Por Adriana Puiggrós
El debate acerca de la regulación de los espacios de comunicación en una nueva ley de radiodifusión o de medios audiovisuales es también una discusión acerca de la responsabilidad pedagógica de la sociedad, dada la capacidad sin precedente de producción y distribución de información y conocimiento que facilitan las nuevas tecnologías.
En la selección, construcción y jerarquización de la información que los medios publican todos los días está en juego la construcción de percepciones sobre el mundo, de valores éticos y de ideas políticas. Es decir, la educación de la sociedad.
La información y la educación son derechos y bienes sociales que el Estado tiene la obligación de preservar como tales. No es su único deber garantizar que todos tengan igualdad de oportunidades de acceder a ellos. En una sociedad masiva su papel es relevante con relación a la calidad y el valor pedagógico de los contenidos que se difunden e inciden en la formación no sólo de niños, adolescentes y jóvenes, sino también de miles de adultos que se informan y se instruyen a través de los medios de comunicación en todos sus formatos.
Sin embargo, desde que existen los libros de textos escolares se ha venido manteniendo una intensa discusión sobre el papel del Estado en la producción de contenidos para la educación. Esa discusión se repite sobre los mismos parámetros ante el avance de la producción de contenidos digitalizados, y se contraponen criterios distintos sobre el sentido de la libertad.
En mi opinión, hay que evitar el uso del nombre de la libertad para justificar el abandono de los niños y los adolescentes al océano del mercado de la información.
A las horas de exposición que los chicos tienen a diario en la televisión abierta o por cable, hay que sumarles las horas que están frente a los medios digitales. Si bien no es lo mismo tener cable e Internet en casa o en la escuela que concurrir al cibercafé, al locutorio o al local de juegos electrónicos, como hacen muchos niños y adolescentes de sectores populares, lo cierto es que cada vez son más los que todos los días acceden a esas tecnologías y a los contenidos que en ellas se difunden.
Los medios de comunicación masiva son servicios públicos que requieren regulación estatal y control social para evitar impactos negativos en la educación. ¿O acaso seguiremos exponiendo a hijos y nietos a escenas de violencia de todo tipo, a emisiones de baja calidad y redundantes, a programas que alimentan la formación de adictos consumidores de productos seleccionados por su rating, en lugar de poner a su alcance una programación que enriquezca su cultura, afiance sus valores democráticos, cultive su estética y oriente las fuentes del placer en sentido humanístico?
A favor de la educación pública, es indispensable ampliar el espacio pedagógico con emisiones por medios digitales que alcancen a amplios sectores, tal como lo hace el canal Encuentro, del Ministerio de Educación de la Nación, una excelente propuesta que debe multiplicarse.
Los medios actuales de comunicación pueden y deben colaborar para hacer realidad una educación que no consista sólo en recibir información sino que estimule al educando como activo productor cultural. En este sentido, el principio de la educación universal hace necesario extender la alfabetización digital, el desarrollo de FM escolares, la participación de los alumnos en el cable local y las posibilidades de expresión de las voces adultas y responsables. Las universidades deben aumentar los medios de comunicación propios, que, combinados con actividades presenciales, ayudarán a responder, mediante formatos de educación a distancia, a la creciente demanda de educación superior que se desprenderá del cumplimiento de la secundaria obligatoria.
Para lograr esos objetivos se requiere una legislación que democratice la posesión de los medios, impidiendo su monopolio. La ley de educación nacional, así como la de educación de la provincia de Buenos Aires, adjudica al Estado responsabilidades reguladoras en cuanto a la intervención de los medios en los procesos formativos de la población e inhibe expresamente la firma de acuerdos que consideren la educación como mercancía. Es de un alto valor pedagógico que se dicte una ley de radiodifusión que complete ese marco jurídico.
La autora es diputada nacional (Frente para la Victoria)
Fuente: Diario La Nación
