Un diputado del Partido Justicialista presentó un proyecto de ley para que la pauta del Estado sea distribuida en base a parámetros establecidos en un marco que mida el impacto de los medios y el nivel de incidencia en la población. En la Argentina, sólo Tierra del Fuego tiene regulado el otorgamiento de la publicidad estatal.
El diputado provincia de Santa Fe por el Partido Justicialista Adrián Símil presentó un proyecto de ley para crear un marco regulatorio para el otorgamiento de la publicidad oficial del Estado con el objetivo de evitar una distribución arbitratoria y que discrimine a los medios de comunicación.
“La información es un bien jurídico – social, cuya producción, distribución y difusión es un derecho humano, garantizado por la Constitución Nacional –art. 14- y los Pactos Internacionales incorporados en el art. 75, inc.22.”, explica el legislador en la iniciativa. Y agrega que “la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial es una violación a ese derecho a la información ya que es una censura indirecta que atenta contra la libertad de expresión”.
El diputado propone del Registro Provincial de Medios de Comunicación, que dependerá de la Secretaría de Comunicación Social dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, donde deberán inscribirse todos los medios de comunicación y productoras independientes que quieran acceder a la publicidad oficial. El listado de inscriptos se actualizará una vez por año y se deberá publicar en la página web del Gobierno.
La publicidad se adjudicará en base a dos criterios: la población de cada una de las localidades o regiones de la provincia que reciben el impacto de la publicidad; y el nivel de incidencia (audiencia-alcance-penetración) del medio en la población del ámbito de su cobertura.
En ese marco, regirán los principios de interés general, veracidad, libre acceso a la información pública, transparencia, razonabilidad, acceso equitativo y pluralista, austeridad en la administración del gasto público y publicidad de los actos de gobierno para adjudicar la pauta estatal.
La Municipalidad de la ciudad de Santa Fe gastó en 2007 5.685.992, 44 pesos en publicidad oficial.
El debate por la publicidad oficial fue tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Máximo Tribunal ya dijo que la utilización de la pauta oficial para silenciar medios de comunicación es ilegal, discriminatoria y afecta la libertad de prensa.
La única juridiscción del país que tiene regulada la distribución de la publicidad oficiales es la provincia de Tierra del Fuego. La gobernadora, Fabiana Ríos, dictó un decreto que regula la forma en que el Poder Ejecutivo provincial distribuye su presupuesto publicitario.
Fuente: Diario Judicial
