corresponden 4 líneas telefónicas utilizadas para comunicarse con los asesinos el mismo día de los crímenes. Analizamos el expediente junto a Alberto Santillán, papá de Darío, que sintetizó: "en todos estos años lo único que hicieron el fiscal y el gobierno fue encubrir el asesinato de mi hijo". La lucha por justicia seguirá con movilizaciones y escraches, anuncian desde los movimientos sociales que hoy se movilizan y mantienen el reclamo por el esclarecimiento de los asesinatos de sus compañeros.La causa caratulada como "Ruckauf y otros sobre homicidio" lleva el número de expediente 14215/2003 y fue presentada días después de los asesinatos por Mabel Ruiz, mamá de Maximiliano Kosteki, para que se investiguen las responsabilidades políticas, pidiendo que se cite a indagatoria al entonces canciller Carlos Ruckauf, al ex presidente Eduardo Duhalde y al entonces gobernador bonaerense, Felipe Solá. En seis años acumuló 12 cuerpos, pero su lectura no da cuenta de ningún avance, según reconocen fuentes del juzgado y pudimos constatar junto a Alberto Santillán y Marcial Bareiro, uno de los manifestantes heridos del Frente Popular Darío Santillán, y querellante en la causa junto a otros heridos y los familiares.
Los responsables políticos del accionar represivo, impunes.
El 9 de enero de 2006 culminó el juicio a los actores materiales, con condenas a cadena perpetua a los policías que dispararon causando la muerte a los jóvenes manifestantes. En el transcurso de aquel juicio, el ex presidente Duhalde, el entonces secretario de Seguridad de la Nación Juan José Álvarez, y el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, fueron excusados de prestar declaración bajo el argumento de que debían ser investigados por su presunta responsabilidad en esos hechos, y para ello existía la causa que instruía el Fiscal Osorio en la Fiscalía Federal Nº 10 de los tribunales de Comodoro Py. En los fundamentos de la denuncia se hace referencia a las declaraciones de Atanasof que un día antes alertó que se iba a impedir la protesta "fuera como fuera" y que el gobierno estaba ante "una declaración de guerra"; los dichos de Duhalde, señalando que la protesta "no se iba a permitir, que había que poner orden", y las declaraciones en el mismo sentido de Ruckauf, Juan José Álvarez y el entonces gobernador Solá, creando previamente el clima político necesario para la represión y las muertes, y justificando los crímenes realizados con afirmaciones que se demostraron tendientes a encubrir los asesinatos. En el caso de Álvarez, su responsabilidad directa como secretario de Seguridad de la Nación ante un operativo que contó con la participación coordinada de tres fuerzas Federales bajo su mando en la represión, tampoco dio lugar a investigación alguna. A dos años y medio de aquella chicana jurídica elaborada desde el duhaldismo, ninguno de ellos tiene motivos para estar preocupado ante una causa en la que no hubo voluntad política de investigar. Hoy, Atanasof es representante del país ante el MERCOSUR; Duhalde vuelve a mostrarse como un político en plena actividad, y su secretario de entonces, José Pampuro (también mencionado en la causa) es un encumbrado referente del gobierno actual.
La pista de la SIDE, descartada sin más.
La vinculación probada entre la sede Billingursth de la SIDE y el comisario Fanchiotti, dato surgido por el análisis de cruces de llamadas realizado como parte de la instrucción de la causa que se tramitó contra los policías en Lomas de Zamora, fue descartada por el fiscal Osorio sin más. Una sola foja en los 12 cuerpos hace referencia al informe que la SIDE remitiera a la fiscalía, que lleva un membrete con la leyenda "Estrictamente secreto y confidencial" y al final la firma de Hugo Gándara, Director de Asuntos Jurídicos del organismo de inteligencia en ese entonces, donde el responsable jurídico de la SIDE se limita a "informar", de manera más que confusa, que "las llamadas efectuadas al celular aludido (por el celular de Fanchiotti) habrían sido hechas por un agente del organismo de rango inferior, en función de un aparente relación de conocimiento mutuo con el nombrado, y "prima facie", en cumplimiento de tareas regulares como obtener información luego de producido los trágicos sucesos". "Habrían sido", una "aparente" relación de conocimiento, "prima facie" en cumplimiento… Evasivas para cumplir con la formalidad de encubrir la actuación de agentes del organismo en el desarrollo de la represión que terminó con los crímenes conocidos. Haber dejado sin profundizar este indicio concreto adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que la SIDE es un organismo dependiente en forma directa de presidencia de la Nación, y de lo que se trata en esta causa es de establecer los vínculos del poder político de entonces con los asesinatos.
Aún no averiguaron con quiénes hablaron los asesinos aquel día.
De los llamados telefónicos que aparecen como sospechosos, realizados o recibidos por los policías condenados por los crímenes, hay cuatro números que aún no fueron identificados en la causa. Después de 72 meses, en la última foja que tiene el expediente y que lleva el número 2192, el fiscal cita a los responsables de las compañías telefónicas para que expliquen por qué los números que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) establece en un informe del pasado 12 de junio de 2008 que deberían figurar en su nómina, no pueden ser identificados. Es decir: desde teléfonos no reconocidos por las compañías Telefonías Móviles Argentinas SA (hoy Movistar), Telecom Personal y Nextel, que deberían tener información sobre sus titulares, se realizaron comunicaciones que triangulan a ministros del gobierno de Duhalde con el Jefe del operativo condenado a prisión perpetua, Alfredo Fanchiotti. Sin una investigación adecuada, no se puede confirmar pero tampoco descartar que se trate de teléfonos no registrados, justamente con el fin de garantizar vías de comunicación necesarias para la coordinación represiva ilegal que terminó con muertos en Avellaneda aquel 26 de junio de 2002. Curiosamente, la cita para identificar con quiénes hablaron ese día los asesinos, será este mismo 26 de junio, a la misma hora en que se cometieron los crímenes, pero seis años después. Aún así, fuentes de la fiscalía descreen que esas entrevistas con directivos de las empresas lleguen a algo: "pasó mucho tiempo, tal vez esos números ya no se puedan identificar", explican.
Búsqueda de justicia por fuera de los tribunales
El Fiscal Miguel Ángel Osorio, ya había sufrido una movilización de protesta un año atrás, en vísperas del 5º aniversario de los asesinatos. Ante los tribunales de Comodoro Py donde tiene su despacho, protestaron los familiares de los jóvenes asesinados y sus compañeros de militancia, hoy agrupados en el Frente Popular Darío Santillán. Desde estas organizaciones convocan para este 26 de junio a una nueva movilización al Puente Pueyrredón para conmemorar a los jóvenes caídos, y para renovar el reclamo de justicia: "ya no vamos a esperar más nada de esta causa. Con la movilización logramos las condenas perpetuas de los policías, y con la movilización vamos a instalar a partir de ahora la responsabilidad de Duhalde y sus ministros en los hechos, y de este fiscal (por Osorio) en la impunidad. Recordemos aquella consigna que marcó la lucha por justicia en los últimos años: si no hay justicia, hay escrache", advierte Marcial Bareiro, querellante y militante del MTD y del Frente Popular Darío Santillán.
Fuente: Prensa de Frente