investigación que dio a conocer las propiedades adquiridas por el funcionario, en su nombre o de familiares.
Garin no quiso hacer declaraciones y algunos meses después, fue “renunciados” a pedido del gobierno de Jorge Busti, tras los reclamos en ese sentido de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, al igual que el otro representante, Alejandro Rojas. Recién entonces habló el funcionario, y el semanario tituló: “Garin: sólo cumplía órdenes”. En ese mismo, diálogo con la prensa, arguyó que se le endilgaron propiedades que no le pertenecen, no quiso revelar a cuánto ascendía su remuneración en el organismo, y sustentó su crecimiento patrimonial en su actividad como abogado.
La jueza Bonifacino consideró que mientras dure la Convención Constituyente, Schvartzman no puede ser sometido a la acción judicial, pese a que el periodista había desistido de los fueros. Por esa razón, el ex director de El Miércoles aún deberá esperar una resolución en idéntico sentido, después del 11 de octubre.
En diálogo con Análisis Digital, el periodista calificó el fallo de la jueza como “ejemplar”, ya que, entre otras valoraciones, destacó que las notas publicadas “responden al deber de informar”, consideró demostrada la veracidad de lo publicado por El Miércoles y entendió que de lo publicado “no surge calumnia ni falsa imputación de hecho alguno”. Para la doctora Bonifacino, en casos que involucran el interés público, “la libertad de expresión posee una jerarquía superior al derecho al honor” de los funcionarios.
Finalmente, la titular del Juzgado de Instrucción denegó todas las pretensiones de la querellante –el méximo de la pena prevista, es decir tres años de prisión, y 80.000 pesos por daño moral–, no haciendo lugar a la demanda civil, y determinó las costas a cargo de la parte perdidosa, tal como lo había solicitado el abogado de los periodistas, Claudio Miguel Bestard.
Fuente: Cronista Digital