Por: Wladimir Sierra F, wsierra@telegrafo.com.ec
La libertad de expresión se ha constituido en un lugar de disputa permanente entre el gobierno de Rafael Correa y la oposición, en sus representantes mediáticos. La creación de los medios públicos, así como la incautación de varios canales de televisión al grupo Isaías, ha agudizado el debate en torno a la libertad de expresión. Hay algunos puntos importantes, en esta controversia, dignos de ser discutidos.
Los medios públicos de propiedad del Estado son, por principio, formas de expresión de intereses públicos y no de intereses coyunturales de los gobiernos de turno y mucho menos de requerimiento de grupos particulares de la sociedad. Su razón de ser se funda en la independencia irrestricta que guardan respecto a intereses privados y partidistas de cualquier tipo. Los medios públicos tienen como principal función constituirse en los celadores de los intereses del Estado, por un lado, y de mantener una actitud crítica permanente a los excesos que pudiesen cometer tanto los gobiernos como los grupos políticos y económicos particulares, por el otro. De ahí que estos medios respondan a proyectos estatales y públicos y no a requerimientos particulares vengan de donde vengan.
Los medios públicos de propiedad privada, por el contrario, son empresas que tienen intereses primordialmente económicos y cuya principal función es hacer posible la distracción de los televidentes, en el caso de la televisión y la radio, y de informar a los lectores de los acontecimientos que van entretejiendo las sociedades, en el caso de la prensa escrita. Por cuanto sus intereses son particulares pero su difusión pública, el Estado (a través del gobierno pero no en interés del gobierno) está en la obligación de regular la programación y los contenidos de estos medios para salvaguardar el consumo mediático de la ciudadanía y evitar su degradación y empobrecimiento intelectual. Por esa razón, la libertad de expresión de los medios (de propiedad pública y privada) está limitada por la exigencia de la ciudadanía por tener un consumo mediático que impulse o, por lo menos, no ofenda su formación espiritual.
Así como el Estado -esto es, la población toda- debe exigir que los productos de distracción que se exhiben en los medios no fomenten ninguna forma de violencia y ofensa social, con la misma fuerza tienen que controlar que la información noticiosa que en ellos se exhibe no se encuentre intercalada por comentarios particulares de periodistas (su experticia y razón profesional es informar y no opinar), sino que sea alumbrada por versados académicos que permitan orientar de modo riguroso la auto-conciencia social, es decir, la formación de la opinión pública.
Todos tenemos derecho a opinar libremente en nuestra vida privada, también tenemos derecho a opinar en el espacio público como ciudadanos particulares, como miembros de intereses privados o de partidos políticos, pero no tenemos derecho a incidir tendenciosamente sobre la opinión pública ni a suplantar la erudición de los expertos. La libertad de expresión tiene como límite los intereses públicos del Estado.
Fuente: El Telégrafo
