Catalina Botero* no asumirá el puesto de relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta octubre de este año, pero ya ha empezó a empaparse de las peculiaridades de cada país y de las agresiones más comunes a la libertad de expresión en Latinoamérica.
¿Cuáles son los mayores retos para la libertad de expresión en este momento?
Son varios, pero podría mencionar tres: el crimen organizado y la impunidad con la que opera, la censura indirecta mediante la criminalización de la expresión y el manejo discrecional de la publicidad oficial.
¿Existe mayor confrontación entre los gobiernos y los medios de comunicación en los últimos años, o no?
Felizmente, ya no existen las juntas militares, y eso no es un logro menor. Salvo Cuba, los gobiernos de la región son democráticamente electos y deben someterse a ciertas reglas que les imponen, entre otras cosas, el deber de respetar a los medios. Sin embargo, en algunos casos se han presentado situaciones difíciles, en las cuales los gobernantes nacionales o locales desconocen la importancia de la libre expresión y estigmatizan o desacreditan a los medios críticos o independientes.
¿Cuáles son las instituciones o colectivos que más tienden a obstruir la libertad de expresión?
En algunos Estados, el crimen organizado y su enorme capacidad de infiltrar instituciones débiles es la amenaza más poderosa. En otros, la ausencia de reglamentaciones específicas y precisas permite que los gobiernos nacionales puedan asignar de forma arbitraria frecuencias radioeléctricas, canales o recursos públicos, con la finalidad de castigar a la prensa independiente y premiar a la que es condescendiente. En algunos lugares, la enorme concentración de la propiedad de los medios y la ausencia de una regulación antimonopólica adecuada son una amenaza grave para la libertad de expresión. Finalmente, existen discursos de grupos hegemónicos que monopolizan la expresión y que tienen el efecto de excluir del debate colectivo a grupos sociales tradicionalmente marginados o discriminados.
¿La autocensura es lícita cuando el periodista está en peligro, como sucede con algunos medios mexicanos, o es otra forma de aceptar la falta de libertad?
Es lícito tener miedo. Y es razonable cuidarse, especialmente si no hay un Estado dispuesto a proteger a los medios y periodistas. Nadie está autorizado a exigir comportamientos heroicos de los comunicadores. Sin embargo, la autocensura es una amenaza gravísima contra la libertad de expresión. No solamente limita el derecho de los periodistas y de los medios a decir lo que piensan o a circular información relevante para el público, sino que afecta dramáticamente el derecho de las personas a saber qué está pasando.
¿Ha avanzado la visión de los funcionarios públicos en América Latina respecto de la libertad de expresión?
La relación entre los gobernantes y los medios independientes es usualmente una relación de tensión. Esta tensión no tendría que generar mayores preocupaciones si se moviera dentro de un campo razonable de contradicción civilizada, y si los gobernantes respetaran el rol fundamental que cumplen los medios en las sociedades democráticas. Sin embargo, estas contradicciones comienzan a ser preocupantes cuando los gobiernos —y lo que es peor, las sociedades que les dan soporte— pasan de la controversia razonada a la intimidación, a la sanción económica o a la estigmatización, por el solo hecho de ejercer su función crítica de manera independiente.
¿En qué han ayudado a la transparencia las leyes de libre acceso a la información?
Creo que este es un campo en el que se ha avanzado mucho. Sin duda, la cultura del “secretismo” está comenzando a cambiar, y las organizaciones de la sociedad civil han emprendido una cruzada en todo el continente, para lograr no solo leyes de acceso a la información, sino leyes de implementación —leyes de archivo o custodia de la información— y buenas prácticas -procesos de capacitación a funcionarios públicos e implementación de sistemas de publicidad o transparencia en línea-.
¿Es más importante la norma o la voluntad del funcionario de contribuir con la transparencia?
Las normas están justamente para suplir la debilidad de voluntad de los funcionarios. Naturalmente, es más fácil gobernar si nadie pregunta, si nadie controla y si nadie sabe. Hay que tener una férrea convicción democrática para hacer públicas las actuaciones propias y dejarse controlar, cuando no hay una ley que obligue a ello. Se precisa que las leyes incluyan mecanismos eficaces para ponerlas en práctica como, por ejemplo, acciones judiciales efectivas.
¿Qué casos graves de atentados contra la libertad de expresión recuerda?
Si me permite referirme a mi país —Colombia—, recuerdo cada asesinato de los periodistas valientes que han decidido investigar temas de narcotráfico, corrupción o violaciones de derechos humanos. Un caso emblemático, que despertó la conciencia de muchas personas en Colombia y que generó un proyecto precioso de los medios, fue el asesinato de Orlando Sierra. Se trataba de un periodista valeroso que se atrevió a investigar y a denunciar la corrupción en la provincia en la cual vivía. El sicario que le disparó varias veces en la cabeza fue filmado por las cámaras del lugar, y luego fue capturado. Sin embargo, no se ha podido vincular judicialmente a los autores intelectuales, y la pena efectiva para el capturado, al parecer, va a ser de poco más de cinco años.
¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión?
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 13 los límites que pueden ser impuestos a este derecho. Se refieren básicamente a la necesidad de proteger los derechos fundamentales de terceras personas y de mantener la seguridad y el orden público, vistos éstos desde una perspectiva democrática. Sin embargo, la Corte Interamericana ha sido muy clara, al sostener que la libre expresión tiene una especie de prelación sobre los otros derechos y que solo puede ser limitada cuando ello es estrictamente necesario.
¿Cómo pueden los ciudadanos comunes beneficiarse de una ley de acceso a la información?
De muchas formas. La ley les permite acceder no solo a sus propios datos, sino a información muy relevante para el ejercicio de sus derechos individuales. Saber cuál es el trámite que se ha dado, por ejemplo, a la solicitud de pensión que han formulado o a los servicios sociales que han solicitado y que están a cargo del Estado. Eso permite ejercer un mayor control sobre la gestión y exigir mayor respeto a los derechos de cada uno.
¿En qué pueden contribuir los medios alternativos y las nuevas tecnologías a la libertad de expresión?
En aumentar el pluralismo y la diversidad en el proceso informativo y en el mercado de las ideas. Las leyes antimonopolio son importantes, pero no resuelven todos los problemas. La existencia de más “proveedores” de información no significa necesariamente la existencia de mensajes distintos o alternativos. La promoción y el apoyo a medios alternativos y a las nuevas tecnologías sirve para que los grupos que han sido marginados o invisibilizados puedan entrar de manera vigorosa en el debate público, para que puedan discutirse visiones alternativas del mundo y propuestas novedosas y creativas.
Sesenta periodistas han sido intimidados
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas ha recibido en lo que va del año 60 denuncias de ataques e intimidaciones contra comunicadores guatemaltecos, pero se calcula que podría haber más, porque muchos de los periodistas tienen miedo a denunciar.
Entre esos casos se encuentran amenazas de muerte, llamadas telefónicas anónimas, agresiones directas y hasta enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado.
De hecho, en el año último, la represión ejercida por la Policía Municipal de Tránsito o la Policía Nacional Civil contra periodistas ha ido en aumento, al igual que las agresiones físicas cometidas por los miembros de seguridad de los funcionarios públicos.
Pero más allá de estos incidentes, los ataques más graves se han producido en la provincia, contra periodistas que tienen que hacer su labor diaria en entornos dominados por el crimen organizado y el narcotráfico.
Departamentos como San Marcos, Jutiapa, Chiquimula, Izabal, Cobán o Petén se han convertido en territorio peligroso para informar, ya que cualquiera que se atreva a nombrar a algunos de los cabecillas de las redes corre franco peligro, junto a su familia.
El pasado 28 de julio, un locutor y periodista de Radio Punto, Edin Rodilmiro Maaz, tuvo que soportar cómo rociaban de balas la entrada de su vivienda, en clara advertencia para que tuviera más cuidado con lo que hacía.
Aunque Maaz asegura que nunca ha recibido amenazas por su trabajo, su hermano Eduardo, también periodista de profesión, fue asesinado en septiembre del 2006.
Uno de los hechos más lamentables del último año ocurrió en Coatepeque, el 10 de mayo.
Jorge Mérida, corresponsal de Prensa Libre, fue asesinado dentro de su propia vivienda, mientras escribía en su computadora la que sería su última nota.
El sicario entró con total tranquilidad en la casa, y disparó contra Mérida.
Su hijo, de 14 años, fue quien encontró el cuerpo sin vida del corresponsal, sobre el teclado de la máquina.
A pesar de que Mérida sí había recibido advertencias por parte de terceras personas respecto de que su cobertura informativa estaba causando molestias en ciertos sectores de poder, hasta ahora el caso no ha tenido mayor avance ni se ha emitido la orden de captura de ningún sospechoso.
Muchas veces, cubrir casos sobre corrupción en las municipalidades o de extrañas relaciones entre las autoridades locales y los jefes del crimen organizado les acarrean graves problemas personales a los corresponsales.
El Comité de Protección de Periodistas, que trabaja a escala internacional para denunciar ese tipo de amenazas, informó que el 2007 fue trágico para ese gremio.
Sesenta y cuatro comunicadores fueron asesinados en todo el mundo, la mayoría, en venganza por su trabajo o mientras cubrían situaciones de riesgo, como guerras o enfrentamientos públicos.
En la región latinoamericana, el narcotráfico se ha convertido en el mayor enemigo de los periodistas.
En México y en Colombia, muchos han tenido que dejar la profesión o evitar escribir notas acerca de ese tema, sobre todo los que residen en los estados del norte del vecino país. Muchos de ellos han sido asesinados o secuestrados por su trabajo, sin que las autoridades hayan conseguido ponerles freno a las agresiones. Fuente: Prensa Libre
Foto: CIDH