Si bien el proyecto aún no ingresó en el Congreso de la Nación, está basado en los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y promete generar una dura polémica, justamente porque pondrá en juego las actuales concesiones de las licencias de frecuencias de radio y televisión. “Resulta urgente pluralizar el aire y limitar la corporación monopólica”, afirmó el director de Supervisión y Evaluación de ese organismo nacional, Gustavo Bulla, quien adelantó algunas particularidades del texto legislativo como la incorporación de nuevas tecnologías además de un reparto de tres tercios de las licencias que incluirá al Estado, las empresas, y la sociedad civil.Según advierte el funcionario, el sentido original de la norma ya admite las sociedades comerciales y reconoce a la información como mercancía pero “la reforma realizada durante los 90 la convirtió en un negocio más, desplazando a la empresa periodística”. Desde hace cuatro meses, el gobierno empezó a instalar el tema en el escenario nacional, aunque aún tiene “guardado bajo siete candados” el anteproyecto de ley que reemplazará a la que todavía está en vigencia, más allá de las numerosas modificaciones que sufrió.
A sabiendas de que “no se puede legislar para atrás”, Bulla reconoce que se deberá realizar una profunda reforma que seguramente tocará los intereses de los licenciatarios de canales de radio y televisión. “Existe una idea instalada en la sociedad de que las empresas son las propietarias de las frecuencias, pero en realidad, las frecuencias son de todos, forman parte del patrimonio de la humanidad, no pertenecen a un grupo. De ahí la importancia de que la nueva ley pluralice el aire y limite la corporación monopólica”, explicó quien se propuso “un trabajo de hormiga” para convencer a la ciudadanía sobre la trascendencia histórica de reemplazar la antigua norma.
Aunque el anteproyecto oficial aún no fue difundido, Bulla adelantó que se prevé que las frecuencias se repartirán en tres tercios para incluir al Estado –en sus estamentos nacional, provincial y municipal–, las empresas, y el tercer sector, que incluirá a organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles.
Otro aspecto que destacó y que también se consideró en la redacción del texto legislativo es la inclusión de la televisión digital y abrir un paraguas legal que incluya a otros formatos que, inclusive, aún se desconocen. “Es importante que la ley no sea vieja al momento de ser sancionada y que pueda adaptarse a las nuevas tecnologías, tanto a las que vengan en el futuro, como a las que ya conocemos”, dijo. Luego remarcó que la TV digital tiene la característica de comprimir el ancho de banda posibilitando el funcionamiento de más canales, situación que “posibilitaría entre 4 y 5 canales con la nueva tecnología digital, por cada uno de los canales de aire actuales”.
El gran interrogante –que se irá dilucidando en el largo camino que se avizora el proyecto oficial– es cómo se repartirán las nuevas licencias y cómo presionarán los grupos privados que actualmente tienen en sus manos las concesiones de licencias.
Veintiún puntos
El 20 de agosto, la Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés los 21 puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y que fueron pilar del proyecto de ley que aún no ingresó en el Congreso. Los puntos básicos por el derecho a la comunicación –que considera a la información como un bien público y no como un simple negocio comercial–, se enmarcan en la necesidad en que el Estado democrático sea garante del cumplimiento del servicio de radiodifusión.
La propuesta reconoce que la nueva norma deberá garantizar la independencia de los medios de comunicación e impedir “cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos”. También señala que “estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas”.
En referencia a las frecuencias radioeléctricas, entre los puntos se plantea que no deben transferirse, venderse ni subastarse. “Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales”, se expresa en el punto 4, al tiempo que establece que deberán ser administradas por el propio Estado “con criterios democráticos”.
Otros de los puntos señalan: la promoción de la diversidad y el pluralismo como objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión –que implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores; la sujeción a normas antimonopólicas; el derecho del público a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural, un registro público y abierto de licencias; el no acceso de funcionarios y gobernantes a la titularidad de licencias de servicios de radiodifusión, la necesidad de que los medios estatales sean públicos y no gubernamentales; la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia y la inclusión de las emisoras de TV de aire de la localidad en los sistemas de distribución de señales; la creación de la “Defensoría del público”, con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de la ciudadanía; el respeto por el federalismo; y la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285.
A favor de la radio y la TV santafesina
El fiscalizador del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), Gustavo Bulla, se mostró a favor de los anuncios realizados por el gobernador Hermes Binner sobre el proyecto de poner en marcha un canal de televisión y una emisora radial que quedarán bajo la órbita del Estado provincial. “Esa posibilidad está contemplada en la nueva ley y es vital que ese tipo de iniciativas se pongan en marcha, aunque también es importante la participación ciudadana para que no se conviertan en medios gubernamentales”, dijo el funcionario, quien recordó que el anteproyecto de la nueva ley de radiodifusión también estimula para que hagan lo mismo las municipalidades y los gobiernos locales.
Fuente: El Ciudadano