Ex Decano de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Lomas De Zamora, el nuevo titular del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, habla de la voluntad del gobierno nacional de reemplazar la ley de radiodifusión de la última dictadura, de las presiones de los grandes medios, del conflicto con "Clarín" y de los nuevos desafíos comunicacionales.
Por Néstor Leone
¿Cuán a fondo se va a llegar con la propuesta de reemplazar la anacrónica ley de radiodifusión?
- Tenemos instrucciones de la Presidenta de avanzar con los lineamientos de una nueva Ley de Radiodifusión, lo cual constituye de por sí un hecho inédito en 25 años de democracia. Y digo inédito porque nunca antes el Poder Ejecutivo había asumido la iniciativa con este grado de responsabilidad. A diferencia de otros proyectos que se presentaron en el pasado, en este caso es el Poder Ejecutivo el que tiene la voluntad necesaria y el que le otorga el peso específico que requiere un tema tan central como éste. Y como está probado que si no tiene el respaldo del Poder Ejecutivo no se llega a la sanción, debido a todos los intereses que neutralizan las iniciativas individuales, el gesto de este gobierno me parece de una valentía enorme.
Lo pregunto de esa manera porque queda la sensación de que esto forma parte de la confrontación con Clarín y existe el temor de que sea más una amenaza que una decisión tomada.
- La Ley de Radiodifusión es una deuda que tiene la sociedad con la democracia. Pero, a esa deuda, que tiene un valor enorme, hay que sumarle el contexto de cambios que vive el mundo de las comunicaciones, en el cual la digitalización convierte al tratamiento de la ley en una necesidad de la que no se puede huir. Es decir, a esa deuda histórica se le suma el nuevo umbral tecnológico. El Estado debe estar atento y ser responsable, porque esa nueva tecnología, que permitiría democratizar las comunicaciones con un marco jurídico adecuado, con el encuadre legal vigente acentuaría más la concentración. Y, para que lo nuevo nazca democratizado, necesitamos un marco jurídico acorde.
Lo cierto es que estos temas se debaten en medio de la confrontación del Gobierno con el grupo Clarín. ¿En cuánto incide esto?
- Sinceramente, no creo que la Ley de Radiodifusión sea producto de un conflicto con algún actor en particular sino que es una necesidad histórica y técnica. Es cierto que los grupos establecidos, que no quieren perder ningún privilegio y que se han opuesto a cualquier otro intento, verían con agrado que todo siguiese igual, pero esto ya no es posible. Por otra parte, son la necesidad de saldar esa deuda histórica y la necesidad de abordar las nuevas tecnologías las que generan el conflicto, y no otra cosa. En el pasado, ante el enojo de alguno de los actores, la política cedía su responsabilidad y no planteaba el cambio de la ley. El conflicto existía pero permanecía escondido; hoy, lo enfrentamos.
¿Cómo se compadece esto con la aprobación de la fusión de Multicanal y Cablevisión, la extensión de las licencias? ¿No es un contrasentido?
- Son cosas distintas. Los diez años de prórroga de las licencias se dan en el contexto de un país en crisis, en la “Argentina del infierno”, como lo planteaba Néstor Kirchner. En esa Argentina, el sector empresarial solicitó al Gobierno diez años más de licencia para poder refinanciar su deuda, como lo solicitaron otros actores de la economía. Si el Gobierno hubiese querido intervenir en los medios de comunicación de manera compulsiva hubiese aprovechado esa oportunidad y no les hubiese concedido ese pedido. Sin embargo, no fue la intención del Gobierno ni la es hoy, y les otorgó la prórroga. Pero esto no es obstáculo para que, una vez salida la Argentina del infierno, se pueda resolver esa deuda que tiene la democracia con la Ley de Radiodifusión.
Y la fusión, ¿cómo se explica?
- Respecto de la fusión, Defensa de la Competencia se expidió sobre un aspecto: si hay o no oferta única del servicio. El Comfer aún no se expidió sobre si viola o no la ley 22.285. Se pidió a los actores de esa cesión de acciones la documentación respaldatoria para poder obrar de acuerdo a la ley.
¿Es posible una vuelta atrás?
- Se les ha pedido la documentación respaldatoria. Sobre esa documentación en manos de sus técnicos jurídicos, el Comfer se va a expedir.
Si se expide negativamente, estaría dando marcha atrás respecto de la aprobación del presidente Néstor Kirchner durante los últimos días de su gobierno.
- No, quien intervino en aquel momento fue Defensa de la Competencia, que presentó un dictamen de su área, pero no analiza si se viola o no algún artículo de la ley vigente. Eso lo determina el Comfer. Y el Comfer, para dar cuenta de si se violan o no esos artículos, está pidiendo a las empresas en cuestión documentación respaldatoria para poder obrar conforme a derecho.
Sobre la necesidad de una nueva ley el consenso parece bastante extendido. Por lo menos eso es lo que se dice.
- A mí me parece muy importante que todos los actores de la comunicación, que están participando de estas rondas con la Presidenta en Casa de Gobierno para aportar sus inquietudes, hayan manifestado la voluntad de la sanción y la felicitan por su valentía de asumir este compromiso. Lo mismo me pasó cuando fui al Congreso a la Comisión de Comunicaciones y de Libertad de Expresión; tanto los diputados del oficialismo como los de la oposición, con sus cuestionamientos, plantearon la necesidad de abordar la nueva ley. La agenda política ha logrado instalar la necesidad del cambio de ley y me parece que, en términos de comunicación, es el hecho más significativo en 25 años de democracia.
¿Cuáles serán los pasos a seguir? ¿Cuáles serán los tiempos?
- Tenemos una semana más de consultas con distintas organizaciones que van a traer sus propuestas a la Presidenta. Una vez concluida esta ronda estaremos trabajando en la elaboración del anteproyecto que el Ejecutivo enviará al Parlamento.
¿Qué implicancias concretas tendrá la ley, por ejemplo, respecto de la concentración? ¿Habrá alguna norma “antimonopólica” que lo impida expresamente?
- Uno de los patrones que va a tener la futura ley es la Declaración de Principios de Libertad de Expresión del Pacto de San José de Costa Rica, que en el artículo 12 dice que los monopolios u oligopolios en propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y la diversidad. El espíritu de este artículo va a estar en la nueva ley, porque la creación de oligopolios y monopolios atenta contra la libertad de expresión. Y esto no es un capricho del Gobierno, sino una realidad.
El problema no es sólo la concentración horizontal de medios (o sea, que un mismo propietario adquiera radios, televisión por aire, por cable y diarios), sino también la diversificación de intereses de estos grupos en otros ámbitos. ¿Se tendrá en cuenta esto?
- Seguramente se va a discutir. Según mi opinión personal, los titulares de frecuencias tienen que ser empresas periodísticas creadas a tal fin. No es lógico que una empresa que sea dueña de un canal de televisión también sea dueña de servicios públicos. ¿Qué gobernador puede resistir un aumento de tarifas de un servicio cuando el dueño de esa empresa es también el dueño de un diario, un canal, una radio, un cable? Es absolutamente irracional que haya empresas que tengan esa suerte de diversidad en su área de acción.
¿Qué pasará en las situaciones concretas en las cuales, según el nuevo marco vigente, se esté operando en esas condiciones?
- Nosotros vamos a construir un escenario donde pueda haber libertad de expresión y donde no haya monopolios u oligopolios, de acuerdo a lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica. Si eso se verifica aquí en la Argentina, las áreas jurídicas del Estado darán cuenta de cuáles serían los tiempos y los plazos para hacer cumplir la ley.
Las empresas ya alegan la cuestión de los derechos. La nueva ley, ¿operará en términos retroactivos?
- Yo creo que hay que ir por partes. Hay que esperar que se sancione la ley y que se establezca si hay o no conductas monopólicas u oligopólicas.
Un editorial del diario La Nación, el sábado 3 de mayo, decía que “la mejor ley de prensa es la que no existe”.
- Yo entiendo que la libertad de expresión empieza y termina en cada ciudadano, y para dar esta garantía debe haber un actor omnipresente que no puede ser otro que el Estado. Una o varias empresas no pueden ser los garantes de la libertad de expresión. Me parece una irracionalidad. En los regímenes más liberales del mundo el Estado tiene una gran presencia para garantizar la libertad de expresión de sus sociedades, y lo hace con leyes antimonopólicas profundas que, junto con la libertad de expresión, garantizan una comunicación plural y diversa. Los países que son ideales en otros aspectos para La Nación tienen un Estado muy fuerte que da equidad en las comunicaciones. Por eso me parece que a esas posiciones les falta elaboración. A la hora de defender sus intereses bajan el nivel de la discusión.
Libertad de expresión entendida como libertad de empresa.
- Jauretche básico. Arturo Jauretche decía esto mismo, a modo de zoncera, en la década del sesenta, y no ha perdido vigencia. Claro, Jauretche tiene una vigencia permanente en la vida política y cultural de nuestra sociedad. Pero se me ocurre que aquellos que defienden la libre empresa deberían pegar una vueltita más en sus argumentos para que el debate crezca y podamos discutir seriamente.
El conflicto con el grupo Clarín
¿Por qué se da ahora el conflicto con Clarín, y en estos términos?
- Entiendo que cada vez que la política pone en agenda temas de comunicación genera alteraciones en algunos intereses establecidos; entonces, se producen estas crispaciones, estas rispideces, estas tensiones. De todas maneras, la tensión entre la prensa y los gobiernos no está mal. Yo prefiero que haya tensiones y no un silencio cómplice, connivencia o una unidad de concepción, como lo había de parte de muchos medios con la última dictadura militar. Los medios, durante muchos años, ocuparon el lugar que la política les dejó, porque la política se retiró de la construcción de sentido. Los medios quizás añoren aquel tiempo del discurso único donde la política estaba relegada, y la agenda la hacían ellos con las tapas de sus diarios. Hoy, la política vuelve a tener agenda propia.
Aún así, ¿no se está transitando por carriles peligrosos?
- La política no debe enojarse cuando los medios asumen alguna crítica, pero los medios no pueden enojarse cuando, desde un lugar de convicción, se opina acerca de cómo ellos operan. Ningún medio se puede sentir molesto porque uno descrea de sus argumentaciones o descubra construcciones absolutamente capciosas. Ningún medio se puede sentir ofendido porque se le detecte una extorsión o una operación de prensa. El problema existiría si la política quisiese censurar, pero la sociedad argentina está muy madura. Acá no hay censura posible, y no es mérito de ningún gobierno sino producto de la madurez de nuestra sociedad. Pero eso no implica que los que tenemos una opinión política, porque estamos formados como militantes de causas, no podamos manifestarnos con libertad.
¿Cuánto de la confrontación tiene que ver con la discusión subrepticia respecto de la norma digital para el nuevo sistema de televisión que el país tiene que adoptar?
- Desconozco. Cada vez que se quieren tratar temas de medios de comunicación y se ponen en agenda aparecen muchas presiones. Yo quiero destacar la valentía de este Poder Ejecutivo que, sabiendo que la tapa del día siguiente va a ser un incordio y un desgaste permanente, asume con responsabilidad democrática este desafío histórico.
¿Qué pasará con Papel Prensa, otro de los temas en discusión?
- Yo creo que hay que preguntarse por qué en la Argentina, habiendo tantas buenas plumas, tantos empresarios, cuesta tanto poner un diario. Hay que preguntarse cuáles son las trabas que tenemos con los insumos para que haya muchas más expresiones gráficas como debería tener nuestra sociedad por la dimensión de su mercado. Preguntémonos por qué cuando surge un diario tiene tanto conflicto con el papel. Veamos cuál es el origen de Papel Prensa. Veamos cuál es el papel que cumplió Papel Prensa durante las últimas décadas y, sobre este tema, el rol que cumplió el Estado desde el gobierno de Lanusse para acá. Y veamos, también, por qué aquellos que piden, con razón, que se democratice la pauta oficial no piden también que se democratice también la venta de papel.
¿Cuál debería ser el rol del Estado en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que también es accionista de la empresa?
- A mí me gustaría que el Estado garantizase la equidad para que muchas más expresiones periodísticas pudieran acceder a las cuotas de papel con menos problemas. Me consta, por haber estado en la Subsecretaría de Medios, las empresas periodísticas del interior del país que reciben una cuota muy pequeña de Papel Prensa: reclaman más sin ser escuchados, lo que complica muchísimo sus economías. Ahí también hay una necesidad, y tiene que estar el Estado para dar equidad.
La polémica pauta oficial
¿Está previsto incluir en la norma alguna pauta que regule la pauta de publicidad oficial?
- No creo que a la Ley de Radiodifusión le corresponda abordar los temas de publicidad oficial, pero sí me parece que es un tema que el Estado tiene que debatir en el ámbito que le sea propio. Creo, por ejemplo, que el Congreso debería intervenir más en esto, porque siempre se pueden democratizar más estas cosas. No hay que tener miedo a discutir estos temas. Pero, repito, no creo que esta ley sea el ámbito.
Se habló también de una Defensoría del público.
- Esto está en las leyes de otros países. En el trabajo de legislación comparada que hicimos lo hemos advertido, y creo que sería muy importante que existiesen foros de participación o espacios de consulta de distintas instituciones, hasta para conformación de pliegos, licitación de frecuencias. Se necesita mucha participación ciudadana y la nueva ley la tiene que fomentar.
Fuente: Revista Debate
